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Con la promesa de estabilizar el precio del kilo de tortilla, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo con productores de maíz y representantes de la industria para de reducir en 10 por ciento el costo del kilo de tortilla a lo largo del sexenio, sin embargo, especialistas del sector advierten que su alcance es limitado y su impacto real aún está en duda.
Actualmente, el precio promedio por kilo de tortilla en el país ronda los 23.72 pesos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).
Diversos representantes del sector han manifestado escepticismo sobre la viabilidad del acuerdo, señalando que las condiciones actuales del mercado dificultan una baja sostenida en los precios.
Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), aclaró que el acuerdo impulsado por Sheinbaum no constituye realmente un convenio nacional, sino “entre dos organizaciones, conformadas con 20 o 30 tortillerías a nivel país”.
Asimismo, enfatizó que las organizaciones firmantes son el Consejo Rector de la Tortilla Tradicional, liderado por Sergio Fidencio Jarquín Muñoz, al que calificó como “muy nuevo”, pues fue fundado hace aproximadamente cuatro años “y no trae ni siquiera 15 afiliados; y si de esos entran cuatro o seis en el acuerdo, es muchísimo”. La segunda agrupación, según López García, es la Unión de Tortilleros de Durango, encabezada por Antonio de la Torre.
“No tiene ni 10 afiliados y de esos, solamente dos entrarán en el acuerdo. No llegan ni a 25 tortillerías de todo el país, porque los conozco muy bien”, afirmó.
En ese sentido, subrayó que para que el acuerdo tenga efectos reales sobre los precios, deben participar las más de 110 mil tortillerías activas en México, ya que son estos establecimientos los que fijan los precios de venta al consumidor final.
Respecto a la promesa gubernamental de reducir en 10 por ciento el precio del producto, López García también la consideró inviable debido a factores económicos como el precio del gas, posibles incrementos en aguinaldos, seguridad social y otros insumos requeridos.
Por su parte, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) aseguró que “mantener los precios estables requiere una coordinación en toda la cadena productiva”, y recordó que “no existen precios justos por sí mismos”, sino que deben determinarse por la oferta y la demanda.
El convenio también incluyó a grandes compañías harineras como Grupo MINSA, Grupo Grumsa y Harimasa, y contempla brindar hasta 25 mil toneladas de maíz blanco a la industria.
Al respecto, GCMA señaló que el entorno actual sí permitiría una reducción en el precio del kilo de tortilla, debido principalmente a una caída del cuatro por ciento en el mercado de futuros del maíz y a la apreciación del tipo de cambio, sin embargo, advirtió que el volumen propuesto de 25 mil toneladas representa sólo el 2 por ciento del consumo nacional.
“La industria harinera, con 20–25 por ciento del mercado, puede ajustar el precio de la harina, pero no puede garantizar el precio final de la tortilla sin colaboración del resto”, aclararon.
Finalmente, GCMA indicó que, para lograr un control efectivo sobre el precio del producto, se deben “retomar esquemas como Agricultura por Contrato, el uso de herramientas como coberturas de precios y tipo de cambio, fortalecer los precios de referencia y acuerdos de compraventa que otorguen certidumbre a productores, industria y comercializadores”.