La iniciativa, también conocida como Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, propone alcanzar la digitalización del 80 por ciento de los trámites y reducir a la mitad los tiempos de gestión; sin embargo, los procesos actuales no cuentan con rediseño previo, por lo que la digitalización podría perpetuar ineficiencias existentes, determinó la organización México Evalúa.
De acuerdo con el análisis de México Evalúa, el proyecto establece numerosas excepciones al Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), lo que limitaría la transparencia y debilitaría la seguridad jurídica. Además, al concentrar competencias en una sola dependencia federal, se reduciría la autonomía de estados y municipios. La falta de participación ciudadana también afectaría los contrapesos institucionales.
A dicha evaluación se sumó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ambas estructuras alertaron sobre los riesgos de mantener un diseño incompleto. Destacaron que la ausencia de políticas para cerrar la brecha digital podría aumentar la exclusión. También advirtieron que el país carece de garantías legales sólidas para proteger los derechos digitales y la privacidad de los datos personales.
México concentró más del 55 por ciento de los ciberataques en América Latina durante los últimos años. En este contexto, los expertos cuestionaron la solidez del marco propuesto en materia de ciberseguridad.
Cabe destacar que, en 2023, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) dedicaron en promedio 500 horas anuales a trámites y sólo el 16.2 por ciento de estos se realizó en línea, según cifras de México Evalúa en el Índice de Burocracia en Iberoamérica.
Durante un evento virtual convocado por ambas organizaciones, los participantes coincidieron en que el esfuerzo del Gobierno representa un paso importante hacia la simplificación administrativa, no obstante, concluyeron que la iniciativa necesita mejoras sustanciales para evitar efectos negativos sobre la transparencia, la calidad regulatoria y la certeza jurídica.
Los expertos propusieron aplicar modelos ya probados en materia de digitalización, asignar un presupuesto transexenal que garantice la continuidad del proyecto y restaurar procesos más amplios de participación ciudadana.
Finalmente, plantearon que se deben limitar las excepciones al AIR, también invertir en infraestructura y alfabetización digital; además de reforzar desde la ley la protección de datos personales y derechos digitales.