El asesinato de dos colaboradores de Clara Brugada, ocurrido el 20 de mayo en la Ciudad de México, se suma a una tendencia que no empezó en esta administración. Desde 2018, se han documentado 20 homicidios de funcionarios vinculados al gobierno capitalino, reportó la organización Data Cívica.

Asimismo, la organización indicó que este delito va en aumento y que la mayoría de las víctimas pertenecían al partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Además, Data Cívica mantiene un registro de 25 incidentes con componentes político-criminales, que incluyen ataques armados, amenazas y atentados.

Entre las víctimas se encuentra Erick Millán Romero, funcionario del Tribunal Superior de Justicia, asesinado en 2023. Otro caso es el de Pablo Eduardo Casañas, exdirector jurídico del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 12, muerto en la capital tras recibir amenazas del crimen organizado. En 2024, se reportó el homicidio de dos funcionarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además del asesinato de un chofer vinculado a esa institución.

También en 2024, mataron a Samantha Fonseca, precandidata al Senado. El 17 de febrero, un ataque armado en la alcaldía Cuauhtémoc dejó un trabajador de Vía Pública muerto y a tres personas heridas. A finales de ese mes, dos empleados de la Secretaría de Salud también fueron asesinados. La organización asegura que, desde 2018 hasta el 22 de mayo de 2025, se han registrado los asesinatos de siete excandidatos, un exdiputado local y un exalcalde.

Cabe recordar el proyecto “Votar entre Balas”, a través del cual se documentaron 25 víctimas entre 2018 y mayo de 2025, incluyendo asesinatos, atentados, amenazas, secuestros y desapariciones.

Especialistas de organizaciones civiles atribuyen estos hechos a la injerencia de grupos criminales en procesos políticos.