El Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) solicitó al Consejo de esta instancia y al Comité de Medio Ambiente del T-MEC abrir un expediente de hechos que permita verificar el cumplimiento de la legislación ambiental en el megaproyecto ferroviario Ímuris-Nogales, el cual se desarrolló durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
La apertura del expediente requiere el voto favorable de al menos dos integrantes del Consejo, conforme a lo estipulado en el Capítulo 24 del T-MEC.
Organizaciones ambientalistas de México y Estados Unidos (EE.UU.) denunciaron que el proyecto causa daños en áreas naturales protegidas y corredores biológicos, como el de Sierra Azul-El Pinito. También advirtieron impactos sobre especies como el jaguar, el oso negro y la tortuga pecho quebrado en el estado de Sonora.
Además, evidenciaron la ausencia de consulta pública y opacidad en la información ambiental, lo cual representa una violación a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El Secretariado manifestó inquietud por el proceso de evaluación de impacto ambiental, ya que las autoridades otorgaron permisos provisionales mediante un decreto presidencial sin realizar estudios completos.
También identificó irregularidades en la revocación de certificaciones de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) en predios como Potrero de los Silos y Rancho El Aribabi, los cuales se incorporaron al derecho de vía del tren.
Asimismo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aseguró que los impactos no resultaron graves y que se aplicaron medidas de mitigación, pero, no entregó evidencia sobre el cumplimiento ambiental ni explicó la pertinencia del proyecto en zonas protegidas.
La CCA advirtió sobre la falta de acceso público a la información del trazo ferroviario, que permaneció clasificada durante las fases iniciales del proyecto, lo cual afectó la transparencia.
Concluyó que el expediente de hechos permitiría subsanar las inconsistencias, establecer una cronología sobre la cancelación de las ADVC y definir el estado actual de la protección de áreas afectadas.