La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer una serie de fallas e irregularidades sobre la investigación de los campos de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, por parte de las autoridades locales desde septiembre de 2024, cuando se descubrió por primera vez el rancho Izaguirre.

Algunos puntos del informe técnico indicaron que, durante las diligencias ministeriales del fuero común, realizadas en los meses de septiembre y octubre pasados, no se realizó el rastreo de huellas o indicios de los hechos en prendas de vestir y calzado, las cuales quedaron abandonadas.

El informe también puntualizó que no se procesaron debidamente los vehículos encontrados. Además, la FGR no intervino de manera inmediata en relación con los delitos de posesión de armas de fuego y delincuencia organizada. Tampoco se inspeccionó exhaustivamente el lugar ni se identificaron inmediatamente las huellas dactilares que se encontraron.

Asimismo, los servicios periciales de la Fiscalía de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo que establezca la identidad de las víctimas. De igual manera, no dio seguimiento a las declaraciones de una de las víctimas, quien aseguró que las prendas pertenecían a personas que allí se encargaban del adiestramiento.

Además, el inmueble no fue asegurado y las autoridades estatales aún no entregan los peritajes realizados sobre el caso.

La FGR agregó que, hasta el momento, se han encontrado osamentas dentro del rancho Izaguirre; sin embargo, no determinó si se intentó destruirlos o quemarlos en el predio, ya que no se activó el protocolo de pruebas químicas.

Por último, la FGR concluyó que su homólogo jalisciense aún tiene la responsabilidad y obligación de recabar pruebas y denuncias, ya que la investigación aún no está federalizada.