El próximo 1 de junio se llevará a cabo la primera elección judicial en México, en la que se disputarán un total de 881 cargos que conformarán dicho poder a lo largo y ancho de la República; sin embargo, en algunas entidades se modificó la constitución local para mitigar los efectos de esta enmienda.
La reforma, aprobada el 13 de septiembre de 2024, establece que se deberán elegir a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dos magistrados para la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistrados para las Salas Regionales del Tribunal Electoral, cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistrados de Circuito y 386 jueces de distrito.
En este contexto, el centro de investigación México Evalúa publicó su estudio “Radar Judicial”, en el que señaló que la modificación constitucional se presentó sin un diagnóstico adecuado, por lo que no se tomaron en cuenta las diferentes características, cargas de trabajo y funciones de los tribunales federales y estatales.
El estudio enfatizó que se ignoraron las distintas condiciones de los tribunales en las 32 entidades del país, ya que "a los estados simplemente se les impusieron fechas y obligaciones para implementar la reforma judicial".
Asimismo, advirtió que la reforma podría agravar problemas locales, como el hecho de que en algunos estados los requisitos de carrera judicial no se aplicaban a quienes ocupaban cargos de magistratura, sino sólo a jueces de primera instancia, mientras que en otras entidades los magistrados eran nombrados por el gobernador.
"Los procesos de selección de personas candidatas y la elección por voto popular corren el riesgo de generar incentivos para la cooptación por intereses políticos, económicos o delincuenciales", alertó.
Por otro lado, destacó que, pese a las presiones políticas y temporales para implementar estas modificaciones, en algunas entidades se hicieron esfuerzos por establecer medidas normativas que atiendan las deficiencias históricas de este sector y los nuevos desafíos que implica la aplicación de la reforma.
Detalló que, en Michoacán y Zacatecas, se establecieron edades mínimas y máximas, así como tres años de experiencia en el ámbito para jueces y magistrados, mientras que, en la Ciudad de México, Estado de México, Coahuila y Zacatecas, sólo se realizarán elecciones para renovar parte de las plazas.
Finalmente, puntualizó que en Baja California se estableció la obligación de diseñar, publicar y evaluar un Plan de Desarrollo Judicial cada tres años, y en Chihuahua se agregó el servicio de carrera para el personal administrativo.