El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue detenido el martes luego de que el gobierno del país del sudeste asiático informara que recibió una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad; es decir, actos que atentan contra la dignidad humana y se cometen de manera sistemática, como el asesinato, tortura, esclavitud, desaparición forzada, entre otros.

En el caso de Duterte, la CPI lo investigó por su “brutal” represión antidroga durante su mandato, en la que fallecieron seis mil personas, según datos policiales. No obstante, observadores independientes estiman que el número de ejecuciones extrajudiciales podría ser mayor.

El exmandatario de 79 años fue detenido por agentes de la Policía Internacional (Interpol, por sus siglas en inglés) en el aeropuerto principal de Manila, tras regresar de Hong Kong, según la Oficina Presidencial de Comunicaciones.

Cabe recordar que, cuando Duterte asumió la presidencia en 2016, desencadenó una represión bajo la promesa de librar una guerra contra los traficantes de drogas en el país. Durante esas acciones, mataron a miles de personas, entre ellas jóvenes de barrios marginales empobrecidos, abatidos por la policía.

Por estos hechos, la CPI, la Cámara de Representantes y el Senado filipino iniciaron investigaciones independientes. Posteriormente, Duterte retiró a Filipinas de la CPI; sin embargo, el tribunal mantiene la jurisdicción sobre los delitos cometidos entre 2016 y 2019.

A raíz de la detención de Duterte, grupos de derechos humanos celebraron su arresto e instaron al Gobierno filipino a entregarlo a la CPI.

Finalmente, Bryony Lau, subdirectora para Asia de Human Rights Watch, declaró que la detención de Duterte constituye un paso fundamental para la rendición de cuentas en Filipinas, y que podría acercar a las víctimas y sus familias a la justicia, además de “enviar el claro mensaje de que nadie está por encima de la ley”.