A través de un comunicado, la Barra Mexicana de Abogados (BMA) expresó su preocupación por la forma en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instruyó al Senado de la República sobre la elección de jueces, magistrados y ministros, una acción que considera exclusiva del Poder Judicial.
La BMA solicitó al Senado que garantice certeza jurídica en uno de los procesos más “importantes” del sistema judicial mexicano. Asimismo, manifestó su preocupación por la utilización de la insaculación como único criterio para seleccionar a los candidatos para los cargos judiciales.
"La sinrazón alrededor de la reforma judicial continúa generando violaciones a la Constitución por parte de las autoridades que debían protegerla. La reforma judicial no puede ser tan importante como para destruir el orden constitucional".
Por su parte, el Laboratorio de Impacto de Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford se sumó a esta preocupación, tras considerar que el proceso elimina los comités de nominación independientes, mecanismos diseñados para garantizar que las designaciones se basen en el mérito, la competencia y la integridad, y no en intereses políticos.
Además, señalaron que la reforma viola los estándares internacionales de independencia judicial y pone en riesgo la imparcialidad del Poder Judicial en México.
“La reforma judicial viola claramente los estándares internacionales. La extralimitación del Tribunal Electoral confirma que la implementación de las reformas en curso también es fundamentalmente defectuosa", subrayó la Facultad de Derecho de Stanford.
Agregó que la reforma ha otorgado el control exclusivo de los poderes Legislativo y Ejecutivo sobre las nominaciones judiciales, lo que socava principios fundamentales. Esta concentración de poder aumenta el control político sobre el proceso de nombramientos, poniendo en peligro la imparcialidad e independencia del Poder Judicial.
Finalmente, el Laboratorio de Impacto de Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford instó a las autoridades mexicanas a abordar estos acontecimientos de manera efectiva, a realinear el proceso de nombramiento judicial con los estándares internacionales y a tomar medidas para restaurar la independencia judicial.