Si el abandono del campo y la desarticulación de la política agrícola significan suprimir apoyos del gobierno a los productores agropecuarios pobres, recortar presupuesto a programas que los beneficiaban, desaparecer el crédito agrícola, suspender el reparto de insumos a los más necesitados; eliminar fondos, subsidios y fideicomisos que beneficiaban directa o indirectamente a la población rural, como ejemplos a la investigación, a la formación de técnicos y científicos y al fondo para atender desastres naturales; así como derogar leyes que protegen los intereses nacionales… si todo eso, repetimos, significa abandonar al campo y desarticular la política agrícola, entonces ambos fenómenos son viejos y se conocen desde fines del siglo pasado, como informa nuestro Reporte Especial esta semana.

Es muy conocida la supresión de los créditos para ejidatarios y pequeños propietarios, la falta de precios de garantía, la desaparición de las tiendas populares, la modificación de las leyes para permitir a los capitalistas adquirir tierras ejidales y otros perjuicios que sería largo enumerar.

Pero este desmantelamiento de una política diseñada para apoyar al campo mexicano es anterior a la llegada de López Obrador y su “Cuarta Transformación” (4T) o, más precisamente, podemos afirmar que el “primer piso de la 4T” sólo continuó lo iniciado por gobiernos anteriores; en el sexenio que recién terminó fueron ampliamente conocidas las protestas e inconformidades de agricultores del sur del país, que se quejaron por la supresión de apoyos y subsidios prometidos; o del noroeste, con agricultura moderna y desarrollada, donde los productores medianos y grandes protestaron por la falta de precios de garantía a sus productos.

De la política agropecuaria del “segundo piso” no podemos hablar todavía porque es algo relativamente nuevo; primero habrá que estudiar sus planes para constatar si continúa con la desarticulación iniciada por los gobiernos anteriores a la 4T y que López Obrador profundizó.