Según la encuesta Un mes de gobierno. Evaluación inicial de Gobierno de Claudia Sheinbaum realizada por Mitofsky, 53.4 por ciento de la población respondió que la inseguridad era su principal preocupación; esa misma fuente, casi dos de cada cinco consideraron que la inseguridad en octubre de 2024 era peor que antes.
En su Estudio de Opinión Publica de Octubre de 2024, de las Heras Demotecnia reportó que a 43 por ciento de la población le gustaría que la inseguridad fuera el problema que se atendiera primero; no obstante, uno de cada cuatro se mostró pesimista, esto es, cree que la inseguridad pública empeorará.
Esta percepción de la inseguridad no es gratuita. México vive una crisis de violencia. Los mexicanos hemos tenido que aprender a vivir con el riesgo de ser víctimas de la inseguridad en nuestro entorno inmediato de manera cotidiana. En promedio, en el sexenio anterior se registraron 90 muertes por homicidio al día. La tasa de homicidios de México de 23 asesinatos por cada 100 mil habitantes está por encima del promedio de América Latina. El Inegi reportó que, durante 2024, el homicidio fue la principal causa de muerte entre las personas adultas de entre 25 y 44 años. Aún más, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del tercer trimestre de 2024 que realiza el Inegi reportó que 37 por ciento de la población que vive en centros urbanos ha presenciado “situaciones con disparos frecuentes con armas”. Y hay ciudades en las que esto le ha ocurrido hasta al 80 por ciento de la población como Cuernavaca, Morelos. Asimismo, 47 por ciento de la población “presenció o escuchó sobre robos o asaltos en los alrededores de su vivienda” durante el tercer trimestre de 2024. En Chimalhuacán y Ecatepec de Morelos, ambas ciudades del Valle de México, y Uruapan, Michoacán, esto le ocurre a siete de cada diez habitantes de esos centros. La inseguridad impacta cada uno de los aspectos cotidianos en desmedro de una vida más plena, se han visto coartados derechos y libertades que lastran el desarrollo social.
No es sólo que haya más violencia, sino que ésta se ha modificado en términos cualitativos. Las masacres –es decir, matanzas de más de tres víctimas– en el país son el pan de cada día de los mexicanos. A decir de la organización Causa Común, del 1º de enero al 30 de noviembre de 2024, ocurrieron al menos 404 masacres, esto es, 36 o 37 cada mes; a razón de una cada 20 horas. Prácticamente las mismas que el año pasado, en el que, según esa misma ONG, “cada 19 horas se cometió una masacre”.
En el 2024 ocurrieron hechos dramáticos. Sólo por rememorar los más fatales tenemos las masacres ocurridas en bares en las ciudades de México, Querétaro y Tabasco, que en distintas fechas dejaron un saldo de 21 personas asesinadas.
El 12 de mayo de 2024, en la comunidad Nueva Morelia del municipio de Chicomuselo, Chiapas, fueron asesinadas 11 personas de la familia de Ignacio, catequista de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. “Queremos ser visibles, queremos que nos escuchen (…) duele mucho el corazón”, dijo uno de los pobladores a conocido programa radiofónico nacional. Desde enero, 700 personas de ese mismo municipio habían abandonado la comunidad debido al ambiente de violencia que se vivía. Además, los ciudadanos reportaron, dos días antes de los hechos, la presencia de sujetos armados merodeando. Cuatro días después, una nueva matanza tuvo lugar en La Concordia, dejando a seis fallecidos y dos heridos. Hasta ahora, no se ha resuelto el asunto, por lo que la Parroquia de San Pedro y San Pablo, la Diócesis de San Cristóbal y el pueblo de Chicomuselo emitieron un comunicado para exigir paz y justicia.
Guerrero es otra de las entidades en las que la violencia se ha vuelto cotidiana. “Toda la gente de Chautipan tiene miedo y mucho dolor. Nunca habíamos vivido algo así, no entendemos, no comprendemos por qué estas personas fueron asesinadas de esta forma. Es una injusticia”, declaró un ciudadano para Animal Político. Entre el 21 y el 27 de octubre de 2024 desaparecieron 17 personas de esta localidad de Chilpancingo; y fue hasta el seis de noviembre cuando los restos de 11 de ellos fueron hallados; entre éstos se encontraban los de cuatro menores de edad y tres mujeres adultas. Los otros seis siguen desaparecidos. Los ciudadanos del municipio denunciaron que las autoridades municipal y estatal se han mostrado negligentes con respecto al suceso: “Dijeron que los buscaron con dos helicópteros, nosotros nunca vimos nada de eso. Les pedimos estar en las búsquedas y nunca nos reportaron cuándo las hicieron”. En el mismo municipio, en Acapulco y Coyuca de Benítez, durante la primera semana de noviembre, ocurrieron cuatro atentados contra civiles, dejando un saldo de 25 fallecidos. La violencia en Guerrero se coronó con el brutal asesinato del alcalde de Chilpancingo y el secretario general de dicho ayuntamiento, a sólo seis días de haber asumido el cargo.
En Salamanca, Guanajuato, el 1º de octubre, hombres armados dispararon contra una bodega acondicionada como centro de rehabilitación. Ese asalto dejó un saldo de cinco fallecidos y cuatro heridos, al tiempo que se llevaron a otros internos; dos días más tarde, se hallaron 12 cuerpos de estos internos esparcidos por distintos puntos del estado. En la misma entidad, el 30 de noviembre, a las ocho y media de la tarde, hombres armados dispararon contra negocios de comida en la zona conocida como El Trébol, de Apaseo el Grande, con un saldo de nueve personas asesinadas y tres lesionadas. Días después, sujetos atacaron a un grupo de personas que se encontraban en el campo de beisbol del mismo municipio.
Esta situación trastoca toda la vida de los mexicanos. Un ambiente de inseguridad afecta el desarrollo de la economía porque encarece e incrementa la incertidumbre de las inversiones, así, inhibe la creación de empleos, lo que aumenta la pobreza de los hogares de los trabajadores. Además, conduce a la psicosis generalizada de la sociedad y paraliza en gran medida la vida pública.
Así califica la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa (FAS) la situación que vive Culiacán en el ambiente violento; añaden que el gobierno se niega a aceptar que hay una crisis. Tras casi tres meses de violencia y más de 500 asesinatos, se anunció la llegada a la entidad de Omar García Harfuch, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y hombre de confianza en materia de seguridad de la presidenta Sheinbaum.
Desde finales de octubre del 2024, los sinaloenses de Culiacán y Mazatlán han dejado de salir de sus casas a partir de ciertos horarios para evitar ser víctimas de la violencia que viven esas ciudades; es decir, hay un toque de queda de facto, y no es que haya sido decretado por el gobierno, pero la sociedad se ha visto obligada a resguardarse. El 28 de octubre, un ciudadano escribió vía X: “Carnal, aquí en Sinaloa nos tienen en toque de queda desde hace 2 meses, el gobernador, un cínico incompetente(…) nos están matando y reclutando en contra de nuestra voluntad para ser utilizados como carne de cañón”.
Uno de los renglones que más se ha visto afectado es el empleo. Guadalupe Zavala, presidenta de la Cámara de Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Culiacán, aseguró que en estos meses se ha perdido el 10 por ciento de los empleos. Además, la población no puede comprar los enseres necesarios para su subsistencia aun cuando tenga dinero, pues en algunas comunidades se ha cancelado el suministro de bienes de la canasta básica a las tiendas de abarrotes y comercios, por lo que se les han tenido que proveer de despensas. “Hemos censado a aproximadamente cuatro mil familias que están siendo afectadas seriamente por el desabasto de alimentos que ocasionaron los últimos hechos delictivos aquí en el municipio, entonces, ante la falta de alimentos, nuestra organización para poder responder decidió hacer una colecta, sobre todo para ayudar a estas familias, ya que son bastantes”, señaló Daniel Tapia, director del Banco de Alimentos de Culiacán.
Los profesores y estudiantes han sufrido directamente las consecuencias de la escalada de violencia. Se han suspendido clases para no poner en riesgo la vida de los estudiantes. El 12 y 13 de septiembre, en los municipios sinaloenses de Culiacán, Elota, Cosalá y San Ignacio, municipios, se suspendieron las clases en todos los niveles educativos. A pesar de que después se reanudaron las clases, hay mucho “ausentismo” por el miedo de los padres a exponer a sus hijos. El siete de octubre, la Universidad Nacional Autónoma de Sinaloa anunció la suspensión de clases presenciales por una semana.
La salud de los sinaloenses es otro de los aspectos que más se ha visto trastornado. Las campañas de prevención y atención a la salud se han visto afectadas. Por ejemplo, se tuvo que frenar la campaña de combate al dengue porque los servidores del sector salud no pudieron acceder a zonas extremadamente violentas; y la vacunación contra el VPH se suspendió en las escuelas, pues no hay clases. Se ha dado el caso donde se ha amenazado con violencia al personal médico para atender heridas de bala, como ocurrió en el Hospital IMSS Bienestar de Villa Unión, donde un grupo armado irrumpió exigiendo atención urgente: “si mueren ellos, mueren ustedes”, fue una de las amenazas al personal médico. En otras localidades, como en Pueblos Unidos, los hospitales han tenido que cerrar temporalmente porque los médicos y enfermeras se sienten en riesgo.
Finalmente, de acuerdo con Brenda Millán, psicoterapeuta encargada de la clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Occidente y fundadora de la clínica SanaMente, la población está más expuesta a sufrir enfermedades mentales a causa de la psicosis provocada por la violencia.
La inseguridad afecta el desarrollo de la economía e inhibe la creación de empleos, lo que aumenta la marginación y pobreza. “Las empresas y los empresarios nos hemos visto seriamente afectados psicológica, física y económicamente por esta ola de sucesos (violentos)”, manifestó Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), en los Foros para la Justicia y la Paz convocados por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y la Compañía de Jesús en México en julio de 2023.
En 2021, 24.6 por ciento de las unidades económicas fue víctima de algún delito. La violencia representa costos a las empresas, a las unidades económicas –en 2021, de acuerdo con el Inegi, el costo total de la inseguridad y el delito en unidades económicas representó un monto de 120 mil 200 millones de pesos. Estos sucesos inhiben la actividad económica, pero no afectan a todos por igual; mientras que las grandes empresas, con mayor capital y diversas sucursales, se pueden desplazar a otros lugares, las empresas medianas y pequeñas difícilmente lo pueden hacer, por un lado; y por otro, mientras que las empresas se desplazan, los trabajadores quedan simplemente desempleados. Es el caso de empresas como CocaCola, Lala y una minera canadiense que en junio de 2018 dejaron los estados de Guerrero, Tamaulipas y Coahuila, respectivamente, por la violencia e inseguridad. En 2021, 15.4 por ciento de las unidades económicas que fue víctima de delito canceló sus inversiones y 20.4 por ciento redujo su horario de producción-comercialización.
“La situación es realmente grave. Primero porque las células del crimen organizado están agarrando parejo, como contra ambulantes, pequeños empresarios o empresas grandes y formales (…)”, dijo Alejandro Desafassiaux para México Evalúa. Sin embargo, las micro, pequeñas y medianas empresas no tienen la capacidad para desplazar sus capitales y su producción con tanta facilidad: “Muchas de éstas cierran sus negocios porque no pueden sortear los daños y las pérdidas”, dijo Patricia de Obeso, directora de campañas de Creatura a Sin Embargo. Las pequeñas y medianas empresas son más suceptibles de cobro de piso o extorsiones; en 2021 éste fue el delito más frecuente. En la Ciudad de México, por ejemplo, aproximadamente nueve de cada 10 empresas sufrieron a causa de la delincuencia. Además, las empresas más chicas tienden a no denunciar los delitos cometidos en su contra. En 2021, no se denunció el 98 por ciento de los delitos infringidos contra microempresas, 89 por ciento contra pequeñas empresas y 76 por ciento contra medianas. A decir de Alejandro Desafassiaux, presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI), no se denuncia principalmente por desconfianza en las autoridades, amenaza de los delincuentes, miedo, desánimo o por considerarlo una pérdida de tiempo, pues las autoridades no atienden las denuncias.
Es lo que dijo la Presidenta Sheinbaum, aunque advirtió que no sería de un día para otro; prometió que “se van a notar los resultados”. La cuestión sigue siendo cómo. Según se planteó, la estrategia de seguridad de este gobierno, denominada “Construyendo la paz”, tiene como base cuatro ejes: 1. Atención a las causas, 2. Consolidación de la Guardia Nacional, 3. Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y 4. Coordinación entre la Federación y las instituciones estatales.
¿Qué significan estos ejes en términos de políticas, de acciones concretas para mejorar la seguridad? En el más reciente Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) realizado el 10 de diciembre de 2024 en Acapulco, Guerrero, Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de gobernación, dijo que, dado que el neoliberalismo “generó pobreza, desigualdad y violencia” y que la gente perdiera “la esperanza de mejores oportunidades de vida y desarrollo”, así como la pérdida de “oportunidades de empleo y educación” de los jóvenes que los hacía “presa de adicciones y delitos”, por tanto, “si se satisfacen las necesidades de la población … evitaremos así que los jóvenes sean cooptados por los grupos delictivos”. La Secretaria de Gobernación informó que para combatir estos males se instrumentó el plan denominado “Construcción de paz”. “Esta estrategia llegará a cada rincón del país y tiene como fin transformar las zonas de alta marginación y vulnerabilidad en zonas de paz e impulsar la participación de la población en la toma de decisiones a través de Comités de Paz”. De este modo, sigue pendiente en qué acciones concretas se van a traducir estas acciones. Presentado así este eje, parece que se confunde la alta marginación con la violencia. Sin duda es cuestión de urgencia abatir la marginación de la población, crear verdaderas condiciones para el desarrollo de los pueblos, pero esa medida sirve para prevenir, no para combatir un problema de inseguridad que ha alcanzado un grado tan alto como el actual.
Los otros tres ejes los desarrolló Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en la reunión del CNSP. Dijo que la solución consiste en fortalecer a la Guardia Nacional y las capacidades de inteligencia e investigación del gobierno para “ir un paso delante de las organizaciones criminales”. Sobre esta “nueva” estrategia, García Harfuch y la presidenta Sheinbaum han repetido hasta la saciedad dos cosas: que no existe militarización y que no habrá otra “guerra contra el narco”. A cambio, se dice, se contempla el uso de la inteligencia y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para, “con inteligencia” y mediante la “identificación y detención de objetivos estratégicos” (jefes criminales), combatir el crimen sin generar más violencia.
Resulta necio esperar mucho de la coordinación, luego de que las policías estatales y municipales hayan sido vapuleadas por años y de que el Poder Judicial haya sido desmantelado y esté en proceso de transformación. Finalmente, hay que denunciar la trampa detrás del discurso que niega el uso del Ejército como mecanismo de combate a la inseguridad, pero que mantiene una fuerza de más de 100 mil “policías” de la GN cuyo entrenamiento corrió a cargo del Ejército. Además, las fuerzas armadas están a cargo de múltiples tareas civiles, como el funcionamiento de los puertos y algunos aeropuertos del país.
En los primeros dos meses de gobierno de Claudia Sheinbaum, no sólo no se ha visto aliviado el baño de sangre que padece México, sino que se incrementó. En entrevista, David Saucedo, analista de seguridad, dijo que este aumento de la violencia es derivado de las transiciones de gobierno y el control territorial por parte de los grupos delincuenciales. No obstante, hay quien apunta en otro sentido. Según Oswaldo Zavala, en su obra La guerra en las palabras: una historia intelectual del narco en México (2022), “la explicación oficial dominante es un ardid político, una fantasía redituable que permite a las autoridades ejercer la más cruel violencia en contra de la población, pero siempre legitimada por la reciclable trama de la guerra contra el narco”. Si en el discurso este factor parece superado, en la realidad la violencia no cesa y la estrategia de pacificación del Estado no sólo resulta inocua, sino un detonador de ella. ¿Será que para el Estado mexicano, el gobierno y sus patrones, algunos mexicanos estamos de más?