La iniciativa de reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene como objetivo otorgar nuevas facultades al Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), violaría convenios y normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al mismo tiempo que dejaría a los trabajadores en un estado de indefensión, según indicaron diversos entes sindicales.
En este contexto, Rodolfo González, representante de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), adelantó que desde el gremio al que pertenece, presentarán una queja al Comité de Normas de la OIT para que se investigue la manera en la que, sin consultar a los trabajadores, se presentó la reforma ante el Poder Legislativo.
Asimismo, señaló que dichas modificaciones al Instituto pretenden minimizar la participación de los trabajadores y patrones en consejos como el de vigilancia, transparencia y auditoría.
Por su parte, Isaías González Cuevas, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), explicó que la serie de modificaciones estructurales que implicaría la reforma afectan a los trabajadores, dentro de las que destacó el hecho de puntaje y el cumplimiento del patrón en el pago de cuotas, o la incorrecta definición de acreedores al financiamiento inmobiliario.
En la misma línea, Fernando Salgado, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), aseguró que “lo más urgente es el diálogo”, y recordó que desde su organización están de acuerdo con los cambios legales que beneficien al sector, sin embargo, en esta ocasión demandan diálogo.
La reforma llegó al Senado el pasado 12 de noviembre y, un día después, fue aprobada en lo general con 68 votos a favor y 29 en contra. Esta iniciativa se alinea con la modificación de la fracción XII del artículo 123 constitucional, propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre los cambios planteados destaca la ampliación del mandato del Infonavit, es decir, que se le otorgará la facultad de construcción de vivienda y posibilidad de arrendamiento social con opción de compra mediante la constitución de una empresa filial, misma que será parte del presupuesto de operación aprobado. El gasto que realice dicho ente no entrará dentro de las previsiones de administración y sus erogaciones deberán generar valor económico y rentabilidad.
También, deberá rendir un informe al congreso anualmente, y cumplir con reglas prudenciales para el manejo financiero y contable de la filial. Estas normas serán establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En torno a la gobernanza del organismo, la modificación constitucional implicaría que el director general ya no será avalado por la Asamblea General del mismo, sino que sería nombrado directamente por el Poder Ejecutivo, y tendría la facultad de derecho a veto sobre resoluciones que no sean aprobadas por el Consejo de Administración o por la Comisión de Vigilancia.
Por otra parte, el máximo órgano directivo dentro del Infonavit, la Asamblea General, se reduciría de 45 a 30 integrantes, 10 representarán al gobierno, 10 a los trabajadores, y 10 más al sector empresarial.
Finalmente, se reduciría el Consejo de Administración de 15 a 12 integrantes, cuatro de cada uno de los sectores antes mencionados y la Comisión de Vigilancia mantendría sus nueve integrantes, pero ahora serían cinco en representación del gobierno, dos de los trabajadores y dos del sector empresarial.