En el marco del Día de los Derechos Humanos, la diputada Laura Álvarez Soto presentó una iniciativa de ley que busca aumentar las penas por el delito de estupro, que actualmente van de uno a cuatro años de prisión, a un rango de cinco a doce años con el fin de reforzar la protección de los menores de edad y garantizar su desarrollo pleno y seguro, específicamente ante el vacío legal que permite el consentimiento sexual a partir de los 12 años, establecido en el artículo 180 del Código Penal.
La legisladora, acompañada de su bancada del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que la legislación actual no toma en cuenta factores esenciales como la madurez emocional, cognitiva y psicosocial, que son fundamentales para que los niños y adolescentes tomen decisiones informadas y responsables.
Afirmó que la madurez biológica no puede ser el único criterio para determinar el consentimiento sexual, ya que los menores carecen de las herramientas necesarias para enfrentar situaciones de abuso o manipulación por parte de adultos.
Álvarez Soto detalló que su iniciativa contempla dos reformas clave: primero, incrementar la edad mínima de consentimiento sexual para alinearse con los estándares internacionales; y segundo, aumentar las penas por estupro, buscando enviar un mensaje claro contra el abuso y la explotación sexual de los menores.
La propuesta fue respaldada por Andrés Atayde, coordinador de la bancada del PAN, quien expresó que esta reforma es "un acto de justicia para cerrar las puertas a prácticas que afectan la salud física, psicológica y social de los menores".
Por último, la doctora Denise Meade, especialista en violencia familiar, abuso sexual infantil y derechos humanos, enfatizó que el propósito de esta iniciativa es proteger a las niñas, niños y adolescentes de los abusos, así como prevenir las graves consecuencias físicas y emocionales que pueden resultar de la actividad sexual temprana, como embarazos no deseados y la exposición a enfermedades de transmisión sexual.