La Cámara de Diputados aprobó la reforma contra vapeadores y fentanilo, la cual modifica los artículos 4 y 5 de la Constitución para sancionar el uso ilícito del fentanilo y otras drogas sintéticas no autorizadas.
Con 327 votos a favor y 118 en contra, el proyecto en materia de protección a la salud fue enviado al Senado de la República. El dictamen establece que “la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y otras drogas sintéticas no autorizadas”.
El dictamen también señala que queda prohibida “la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra de las actividades” mencionadas en el artículo 4.
El Gobierno Federal informó que, en 2023, se registraron 430 casos de consumo de fentanilo en México. En 2022 fueron 333 casos, en 2021 hubo 189, en 2020 se reportaron 72, en 2019 fueron 25, en 2018 hubo 10, en 2017 y 2016 sólo uno, en 2015 hubo cuatro casos, en 2014 se reportaron tres y en 2013 se registraron cinco casos, especialmente en los estados fronterizos con Estados Unidos.
Respecto a los vapeadores, la reforma sancionará su producción, distribución y comercialización, aunque aún no se han especificado las penas o multas que se aplicarán.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que los cigarrillos electrónicos son perjudiciales para la salud y altamente adictivos. Las sustancias que liberan son tóxicas y cancerígenas, lo que aumenta el riesgo de trastornos cardiacos y pulmonares. Además, la nicotina que contienen puede afectar el desarrollo del cerebro en niños y adolescentes, lo que podría generar problemas de aprendizaje en el futuro.
El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) expresó su rechazo a la reforma. La diputada Iraís Reyes mostró un vapeador en la tribuna y lo utilizó, diciendo: “Voy a vapear antes de que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el oficialismo prohíban el ejercicio de nuestras libertades, porque su política pública en materia de salud no les da para más. Prohibir, prohibir, prohibir. No se supone que Morena y sus aliados son un movimiento de izquierda, que más bien debería proteger derechos y libertades. ¡Falso!, ¡Mienten!”.
En representación del PAN, la diputada Paulina Rubio calificó la medida como una simulación, afirmando que combatir el fentanilo desde la Constitución es como darle una aspirina genérica a quien padece cáncer.
Por su parte, la diputada Danisa Flores de Morena sostuvo que el narcotráfico ha convertido al fentanilo en un negocio altamente lucrativo, a costa de la vida de miles de personas. Afirmó que no solo se trata de una crisis de salud pública, sino también de una amenaza directa al tejido social y la seguridad nacional, que alimenta la violencia, desestabiliza comunidades y debilita las instituciones.