Además de la deportación masiva de migrantes, la desnaturalización de ciudadanos estadounidenses es una estrategia más activa en la administración del presidente electo de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump.

En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos registró 228 casos de desnaturalización civil desde 2008, con el 41 por ciento de ellos (94 casos) ocurridos durante el primer mandato de Donald Trump. Las políticas migratorias de su administración marcaron un punto de inflexión en la aplicación de la desnaturalización, un proceso mediante el cual se revoca la ciudadanía estadounidense otorgada por naturalización.

El proceso de desnaturalización afecta a personas nacidas fuera de Estados Unidos que obtuvieron la ciudadanía por naturalización, esto ocurre cuando el gobierno demuestra que el individuo cometió fraude en su proceso de naturalización o tiene antecedentes penales considerados una amenaza para la seguridad nacional.

Stephen Miller, asesor clave de Trump en temas migratorios, adelantó que el proyecto de desnaturalización se fortalecerá en un segundo mandato. En 2025, según Miller, la iniciativa estará "turbocargada", enfocándose en personas con antecedentes penales o aquellas que mientan en su solicitud de ciudadanía. Además, se prevé que ciertas comunidades, como la latina o la musulmana, sean particularmente afectadas por estas políticas.