Las promesas de los políticos son como rayas en el mar: desaparecen o poco queda de ellas. De este mismo modo la educación superior en México se ha debilitado y sus egresados son profesionistas de baja calidad. La reciente ocurrencia de crear al vapor 100 universidades, las llamadas Benito Juárez, si bien es una opción para los jóvenes que no pueden cubrir los requisitos académicos de una licenciatura, su oferta de nivel de estudios es también baja, como lo es la infraestructura de estos centros escolares. Sin embargo, en días pasados, la actual Presidenta de la República, aplicando la fórmula demagógica de su predecesor, prometió abrir otras universidades Benito Juárez para ampliar con 300 mil espacios más la cobertura de educación superior en el país.
Pero este compromiso, además de no resolver la crisis que afecta a este subsistema educativo, no podrá cumplirse en el corto plazo porque la inversión pública en educación superior y posgrado prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2025 será 14.6 por ciento menor a la que se ejerció en 2015. Una vez aprobada por el Congreso de la Unión a mediados de diciembre próximo, esta caída del gasto público en educación superior sería la mayor en 10 años con respecto al Producto Interno Bruto (PIB); y el año próximo afectaría el desempeño docente, científico y laboral-magisterial de todas las universidades públicas nacionales y estatales, tecnológicos y normales, cuyos equipos e infraestructura enfrentan severos rezagos.
Es decir, si se concreta el compromiso quizá formulado con la intención populista de ganar votos, los maestros y las comunidades estudiantiles de los centros de educación superior tendrán que sacrificarse para dar resultados casi milagrosos, porque el Gobierno no les destina los recursos necesarios y la Presidenta está empecinada en alabar la reforma educativa del sexenio pasado, los nuevos libros de texto de nivel básico y en ver logros donde sólo hay errores. ¿De qué logros pudo presumir AMLO? ¿Del desastre educativo evidenciado por la prueba PISA? ¿Del abandono escolar provocado durante la pandemia de Covid-19? ¿Del secuestro de plazas logradas con méritos académicos por los maestros, ordenado por los sindicatos charros del magisterio? ¿De los libros de texto cuyas fallas pedagógicas, científicas e inserciones de adoctrinamiento político han denunciado hasta el cansancio los especialistas? No, no hay nada que presumir.
Sólo se ve que las cosas empeorarán en los siguientes años, porque el gobierno en turno ha tomado a la educación como rehén; y sus burócratas se deleitan en la brujería, la astrología, la mitología y un coistal de embustes con el que pretende controlar a la población y a los maestros presentes en las aulas. Por ello, es previsible que los incondicionales de la clase gobernante, de espíritu rancio y conservador, quieran expulsar a los docentes y estudiantes con espíritu libre, noble y defensor de la igualdad y la verdad científica de los campos de batalla universitarios.