Con el fin de instalar centros de procesamiento, detención y deportación de personas, especialmente aquellas involucradas en crímenes violentos, el gobierno de Texas ofreció alrededor de 600 hectáreas ubicadas a lo largo de la frontera entre el estado y México para ser utilizadas en la construcción de campos de detención de migrantes.

La comisionada de tierras de Texas, Dawn Buckingham, expresó su compromiso con el proyecto, el cual está dirigido a las personas que ingresan de manera irregular a Estados Unidos. En una carta dirigida a las autoridades federales, indicó que su oficina está lista para llegar a un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o la Patrulla Fronteriza para permitir la construcción de la infraestructura necesaria para llevar a cabo estos planes.

Además, Buckingham destacó que el objetivo es coordinar la mayor deportación de criminales violentos en la historia del país.

Según medios locales, el propietario anterior de los terrenos había impedido la construcción de un muro en esa área y bloqueado activamente el acceso de las fuerzas del orden a la propiedad; sin embargo, con la nueva propuesta, el estado de Texas busca avanzar en su plan de seguridad fronteriza mediante el uso de estos terrenos.