Migrantes provenientes de países como Perú, Ecuador, Nicaragua, Guatemala y El Salvador han denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) haber sido víctimas de extorsiones y secuestros perpetrados por el crimen organizado al cruzar la frontera de Guatemala hacia Chiapas. A pesar de las múltiples denuncias, la FGR ha ignorado estas solicitudes de apoyo, dejando a las víctimas en una situación de vulnerabilidad.

Los migrantes relatan que durante los secuestros son encerrados en bodegas, donde posteriormente son marcados con señales particulares que los identifican como parte de las redes de tráfico humano. Estos grupos operan bajo un esquema de extorsión, en el que los familiares de las víctimas deben depositar la cantidad acordada para obtener la liberación de los secuestrados.

Además, muchos de los migrantes han indicado que, al intentar denunciar los hechos, han sido intimidados con mensajes de texto, llamadas y audios, sugiriendo que existe una posible colusión entre el Instituto Nacional de Migración (INM) y otras dependencias gubernamentales con estos grupos criminales. Estas intimidaciones, señalan, dificultan aún más el acceso a la justicia y protegen a los responsables de estos delitos.

La asociación Alto al Secuestro indicó que, en el pasado mes de marzo del año en curso, se registró la cifra histórica de 521 víctimas de secuestro, de las cuales 262 corresponden a migrantes.

En 2023, México se posicionó entre los cinco países con más solicitudes de asilo a nivel mundial, con más de 140 mil personas buscando protección, según el informe Esperanza de un nuevo hogar elaborado por el Alto Comisionado para los Refugiados.