Con penas de tres a seis años de prisión o multas que oscilan entre los 700 a mil 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA), legisladores de la Ciudad de México buscan inhibir el uso y la difusión no autorizada de imágenes de personas fallecidas en accidentes o crímenes en la capital.

Se trata de la iniciativa que presentó la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, la cual también plantea sancionar a quienes compartan o comercialicen dichas imágenes sin el consentimiento de los familiares.

Las sanciones se incrementarán en un tercio si las víctimas son mujeres, niños o personas en situación de vulnerabilidad, como medida adicional de protección. Sánchez Barrios explicó que la iniciativa responde a casos recientes de comercialización de imágenes de decesos, como el caso del actor Octavio Ocaña, cuyas fotos fueron filtradas a medios.

Cabe destacar que la propuesta incluye la adición del artículo 208 bis y la modificación del artículo 293 Quater del Código Penal del Distrito Federal.

“La pena y la multa para quienes incurran en el ilícito deben ser lo suficientemente significativas para disuadir a los delincuentes, evitando que incurran en este tipo de prácticas. Si lo hacen, se garantizará un efectivo acceso a la justicia y la reparación integral del daño a las víctimas”, argumentó la legisladora.