El PRI en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa que busca tipificar el “cobro de piso” en el Código Penal local, con penas de 15 a 20 años de prisión y multas de tres a cinco mil unidades de medida y actualización.
Ante el aumento de los delitos de extorsión y el cobro de piso en el país y en la capital, esta situación representa una amenaza diaria para miles de ciudadanos, quienes trabajan o tienen negocios como puestos de jugos, tamales y tortas en las estaciones del metro, así como papelerías cerca de escuelas, restaurantes, fondas y tienditas de la esquina.
La coordinadora de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tania Larios Pérez, explicó que la propuesta establece una distinción con respecto a la extorsión, al considerar el cobro de piso como una conducta delictiva que ocurre de forma reiterada.
La iniciativa prevé un incremento de las penas en un tercio si el delito lo comete un servidor público o un grupo criminal.
Larios afirmó que en el Congreso de la Ciudad de México no permitirán que grupos delictivos condicionen la vida de los habitantes. Resaltó la importancia de trabajar para que la ley castigue tanto el cobro de piso como la extorsión, con el fin de devolver la tranquilidad y seguridad a la ciudadanía.
La diputada enfatizó que la extorsión y el cobro de piso representan conductas criminales evidentes, que han alcanzado niveles alarmantes en la Ciudad de México y en el país. Estas prácticas amenazan a miles de ciudadanos que luchan diariamente por el sustento de sus familias.
Larios destacó que los negocios enfrentan la dura realidad de un sistema que ha permitido la infiltración del crimen organizado, obligándolos a pagar cuotas para su supervivencia.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que la extorsión es uno de los delitos de mayor crecimiento en la Ciudad de México, con un aumento del 32por ciento en comparación con el año anterior. En 2023, se reportaron más de cinco mil casos de extorsión, y esta cifra podría ser aún mayor, ya que muchos pequeños y medianos comerciantes temen denunciar por amenazas y represalias.
De enero a septiembre de 2024, la misma dependencia reportó el inicio de ocho mil 151 carpetas de investigación por este delito, abarcando modalidades como el engaño y amenazas telefónicas, monta choques, monta deudas, exigencias bancarias y cobro de piso.