La iglesia católica pidió una mayor discusión y análisis a la reforma judicial por parte del Poder Legislativo, además de que éste promueva la participación de todas las personas que podrían verse afectadas por las modificaciones constitucionales, tales como los trabajadores del Poder Judicial.
Lo anterior, luego de que el Congreso de la Unión aprobará la reforma donde los jueces y magistrados será elegidos a través del voto popular, propuesta que fue aprobada y publicada en septiembre pasado.
Este miércoles, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) advirtió que una falta de diálogo por parte de Morena y sus aliados respecto a las disposiciones judiciales, "puede generar consecuencias graves para la convivencia social y el orden institucional, comprometiendo la confianza en nuestro país y amenazando la estabilidad del Estado de derecho".
En ese sentido, los obispos en el país enfatizaron que el Estado de Derecho es "una exigencia ética" que emana de la dignidad humana. Recordaron que la doctrina social de la iglesia enseña que "el poder tiene límites morales y legales", así como que la "autoridad debe ejercerse como servicio al bien común".
“Como pastores del Pueblo de Dios y ciudadanos comprometidos con el bien común, manifestamos a la ciudadanía entera, a la opinión pública y a los tres Poderes de la Unión, nuestra más profunda preocupación ante la gravedad de los recientes hechos que acentúan una polarización sin precedentes en torno al marco legal y a la armonía entre los distintos poderes del país", detalló la CEM.
El grupo religioso pidió a los legisladores tomar en cuenta a todas las fuerzas políticas del pleno, así como escuchar a los especialistas en derecho constitucional y a las voces de la sociedad civil.
También exhortaron a los actores políticos y sociales afines a la doctrina social de la iglesia, a recuperar el diálogo constructivo, fortalecer las instituciones democráticas, anteponer el bien común a los intereses particulares, respetar el orden constitucional y a proteger la dignidad de todas las personas.
El comunicado de la CEM se enmarca en medio de una batalla por parte de trabajadores del Poder Judicial para frenar la reforma judicial, y la negativa del Gobierno federal por suspender las elecciones de jueces y magistrados programada para junio de 2025, a pesar de que los diversos juicios de amparo que se han interpuesto para ese fin.