Casi a la medianoche del 22 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la reforma a los artículos 4 y 27 de la Constitución en materia de bienestar. Esta reforma reduce de 68 a 65 años la edad para comenzar a recibir la pensión de adultos mayores y establece una pensión universal para personas con discapacidad menores de 65 años.

La propuesta recibió un voto unánime y de mayoría calificada, sumando 483 votos de la oposición y del bloque mayoritario. Este cambio representa la octava de 18 reformas constitucionales propuestas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En lo particular, de las más de 240 reservas presentadas, sólo avanzó una, promovida por la legisladora Lilia Aguilar. Esta modificación cambió el término “familia” por “persona” en el apartado sobre el derecho a la vivienda y sustituyó “digna y decorosa” por “adecuada”.

El dictamen establece la obligación del Estado de garantizar la rehabilitación de personas con discapacidad permanente, priorizando a quienes tengan menos de 18 años. Tras once horas de discusión, la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro envió el proyecto al Senado para su análisis y eventual ratificación.