Varias asociaciones civiles han estudiado la creciente inseguridad pública en el país, seguido de cerca a la Guardia Nacional (GN), corporación creada para garantizar la seguridad ciudadana y han observado el proceso de gradual intervención de las fuerzas armadas en la vida pública, es decir, la participación de los militares en actividades normal y tradicionalmente desempeñadas por civiles; estas asociaciones coinciden en que el proceso de militarización impulsado por el ahora expresidente AMLO no disminuyó la inseguridad pública; sostienen también que a partir de la creación de la GN no se ha observado ninguna mejoría, sino un agravamiento del problema de la inseguridad ciudadana y expresan una seria preocupación por los riesgos que implica el hecho de que la GN haya quedado bajo el mando de las fuerzas armadas, concretamente de la Secretaría de la Defensa Nacional. El Ejército, tal como propuso AMLO durante su gestión, se encargará de la seguridad pública, que se había considerado siempre como un asunto civil, tanto en México como en la mayoría de los países civilizados, democráticos.
A fines de septiembre fueron aprobadas todas las reformas enviadas por AMLO al Congreso de la Unión, donde la mayoría calificada funcionó como un mecanismo bien aceitado al servicio del Poder Ejecutivo y todas las iniciativas de AMLO fueron aprobadas, con lo que la GN se convirtió, oficialmente, en una corporación militar. En realidad, esto ya estaba aprobado desde antes por los legisladores morenistas.
Pero la militarización del país no consiste en convertir a la GN en guardia militar, es un proceso algo más complicado: consiste en que los militares administren y operen asuntos de la competencia del Gobierno Federal y también de carácter civil que desde ahora pueden estar a cargo de efectivos del Ejército. Esto contradecía algunos lineamientos contenidos en la Carta Magna, en artículos que definían las funciones de las fuerzas armadas del país; sin embargo, todas estas dificultades fueron previamente eliminadas por las reformas de AMLO, que modificaron aquellos artículos que se oponían al manejo civil de los asuntos públicos.
Los asesores de AMLO seguramente más versados en la materia, y muy probablemente sus asesores militares, previeron todo y la militarización, que ya estaba en marcha durante el sexenio, podrá continuar muy campante, salvo que el nuevo gobierno dé un viraje inesperado y evite que se conviertan en realidad los riesgos de la militarización que los analistas de las asociaciones civiles advierten, por ejemplo el atropello a los derechos humanos por parte de la GN militarizada, así como los enfrentamientos entre los guardianes de la seguridad pública y las bandas criminales. Éste es el tema que aborda esta semana nuestro Reporte Especial.