Por unanimidad, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que reconoce los derechos patrimoniales de los pueblos indígenas y afromexicanos. Esta reforma se someterá a los congresos estatales.
La semana pasada, los diputados federales votaron a favor de la reforma. Si los legislativos estatales la aprueban, el presidente Andrés Manuel López Obrador podría promulgarla en los próximos días.
La reforma promueve la participación efectiva de las comunidades indígenas y afromexicanas en decisiones que afectan sus territorios y recursos. Además, fortalece el "derecho a la libre determinación" de las comunidades, permitiendo definir "sus formas de gobierno, administración de sus territorios y recursos naturales, y la preservación de sus culturas e idiomas".
El texto también contempla la aplicación y desarrollo de sistemas normativos, así como la jurisdicción indígena para proteger el patrimonio cultural y la propiedad intelectual. Se busca el respeto a los métodos de medicina tradicional y la protección de santuarios y recintos sagrados. Asimismo, se incluirá a indígenas y afrodescendientes en censos y encuestas.
Cabe destacar que alrededor de 23 millones de mexicanos, de una población de 126 millones, se identifican como indígenas, mientras que los que se definen como afromexicanos suman 1.3 millones. Algunas comunidades han logrado reconocimiento de sus formas de gobierno y derechos sobre sus territorios, basándose en leyes y costumbres autónomas.