Desde mayo a la fecha, madres rastreadoras han informado sobre la localización de 27 fosas clandestinas en los municipios de La Paz y Los Cabos. A pesar de estos hallazgos, colectivos señalan que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aún no ha identificado ni detenido a los responsables de estos delitos.
Uno de los casos más recientes ocurrió en julio, cuando fueron descubiertas dos fosas en las inmediaciones de El Sauzal, en Cabo San Lucas, la cuales contenían 18 cuerpos; de ellos,16 fueron identificados y entregados a sus familiares después de cuatro meses.
Ante estos hechos, los colectivos de búsqueda han expresado su preocupación ante la alarmante tendencia de que las fosas clandestinas, incluso después de haber sido intervenidas por las autoridades, sean nuevamente utilizadas por grupos criminales.
La desaparición de personas en Baja California Sur (BCS) ha alcanzado niveles alarmantes y revela una profunda crisis en el sistema de búsqueda y procesamiento de casos en el estado. Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indican que, del 1° de enero de 2019 a la fecha se reportaron 711 personas desaparecidas o no localizadas en BCS. De este total, 610 están oficialmente desaparecidas y 101 permanecen en estatus de no localizadas.
Tan solo en el primer semestre de 2024, la plataforma registró 174 nuevos casos de desaparición, no localización y localización de personas. Este incremento ha evidenciado las graves deficiencias estructurales y de personal en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CEBP).
Según una solicitud de información publicada en el portal de transparencia bajo el folio 030076624000112, hasta el nueve de abril de 2024, la CEBP en BCS tenía únicamente 40 empleados. De éstos, sólo dos poseen una plaza de base sindicalizada, 31 son empleados de confianza y siete trabajan bajo un contrato de prestación de servicios profesionales.
Rosario Ibarra, fundadora del colectivo de San José y Cabo San Lucas, sostuvo que la escasez de personal con plaza fija y la dependencia de empleados eventuales afectan gravemente la eficiencia de la Comisión; ya que esta situación impide el seguimiento adecuado de los casos y genera retrasos significativos en el procesamiento e identificación de restos.
“Aunque el personal tenga muy buenas intenciones, no hay suficientes recursos humanos para enfrentar adecuadamente el problema de las desapariciones en todo el estado”, subrayó Ibarra.
Además de la insuficiencia de personal, la falta de herramientas tecnológicas complica aun más la localización de personas desaparecidas. Una solicitud de información al portal de transparencia con el número de folio 030076624000005 revela que, en agosto de 2022, se adquirió un software de geolocalización por 870 mil pesos. Este sistema, adquirido con el proveedor Coedra S.A. de C.V., analiza la última localización del teléfono móvil de una persona reportada como desaparecida y proporciona coordenadas, dirección aproximada, operadora telefónica, fecha y hora de última conexión, y un mapa de geolocalización.
No obstante, el presupuesto aprobado para la adquisición de tecnologías y dispositivos para la intervención de comunicaciones privadas, informativas o telecomunicaciones desde la creación de la CEBP en 2019 ha sido irregular, sin una explicación clara de los montos y la periodicidad de las asignaciones. Desde la adquisición del software en 2022, no se ha reportado la compra de más tecnología.
Los colectivos de búsqueda, que cada domingo se adentran en terrenos difíciles, cargados con palas, picos y una profunda rabia, enfrentan una batalla diaria por recuperar lo arrebatado. Cada jornada se convierte en una mezcla de esperanza y dolor, y la determinación de desenterrar lo perdido. Sin embargo, mientras se piensa que, tras cada hallazgo, los familiares de las víctimas encuentran descanso, en realidad esto marca sólo el inicio de un camino tortuoso ya que, ante la falta de un centro de resguardo temporal para restos humanos, muchos de “los tesoros” encontrados desaparecen nuevamente, esta vez por las mismas autoridades.
De acuerdo con la solicitud de información realizada a la Plataforma Nacional de Transparencia bajo el folio 030076624000199, no existe en BCS un centro operativo de resguardo de restos o identificación humana. A pesar de los anuncios realizados en junio de 2023 sobre la asignación de 18 millones de pesos (mdp) de los 24.2 millones presupuestados para ese año, la CEBP informó que la segunda etapa del primer centro de resguardo temporal está en construcción. La primera fase está concluida, pero la fecha de inicio de operaciones de la segunda fase aún no ha sido definida. Este centro tendrá una capacidad para 200 gavetas de resguardo para restos humanos, aunque los lineamientos operativos aún están en desarrollo.
Los esfuerzos constantes de los colectivos de búsqueda en BCS se pierden ante la ausencia de un centro de identificación especializado en el estado, carencia que permanece como un obstáculo crítico para la identificación de cuerpos encontrados en fosas clandestinas y prolonga la incertidumbre y dolor de las familias que buscan a sus seres queridos, que ven cómo los restos se acumulan sin ser identificados oportunamente.
Ante esta crisis, Rosario Ibarra informó que la Fiscalía Especializada en Desapariciones, con la FGR y el Semefo, son las instancias encargadas de recoger, resguardar y entregar los cuerpos de las víctimas. Sin embargo, el rezago en la entrega de cuerpos resulta significativo, con muchos restos enviados a fosas comunes que pueden tardar hasta nueve años en entregarse, lo que las familias afectadas consideran una segunda pérdida.
“La falta de infraestructura adecuada y personal capacitado provoca retrasos en la identificación de cuerpos, con algunos esperando hasta dos años. Esta falta de recursos y coordinación entre las autoridades afecta a las familias de las víctimas, ya que las obliga a lidiar con largos periodos de incertidumbre y dolor”, reconoció Ibarra.
Mientras los casos se incrementan y las familias de las víctimas claman por justicia y respuestas, el sistema de búsqueda y localización se encuentra en una crisis que exige una intervención inmediata y efectiva de las autoridades estatales y federales.
La plataforma Red Lupa, lanzada por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, reportó que, al corte del 16 de mayo de 2024, BCS enfrentaba una crisis de desapariciones; 938 personas se encuentran desaparecidas, 784 son hombres y 151 son mujeres. Además, 46 de estas personas tenían menos de 18 años, y 55.3 por ciento eran niñas. De enero a mayo de 2024 desaparecieron cinco niñas en el estado.
Entre los datos más alarmantes se registra que el 60.6 por ciento de las desapariciones ocurre en personas de entre 25 y 44 años. En el caso específico de las mujeres, el 47 por ciento de las desaparecidas tiene edades entre los 15 y 29 años.
El municipio de Los Cabos concentra la mayor cantidad de personas desaparecidas, con 359 casos al 16 de mayo de 2024, apenas una persona menos que el año anterior. En contraste, otros municipios como La Paz, Mulegé y Comondú registraron un aumento de desapariciones, mientras que Loreto mantuvo las mismas cifras que el año pasado.
Los Cabos no sólo enfrenta el mayor número de desapariciones, sino que también sufre un grave problema de trata de personas y desapariciones forzadas. El hallazgo de cuerpos en fosas que ya habían sido revisadas por las autoridades ha generado una creciente preocupación, pues las fosas son reutilizadas por grupos delictivos.
Además, la situación de seguridad para las madres buscadoras resulta cada vez más precaria. Los recientes asesinatos de mujeres que integran estos colectivos han sembrado el miedo entre sus compañeras en BCS, que a pesar de las amenazas continúan con sus labores de búsqueda.
El 30 de agosto, familiares de personas desaparecidas en BCS presentaron una solicitud formal para la destitución del fiscal especializado en desaparecidos, Jorge Omar Arvizu.
Los solicitantes argumentaron que el fiscal no ha mostrado avances significativos en las investigaciones de los casos; esto ha llevado a que las carpetas de investigación permanezcan estancadas, sin progreso alguno. “Somos nosotros quienes buscamos, quienes encontramos y quienes estamos investigando”, denunciaron los familiares, quienes señalaron que la responsabilidad de encontrar a sus seres queridos ha recaído completamente en ellos debido a la ineficiencia de las autoridades correspondientes.
Este grupo de familiares ha sido particularmente enfático al denunciar las negligencias atribuidas al fiscal, y afirman que su inacción ha causado un daño irreparable a las familias sudcalifornianas que se encuentran en búsqueda de justicia. Más allá de la falta de resultados en las investigaciones, los afectados denunciaron que han sido tratados sin atisbo de dignidad, despectivamente, por Arvizu, lo que ha incrementado su dolor.
Una de las principales críticas radica en que el fiscal parece desconocer los protocolos internacionales establecidos para tratar casos de desapariciones forzadas, lo que, según los familiares, ha agravado la crisis en el estado y ha disminuido las posibilidades de encontrar a los desaparecidos.
Además, los familiares subrayaron que la falta de transparencia en las investigaciones ha generado una profunda desconfianza, tanto entre las familias de las víctimas como en la sociedad sudcaliforniana. Las constantes demoras, la opacidad en el control de las pruebas y la falta de comunicación efectiva con los afectados han mermado la credibilidad de la fiscalía y de las instituciones encargadas de impartir justicia en el estado.
Este ambiente de incertidumbre y frustración ha llevado a los familiares a exigir un cambio inmediato en la administración de justicia; e insisten en la necesidad de que se sustituya por un fiscal con mayor compromiso, competencia y sensibilidad para administrar estos casos tan delicados.
“La justicia no debe ser una promesa vacía”, concluyeron los familiares, quienes recalcaron que ya han esperado mucho tiempo sin respuesta. Su llamado a la destitución de Jorge Omar Arvizu representa no sólo un reclamo de justicia, sino también un clamor de dignidad y respeto hacia las víctimas y sus familias, quienes todavía buscan a sus seres queridos a pesar del tiempo y los obstáculos impuestos por la misma administración que debería protegerlos.
En medio de las crecientes preocupaciones por la desaparición de personas en BCS, el gobernador Víctor Castro Cosío respondió a los cuestionamientos sobre las acciones de su administración.
Al ser abordado por medios de comunicación locales, el mandatario expresó su preocupación por la manera en que se difunde el tema e indicó que algunas personas están “politizando” un asunto que calificó como delicado y complejo.
“Es muy grave que se politice un asunto tan complicado”, lamentó Castro Cosío, al ser cuestionado sobre las demandas de los familiares de desaparecidos. Además, sugirió que el número de familias que exigen resultados no parece coincidir con la cifra oficial de desaparecidos, registrada en el Registro Nacional. “Si hay 500 desaparecidos, cuando menos, tuviéramos 500 familias”, comentó, generando reacciones de colectivos de búsqueda.
Sobre la solicitud de la destitución de Jorge Omar Arvizu Búrquez, titular de la Fiscalía Especializada en Desapariciones, dijo que “estamos aplicados en ayudar a los colectivos”.
Las declaraciones del gobernador activaron una serie de respuestas contundentes de los colectivos de búsqueda. En un comunicado, criticaron duramente la actitud de Castro Cosío, destacando que su dolor no está vinculado a cuestiones políticas, sino a la desesperación e impotencia por no encontrar a sus seres queridos.
“¿Es que somos tan pocos que no merecemos su atención? ¿Acaso necesitamos ser al menos 500 personas para que él nos tome en cuenta?”, preguntaron. En el mensaje, los familiares de desaparecidos lamentan la falta de empatía del gobernador y señalan que muchos no pueden asistir a las protestas o reuniones debido a amenazas, enfermedades, o a la necesidad de cuidar a sus nietos. “Tal vez muchas madres ya murieron en la lucha”, advierten.
El colectivo destacó que si el gobernador ha participado en reuniones al inicio de su administración no significa que realmente esté atendiendo sus necesidades. “Es indignante que un gobernador carezca completamente de conocimiento y sensibilidad sobre el tema”, indicaron.
Iris Manríquez, coordinadora del colectivo de búsqueda Por la Paz, denunció la falta de comunicación efectiva entre el gobierno y las familias de personas desaparecidas. Informó también que desde 2023, en su papel como consejera ciudadana estatal, solicitó reuniones periódicas con las autoridades, tal como lo estipula la ley, que exige mesas de trabajo cada tres meses. Sin embargo, dijo que, en los últimos tres años, sólo han logrado reunirse en dos ocasiones. La última reunión fue en diciembre de 2023; y aunque quedó establecido en una minuta que volverían a reunirse el mes siguiente, el año está por terminar sin que ese compromiso se haya cumplido. Es por ello que la tensión escaló cuando Iris Manríquez confrontó públicamente al gobernador durante la inauguración del Puente Luis Donaldo Colosio.
En ese acto le recordó al gobernador que durante su administración se han localizado 94 cuerpos y los asistentes exigieron más acciones de las autoridades. Esta confrontación evidenció la profunda frustración de las familias ante la falta de respuestas claras y el lento avance en las investigaciones.
A pesar de este desencuentro, los colectivos reconocen que ha habido algunos avances en la colaboración con las autoridades hacia las labores de búsqueda, pero insisten en la necesidad de una mayor atención y apoyo, especialmente en las investigaciones que identifiquen a los responsables de estos actos. Las familias afectadas demandan no sólo encontrar a sus seres queridos, sino también castigo para los responsables de las desapariciones.