Han pasado ya 30 años del llamado “error de diciembre”, que se produjo en 1994 durante el cambio de gobierno entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. Aquél se atribuyó al nuevo Presidente porque decidió devaluar bruscamente el peso sin contar con reservas monetarias en un escenario social y político muy convulso, generado por el asesinato de un candidato presidencial (Luis Donaldo Colosio) que, según connotados políticos, perseguirá por el resto de su vida Salinas de Gortari. Pero las condiciones en que ahora termina el Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no son mejores que las del villano favorito de hace tres décadas, porque su sexenio resultó perdido y ni siquiera alcanzó el uno por ciento de crecimiento económico; para colmo, derrochó miles de millones de pesos (mdp) en obras inservibles que únicamente provocaron mayor incertidumbre entre los inversionistas.

En un arranque de honestidad, el gobernador del Banco de México (Banxico) previó que en 2025, si bien le va, el país crecerá 1.5 por ciento. La transición de gobierno entre AMLO y Claudia Sheinbaum Pardo ya tuvo los primeros efectos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en la paridad del peso frente al dólar, donde la moneda nacional registró una depreciación significativa.

Pero, sobre todo, el país vive hoy una gran polarización e inestabilidad política y social, provocadas por la clase gobernante mediante las persecuciones ordenadas desde Palacio Nacional, el asesinato de candidatos y la intervención abierta del crimen organizado en las elecciones. La aplastante victoria de Morena en la elección presidencial y en la integración del Congreso de la Unión no se explica con la versión de que el “pueblo bueno” premió al partido gobernante por sus esfuerzos y resultados, sino porque fue una elección de Estado en la que el erario fluyó escandalosamente para la compra masiva de votos mediante programas sociales. Además, en un arranque de prepotencia, AMLO ya anunció que el conjunto de reformas constitucionales será aprobado sin mayor trámite y con mayoría aplastante en el Congreso.

Hasta hace unas semanas, empresarios nacionales y extranjeros habían permitido los deslices y bravuconadas del tabasqueño porque aún se sentían favorecidos; pero cuando advirtieron que la reforma al Poder Judicial puede arriesgar la certeza jurídica de sus negocios, “se les apareció el diablo”.

A los grandes empresarios no les interesa que la democracia o la justicia estén en peligro, solamente se preocupan cuando la libertad de mercado, es decir, su libertad para hacer pingües negocios, se ve en peligro. Por ello, el grave problema que se avecina para el país radica en que los magnates no entienden de nacionalismos ni les interesa la suerte de los pobres, o que éstos pierdan su libertad y su derecho a defenderse; y cuando se sientan en desventaja jurídica, empezará la desbandada, especialmente entre los inversionistas indirectos, para no arriesgar sus capitales por las torpezas y desatinos del loco de Macuspana. Sí, la crisis se asoma; pero ahora en agosto o septiembre y con el apoyo del “alboroto en el avispero”, están produciendo los socios comerciales del norte, aprovechándose de las irresponsables ocurrencias presidenciales. ¿A quién se le puede ocurrir pelearse con los socios comerciales con quienes se intercambia 80 por ciento de las exportaciones e importaciones? Resulta imprudente lanzar ataques hacia el exterior cuando el país se tambalea.

Urge que México desarrolle su aparato productivo para crear empleos, apoyar a las familias más desfavorecidas para sortear la inflación que no cede y aplicar medidas enérgicas para compensar los efectos sanitarios, sociales y económicos provocados por la pandemia de Covid-19 sobre un millón de mexicanos. Sí, hay que corregir, porque si se continúa por este camino, los grandes problemas nacionales se profundizarán en los próximos meses. Basta ya de distractores que muy caro han costado a la mayoría de la población, especialmente a la más pobre y marginada.