Igualar el sistema de salud mexicano al de Dinamarca; retirar al ejército de las calles; reducir los índices de violencia y resolver el caso de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, son sólo algunas de las promesas de campaña que hizo el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que en vísperas de su último informe de gobierno, aún siguen pendientes.

El Jefe del Ejecutivo anunció que el próximo domingo 1 de septiembre rendirá su último informe de Gobierno en un evento gratuito que se realizará a partir de las 10:00 horas en la Plancha del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), acto que marcará el cierre de su mandato, el cual inició el 1 de diciembre de 2018.

Entre los principales pendientes que dejará el Presidente es el establecer un sistema de salud con cobertura amplia para todos los ciudadanos, porque lejos de contar con acceso a los servicios médicos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2018 y 2023, la atención médica en hospitales públicos de los estados disminuyó en 13.3 puntos porcentuales, mientras que la atención en consultorios instalados en farmacias incrementó en siete puntos porcentuales.

Antes del año 2018, el 31.8 por ciento de la población recibía atención médica en el sector público, a través del Seguro Popular; sin embargo, al arribo de AMLO a la presidencia de México, dicho programa desapareció bajo la premisa de combatir la corrupción; en su lugar se creó el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que fue disuelto tres años después. Como resultado, en 2023 sólo el 18.5 por ciento de la población recibió atención en "centros de salud, hospitales u otros servicios de salud pública", lo que representa una disminución de 13.3 puntos porcentuales.

Por otro lado, AMLO prometió en su campaña reducir la presencia del ejército en funciones de seguridad pública; sin embargo, esto tampoco sucedió, por el contrario, amplió sus tareas generando críticas y debate sobre la militarización de la seguridad pública en México.

México Evalúa reportó, en febrero pasado, que mientras el Gobierno Federal recortó fondos en áreas como salud, seguridad pública y transferencias a estados y municipios, el presupuesto para las entidades militares como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina y la Guardia Nacional aumentaron en comparación con el cierre del sexenio anterior; refirió que el gasto para estas dependencias subió un 41.5 por ciento, alcanzando 61.5 mil millones de pesos.

Destacó que al final de 2023, los organismos militares utilizaron un 239 por ciento más de recursos que los ramos civiles dedicados a la seguridad, en contraste con una diferencia del 17 por ciento en 2018. Además, el control de ahorros públicos o fideicomisos por parte de las fuerzas militares aumentó un 1, 077 por ciento desde 2018, evidenciando un doble discurso en el que se eliminan fideicomisos mientras se incrementa el gasto en las fuerzas públicas de manera discrecional.

A pesar de todos los recursos que se invirtieron para combatir la inseguridad en el país, el Presidente López Obrador establecerá un récord como el sexenio más violento de la historia reciente del país con 196 mil 91 víctimas de homicidio hasta el 27 de agosto de 2024, superando los 130 mil 626 asesinatos registrados con el expresidente de Enrique Peña Nieto, los 102 mil reportados con Felipe Calderón y los 53 mil 275 de Vicente Fox.

Entre otras promesas inconclusas, destaca el compromiso que hizo el Presidente Andrés Manuel de resolver el caso de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, quienes fueron secuestrados en septiembre de 2014. Su gobierno se comprometió a esclarecer los hechos y encontrar a los responsables de esta tragedia

A unos días de concluir su mandato, los padres de los 43 normalistas desaparecidos rompieron relaciones con el Presidente por falta de progreso en la investigación, desacuerdos sobre el manejo del caso y por la falta de confianza en el compromiso de la administración con la justicia para los estudiantes desaparecidos.

Cabe destacar que a pesar de las críticas y los retos no superados, la administración de AMLO ha mantenido una aprobación cercana al 60 por ciento, esto debido al incremento en el salario mínimo y la instrumentación de programas sociales que han impactado en la vida de los ciudadanos.