La llamada Ley 3 de 3, que busca impedir que las personas sentenciadas por delitos sexuales o deudores alimentarios sean candidatos o servidores públicos, entrará en vigor hasta el 2030.
En sesión extraordinaria llevada a cabo el miércoles 28 de agosto, los diputados locales de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Ciudad de México modificaron el Artículo Tercero Transitorio de la Constitución capitalina.
Originalmente estas reformas entrarían en vigor el próximo 31 de agosto de 2024, pero con la modificación antes referida confirman que será hasta el 1 de enero de 2030 cuando sean aplicadas.
La aprobación de esta norma pasó de noche por la mayoría de las y los diputados locales, pues se votó en conjunto con modificaciones al Artículo 11 constitucional para garantizar que las mujeres y niñas en situación de violencia puedan acudir a un refugio o casa de emergencia con los apoyos sociales, económicos, psicológicos y jurídicos para mantenerse a salvo.
Por su parte, la diputada del PRD Polimnia Romana había anunciado que presentaría una reserva en contra de este aplazamiento. Sin embargo, minutos antes de discutirse cambió de opinión tras una plática con la vicecoordinadora de Morena, Guadalupe Morales.
En un comunicado enviado por su equipo de prensa, Sierra Bárcena, denunció la “trampa” que escondieron las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Presupuesto y Cuenta Pública, al aprobar en el Pleno del Congreso local reformas el artículo 3 transitorio de la Constitución capitalina.
“(La propuesta) protege a deudores alimentarios que laboran en el Gobierno local”, denunció, pero los temas fueron bajados de última hora.
Sostuvo que dicha propuesta, “echa abajo la vigencia del artículo 10, apartado C, de la Constitución local, que tiene que ver no sólo con las relaciones laborales de las instituciones públicas con los trabajadores, como pretende hacer creer, sino que echa abajo el impedimento para que agresores ocupen cargos en el servicio público durante los próximos 6 años”, denunció.
Alberto Martínez Urincho, diputado local de Morena subió a tribuna a fundamentar sobre el dictamen, pero se centró en los beneficios de proteger a las mujeres víctimas de violencia y omitió decir que también se votaría por aplazar la Ley #3de3.