El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dio a conocer que existen alrededor de 3.7 millones de niños que trabajan; de ese total, el organismo detectó 1.1 millones de niños que realizaban actividades que afectaban su salud, como cargar pesado, tener horarios prolongados y muchos de ellos se exponen a innumerables riesgos.

Aunado a ello, unos 437 mil infantes tenían horarios prolongados, 210 mil con jornadas mixtas o nocturnas y 846 mil desarrollaban actividades con exposición a riesgos.

“Las consecuencias son devastadoras. En la salud física se pueden presentar lesiones y accidentes laborales, así como enfermedades respiratorias, cutáneas y musculoesqueléticas por exposición a sustancias tóxicas”, señaló la senadora del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos.

Por ello, la legisladora en coordinación con sus compañeros de partido Cora Cecilia Pinedo, Martha Márquez y el senador Joel Padilla, promueven un punto de acuerdo en la Cámara Alta que busca combatir el trabajo infantil, situación en la que se encuentran menores de entre 5 y 17 años en México.

Los promoventes señalaron en el documento que los menores que se ven obligados a trabajar y dejan atrás su derecho a disfrutar la infancia, además de que afecta su educación, su nutrición y su desarrollo cognitivo.

Las causas del trabajo infantil son múltiples y complejas, pero destacan de entre ellas la pobreza, la falta de oportunidades educativas, las normas sociales, los conflictos armados y hasta los desastres naturales, circunstancias por las que se ven obligados a complementar los ingresos del hogar, señala el documento. 

Su iniciativa tiene el objetivo de que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como a sus homólogos en las entidades, a que redoblen sus acciones para prevenir, detectar y erradicar el trabajo infantil, además de realizar campañas de conciencia y sensibilización al respecto.

Exhortaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y sus homólogas en las 32 entidades del país, a que de verdad garanticen el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, y se refuercen o implementen planes y estrategias para evitar la deserción escolar.

Y es que como consecuencia de la deserción escolar, se priva a los menores de una educación de calidad, se limita su potencial, se obstaculiza el desarrollo económico de los países, además de que se perpetua la desigualdad y la exclusión social, lo que genera un círculo vicioso de pobreza y marginación, dijeron.