Tras la reciente búsqueda en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos han acusado al Gobierno Federal de instrumentar dicha acción como una medida distractora para limpiar la imagen del Ejército.
"Las madres y padres de los 43 rechazamos la búsqueda que realiza el Gobierno federal. Es una acción distractora que tiene el afán de lavar la cara al Ejército frente a los señalamientos de su responsabilidad en la desaparición de nuestros hijos", afirmaron a través de un comunicado; asimismo, manifestaron que esta búsqueda fue decidida unilateralmente por el presidente López Obrador en una reunión reciente
La búsqueda comenzó ayer con la participación del Subsecretario de Gobernación, Arturo Padilla Padilla, y el ingreso de algunos padres a las instalaciones militares para supervisar los trabajos de la Comisión del Caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ejército.
El grupo de padres representados por el abogado Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, decidió participar en las diligencias, aunque señalaron que no fue consultada con todos los familiares y que no se les permitió manifestar su oposición a la búsqueda. "Por el contrario, no se les permitió hablar para manifestar su oposición a tal diligencia", apuntaron en su comunicado.
La orden del presidente López Obrador para realizar la búsqueda se basó en el testimonio de un testigo que afirma que 25 de los estudiantes fueron detenidos e ingresados a las instalaciones militares antes de ser entregados al grupo criminal Guerreros Unidos en una colonia de Iguala. En 2019, se llevó a cabo una búsqueda similar en estas instalaciones sin resultados.
Según los padres, el testigo refirió que los estudiantes fueron temporalmente retenidos y torturados en el 27 Batallón antes de ser entregados a Guerreros Unidos. Los familiares de los 43 normalistas consideran que la búsqueda no tiene sentido y la califican como una medida desesperada del gobierno para limpiar la imagen de un Ejército vinculado con Guerreros Unidos, acusando al Ejército de saber en tiempo real lo que ocurría con sus hijos y de ocultar información relevante del caso.
"Esto confirma la pretensión del gobierno de atizar la división y usarlos para legitimar sus acciones, reprobamos esas prácticas añejas de gobiernos autoritarios del pasado que ahora se reeditan", concluyeron en el comunicado.