Aparte de gobernantes y legisladores morenistas, satisfechos y felices después de aprobar la iniciativa presidencial de crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, es muy difícil encontrar a conocedores y estudiosos del tema, gente seria, cuyo punto de vista sea favorable al nuevo esquema pensionario aprobado; casi no hay opiniones optimistas o que no expresen dudas y preocupación ante las dificultades para aplicarlo y que no aseguren que la creación de este fondo pone en peligro los ahorros, el patrimonio y los intereses de los trabajadores.

Nuestro Reporte Especial ofrece esta semana el resultado de su consulta sobre el esquema pensionario recientemente aprobado. Algunos de los entrevistados coinciden en que la propuesta aprobada carece de transparencia, que se trata de una imposición, que es contraria a la voluntad y a los intereses de los trabajadores, que el pretexto de entregarles el beneficio de una pensión del 100 por ciento de su último salario, “como nunca antes les habían concedido”, no tiene sustento presupuestal; y coinciden en que la propuesta presidencial no resuelve todos los problemas importantes de las pensiones de los trabajadores, por ejemplo, que no responde a la pregunta de cómo se pensionarán con el 100 por ciento los trabajadores en la informalidad que no cotizan en las Afores.

Expertos, economistas y legisladores opinan que la propuesta es insostenible a largo plazo y es inviable porque no está respaldada por la reforma fiscal indispensable para que el Gobierno cuente con los ingresos suficientes; agregan que es ilegal, porque ni el Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo tienen la autoridad legítima para disponer del patrimonio de los trabajadores.

Si lo anterior es cierto, ¿cómo se explica la osadía de diputados y senadores morenistas de aprobar, sin el consentimiento de los interesados, un esquema pensionario tan cuestionable? Para los analistas, la explicación es que tanto la iniciativa presidencial como su aprobación en el Congreso responden a la misma necesidad político-electoral por la que desaparecieron otros fondos, fideicomisos y programas; y que obedece a la premura de asegurar el triunfo de los candidatos morenistas en los comicios que se realizarán antes de un mes; presentar mediáticamente, como una magna obra, la pensión de 100 por ciento del último sueldo, servirá al partido en el poder para asegurar millones de votos de los trabajadores mexicanos, aunque en realidad no pueda llevarse a cabo antes de eliminar obstáculos, como el de asegurar previamente suficientes recursos a través de una reforma fiscal que haga que paguen más impuestos las grandes fortunas del país.