Homicidios, desapariciones forzadas y violaciones de derechos humanos son resultado de la participación de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública en México, lo cual ha provocado un aumento alarmante en dichos delitos durante los últimos 16 años, aseguró Amnistía Internacional (AI).
El informe fue presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el cual detalla casos preocupantes de abusos por parte de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, incluyendo tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas; entre ellos: el del pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo, donde soldados mexicanos presuntamente mataron a cinco jóvenes.
Asimismo, AI denunció la constante violencia sexual y feminicidios que persisten en el país, con un promedio diario de nueve mujeres asesinadas en 2023 “la falta de diligencia en la investigación de estos crímenes y la impunidad resultante han perpetuado el ciclo de violencia”, señaló.
Además, AI criticó la penalización de la libertad de expresión y reunión pacífica en México, con frecuentes ataques a periodistas y activistas, así como la utilización de la fuerza excesiva contra manifestantes “la opacidad y la falta de rendición de cuentas de las autoridades, especialmente en relación con el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, evidencian un grave problema de transparencia y acceso a la justicia”, puntualizó.
El informe de Amnistía Internacional también abordó la alarmante problemática de la desaparición de personas en México. La Comisión Nacional de Búsqueda ha documentado más de 12 mil nuevos casos de personas con paradero desconocido en 2023, elevando el total a más de 114 mil desde 1962. Esta situación se ve exacerbada por el creciente flujo migratorio hacia México, donde los migrantes enfrentan peligros adicionales, como la extorsión, la trata de personas, los secuestros y los homicidios.
En su informe, AI concluyó la necesidad urgente de abordar, investigar y castigar las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad en México, así como de garantizar la protección de los derechos fundamentales de todas las personas en el país.