De acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el incidente ocurrido el pasado lunes, 25 de marzo, en el tramo tres del Tren Maya, en el que un vagón del convoy que viajaba a Cancún se descarriló, podría deberse a irregularidades de construcción.
Según el informe de la Cuenta Pública 2022, presentado por la ASF, se realizaron pagos por trabajos que no se llevaron a cabo por un total de 18 millones de pesos. Además, se encontraron fallas en las vías y el material sobre el cual transitaba el tren.
“En la plataforma de la vía férrea se observaron durmientes que presentaban desprendimientos de concreto; en la estación Izamal se observaron durmientes con distanciamiento diferente al requerido de 60 centímetros; trabajos deficientes en tapas, marcos, registros, tuberías y rellenos de los trabajos de sistemas de señalización y comunicaciones”, se lee en el informe.
Sumado a estas deficiencias, estimaron un posible daño al erario por 18 millones de pesos, ya que Fonatur y el Instituto Nacional de Antropología pagaron por actividades de salvamento arqueológico y tratamiento en zona de vestigios, sin embargo, una revisión en campo mostró que en ese tramo no había objetos de esa naturaleza.
El pago por trabajo no realizado derivó del cobro por parte de Grupo INDI y la empresa española Azvindi Grupo Ferroviario, que supuestamente habrían realizado actividades de salvamento arqueológico a lo largo de los 158 kilómetros del tramo, pese a que en muchos de ellos no había monumentos ni restos.