Pequeños productores agrícolas, abandono gubernamental

Más que impulsar la producción, los programas gubernamentales son a lo sumo un débil paliativo y no operan con criterios productivos sino de control político.

Abel Pérez Zamorano

2020-07-26
Ciudad de México

El multicitado éxito de la agricultura exportadora no debe ocultar la crisis del sector productivo en pequeña escala, su abandono y la pobreza de los productores. Señalo hoy algunos aspectos fundamentales (sin pretender ser exhaustivo), particularmente de su problemática económica, estructural, en materia productiva, más allá de lo coyuntural, como variaciones del clima o de precios internacionales; más allá también de diseños y rediseños sexenales de la estructura burocrática, reinvención o cambios de nombre de las dependencias (como si con ello cambiara la realidad), ajustes en la superestructura que poco inciden sobre los problemas reales y carencias mil de los campesinos.

Convencionalmente se denomina pequeños productores, minifundistas (para ciertos efectos llamados también de agricultura familiar), a quienes poseen y trabajan cinco hectáreas o menos. Existen 5.4 millones de unidades económicas rurales (UER); de ellas 81 por ciento son de agricultura familiar, y producen 40 por ciento de los alimentos, 65 por ciento del maíz (Salcedo y Guzmán, FAO), aunque “Entre 72 y 82 por ciento de los hogares maiceros rurales destinan su producción al autoconsumo humano; es decir, no la comercializan” (Economía Nexos, cinco de febrero de 2019). En el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 se calcula en 3.9 millones las unidades de subsistencia o con poca participación en el mercado, con ingresos netos anuales inferiores a 17 mil pesos.

Por su falta de capital el minifundio está asociado a prácticas agrícolas tradicionales; difícilmente puede innovar, lo que reduce su productividad y eleva sus costos. Respecto a los productores en agricultura familiar, “Según estudios recientes, el valor del maíz que estos hogares cosechan para su subsistencia es diez veces mayor que su precio en el mercado” (Economía Nexos, cinco de febrero de 2019). En regiones marginadas no hay caminos sacacosechas. Solo el 19.6 por ciento de todas las unidades productivas tiene maquinaria propia, y la pérdida de fertilidad del suelo y su erosión progresiva afectan a casi la mitad. El 24.7 por ciento de todos los productores emplea tracción animal para la labranza, y la mayoría de los minifundistas produce en temporal. En el sector de agricultura familiar solo 41.8 por ciento aplica plaguicidas, con la consecuente pérdida por plagas y enfermedades. “La inadecuada aplicación de tecnologías se observa, en parte, por el hecho de que los rendimientos promedio de cultivos básicos en las UER correspondientes al segmento de agricultura familiar son inferiores a los rendimientos promedio del sector rural –maíz: 1.5 ton/ha [contra] 3.3 ton/ha; frijol: 0.5 ton/ha [contra] 0.8 ton/ha; trigo: 2.7 ton/ha [contra] 5.1 ton/ha–...”. (Eduardo Trejo, El sector agropecuario y otros datos de interés I, 23 de agosto de 2017).

Asociado al problema productivo está el financiamiento, como causa y efecto. Salvo en sectores específicos, la agricultura minifundista no es competitiva y su rentabilidad es baja, por lo que las instituciones financieras no ven atractivo financiarla: “... la falta de garantías reales y la ausencia de un historial crediticio por parte de los productores, hacen al sector poco atractivo para atraer financiamiento, por lo que las tasas de interés suelen ser demasiado altas. En este contexto, solo el seis por ciento de las unidades de producción agropecuaria tienen acceso al crédito institucional” (DOF, 2013).

En la comercialización enfrentan la creciente importación de productos agrícolas de Estados Unidos, destacadamente granos básicos, fuertemente subsidiados y artificialmente baratos, agravado esto por las caídas de los precios internacionales. Sujetos al intermediarismo, los pequeños productores reciben precios muy bajos por su producto, una forma de explotación de su trabajo condicionada, entre otras razones, por falta de capital para procesar, trasladar sus cosechas a mejores mercados o almacenarlas para esperar buenos precios. Tal depredación afecta también a los consumidores. A lo largo de la cadena el producto se encarece en cada eslabón. “El elevado nivel de intermediarismo en México encarece los precios de los alimentos 400 por ciento en promedio y hasta 630 por ciento en algunos casos” (El Financiero, 11 de septiembre de 2014). Y no hay indicios de que tan alto margen de comercialización esté bajando con la 4T.

Mientras los grandes productores se hacen escuchar y respetar, los pequeños no tienen fuerza de negociación (esto podrá superarse cuando se organicen y se defiendan unidos), debido a su escala productiva, su pobreza y dispersión. Y si en general los derechos de propiedad son inseguros, más lo son para los pequeños productores, afectados por la delincuencia en robo de cosechas, insumos, combustible e implementos, y con frecuencia víctimas de fraudes. No olvidemos que proveer un ambiente de paz y seguridad es responsabilidad fundamental del Estado, pero no lo hace.

Ante esta situación general, el gobierno no responde, como no sea con sus programas clientelares, no productivos, y que cubren solo a una exigua minoría; más bien ahonda el problema quitando recursos. El presupuesto del PEC (para el Desarrollo Rural Sustentable) se redujo este año en 12 mil 200 millones respecto al anterior. En total, en el PEF 2020 el apoyo al campo perdió 27 por ciento, pero el año pasado ya se había reducido 12.1 por ciento, conque en estos dos años cayó 40 por ciento (es el presupuesto más bajo de la Secretaría de Agricultura desde 2006).

Líderes de pequeños productores señalan que la Financiera Nacional les subió las tasas de interés de 9 a 18 por ciento anual, con más exigencias en garantías hipotecarias o prendarias a los créditos. Asimismo fue eliminado el estímulo fiscal otorgado desde hace tiempo al diésel agropecuario y pesquero, con lo que hoy, en Estados Unidos se paga 6.7 pesos por litro y aquí 19 pesos (CNA, 16 de junio 2020). También se recortó el financiamiento a seguros: a Agroasemex le quitaron el 50 por ciento; hay carencia de apoyos extraordinarios por sequías. Además, a las pérdidas en cantidad total de apoyos, agréguese que, en campo, frecuentemente los pocos subsidios son acaparados por agricultores poderosos, funcionarios públicos o caciques locales.

En lo antes dicho se resume la política de la 4T hacia la agricultura en pequeña escala. Más que impulsar la producción, los programas gubernamentales son a lo sumo un débil paliativo y no operan con criterios productivos sino de control político. Además, el apoyo no se institucionaliza debidamente. Mientras tanto, el campo continúa postrado en su crisis crónica, en espera de solución. Bueno será que sean los propios productores quienes empiecen por reclamar su derecho a recibir la atención debida. Ellos alimentan a México; merecen atención y respeto. En sus manos está la solución del problema.