Gasto social para un nuevo modelo económico (I de II)

López Obrador, para camuflar su política acendradamente neoliberal, ha bautizado a todas sus instituciones y programas con el nombre de “bienestar”, evocando el modelo anterior, como máscara.

Abel Pérez Zamorano

2022-08-07
Texcoco, Estado de México

Desde los años cuarenta, y hasta 1982, en México prevaleció un modelo económico llamado Estado de Bienestar, traducción literal del Welfare State inglés, formulado en 1945, inspirado fundamentalmente en el pensamiento del economista británico John Maynard Keynes, y en Latinoamérica teorizado y promovido por Raúl Prebisch, fundador y primer director de la CEPAL. Diré de paso que en los días que corren, López Obrador, para camuflar su política acendradamente neoliberal –de esto trataré en la segunda parte de este escrito– ha bautizado a todas sus instituciones y programas con el nombre de “bienestar”, evocando el modelo anterior, como máscara.

Triunfante la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, aquel país gobernado por la clase trabajadora y orientado a distribuir la riqueza, adquirió gran prestigio mundial y se convirtió en un atractivo modelo a seguir por los oprimidos de las naciones atrasadas. Vinieron luego, sobre la misma ruta, la revolución en China en 1949 y la de Corea en 1950, entre otras. Temeroso del “contagio” socialista, y para conjurarlo, el capitalismo mundial diseñó el Estado de Bienestar, ofreciendo así su propio modelo para las masas. Los gobiernos, como el nuestro, mediante un considerable gasto público procuraban dar la mayor cobertura a las necesidades sociales, facilitando grandemente vivienda, servicios básicos, salud, educación, recreación, seguridad social, pleno empleo.

Mas al caer la URSS en agosto de 1991 y el bloque socialista de Europa del Este en noviembre de 1989, dejó de existir (si bien temporalmente) el ejemplo que representaban y, ahora sí, libre de toda competencia y contrapesos, el capitalismo mundial sacó las uñas e impuso el modelo más rapaz, hasta hoy vigente: el neoliberalismo, inspirado destacadamente por los economistas de la escuela de Chicago, entre ellos el más conspicuo, Milton Friedman; al frente del imperialismo, Ronald Reagan y Margaret Thatcher lideraron este proceso. En México ello ocurrió en el sexenio de Miguel de la Madrid, y prevalece hasta el gobierno de López Obrador, como tendremos ocasión de puntualizar después. Con el nuevo modelo se puso el gobierno directamente al servicio de los grandes corporativos, nacionales y extranjeros, para proteger sus intereses, legislando a su favor, y favoreciéndoles en todo lo necesario para incrementar sin recato alguno la plusvalía extraída.

Con el neoliberalismo, el gasto social fue peyorativamente calificado de “populismo”, y se adoptó como ideal macroeconómico el recorte al gasto en la población “responsable”, le llamaron eufemísticamente. Ciertamente, debe señalarse, el modelo anterior había involucionado, en un proceso degenerativo que facilitó a sus enemigos liquidarlo.

Y así, México resultó más papista que el Papa: neoliberal entre los neoliberales. Y vino el castigo al gasto público, brutal. El gasto total neto del gobierno, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), en 1982 representó 42.2 por ciento, y en 2001 (casi veinte años después), 22.5 por ciento (alrededor de la mitad). Algo similar ocurrió con el Gasto Programable: en 1982 representaba 25.9 por ciento del PIB, y en 2001 el 15.4 por ciento (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, CEFP, Cámara de Diputados, Evolución y Estadísticas del Gasto Público Federal en México, 1980-2001). Se entiende por Gasto Programable la parte del gasto público total destinada a las instituciones del Gobierno Federal para que otorguen servicios a la población. Y no solo se trata de que lo presupuestalmente asignado es poco, sino que en el transcurso del año vienen los subejercicios y los infaltables “recortes” al gasto, que en términos reales lo reducen aún más.

Advierto a mis lectores que, sobre el gasto como instrumento de la política fiscal neoliberal, en éste y el próximo escrito abordaré solo el gasto público social; después me ocuparé del gasto público en inversión. “El gasto público social se define como el volumen de recursos destinados a financiar políticas relacionadas con las siguientes seis funciones: 1) Protección social, 2) Educación, 3) Salud, 4) Vivienda y servicios comunitarios, 5) Actividades recreativas, cultura y religión, 6) Protección del medio ambiente” (CEPAL).

En anterior colaboración citaba yo algunas referencias valiosas para ilustrar nuestro análisis, en los siguientes términos. “El economista Ha-Joon Chang señala como características principales del neoliberalismo (…) la reducción del gasto público (…)” (2015, Economía para el 99% de la población, Buenos Aires: Debate) (Chang, Ha-Joon es un economista sudcoreano, profesor de la universidad de Cambridge). En su artículo Tendencias neoliberales en la reforma de la gestión pública en América Latina (Revista Gerencia y Políticas de Salud, 2007), Teresa Gamboa Cáceres y Madelein Arellano Rodríguez escriben: “¿Cuáles son los rasgos dominantes de la modernización de la administración pública a comienzos del Siglo XXI (…) prevalece fundamentalmente la búsqueda de eficiencia y la disminución del gasto público; esto exige (…) contener el costo de la atención directa, reducir la intervención estatal y favorecer la transformación de los servicios sociales hacia modelos propios de la economía de mercado y los intereses de los grandes monopolios mundiales, con la finalidad de liberar recursos para cumplir compromisos con la deuda externa, respondiendo de esta forma a los intereses de los mercados financieros internacionales…”.

En el neoliberalismo no hay recursos para atender y proporcionar servicios a las comunidades y colonias populares. Incluso se criminaliza, difama y persigue a los temerarios que se atrevan a exigirlos. Los gobernantes deciden autoritariamente, con cualquier pretexto, no atender a organizaciones ni comunidades unidas, sino a individuos aislados, divididos, si bien les va. Se reduce o suprime el gasto público a dependencias y programas de verdadera ayuda a las clases populares: las guarderías infantiles, el Fonden, el Seguro Popular, apoyo a mujeres víctimas de violencia, medicamentos en hospitales populares, las escuelas de tiempo completo. Se reduce presupuesto a universidades públicas. En el neoliberalismo nada de lo anterior constituye un derecho del pueblo; y el gobierno ya no es garante de su atención. Todo se ha privatizado y convertido en mercancía, para lucro de las empresas, y quien desee obtener satisfactores a sus necesidades debe comprarlos, y si no tiene dinero… pues pobre.

Además, se asigna el gasto priorizando el interés de las grandes empresas, procurando garantizarles contratos jugosos, o se aplica en actividades suntuarias, por ejemplo, “embellecimiento urbano”, u obras faraónicas, para legar a la posteridad “la huella espectacular” del paso de un gobernante, mientras quedan en sempiterno abandono necesidades apremiantes de pueblos y colonias populares. Incontables comunidades rurales están incomunicadas o, en el mejor de los casos, cuentan con caminos intransitables; miles de escuelas carecen de servicios elementales como agua, electricidad, sanitarios, mobiliario, libros; normalmente, hospitales populares no disponen de personal suficiente, equipo y material médico. Pero sobre esto comentaremos con más detalle en próxima ocasión.