La 4T obligada a investigar a involucrados en los “Pandora papers”

Se deben hacer investigaciones robustas para esclarecer por qué los políticos de primer nivel de la 4T involucrados.

Francis Martínez

2021-10-09
Ciudad de México

En días pasados, el tema de los paraísos fiscales ha dado mucho de qué hablar. En una entrevista reciente con un experto en el tema, el profesor de la Facultad de Derecho en la UNAM, Jorge Lara, abogado internacionalista, sistema penal acusatorio, seguridad y justicia, prevención de lavado de dinero, respondió a algunas inquietudes con respecto al tema y el vínculo que comparte con la corrupción y cómo esta representa un pendiente para la “Cuarta Transformación”.

El experto señala que una de las comodidades que brindan los paraísos fiscales es el anonimato de sus clientes ante gobiernos por lo cual daría pie a actos ilícitos como el lavado de dinero, que permite esconder el origen indebido de ciertos recursos. Así mismo, actos ilícitos como el narcotráfico, defraudación fiscal, corrupción, etc. Incluso puede usarse como una estrategia para no pagar impuestos.

Jorge Lara critica fuertemente a las autoridades señalando que deberían actuar de manera oportuna y qué “no esperar que un grupo de periodistas haga su trabajo”. Ya que demuestra la deficiencia de las autoridades a la hora de cumplir con su deber. El profesor de igual manera señala que los ciudadanos estamos en posición de exigir a las autoridades respuestas ante estos casos.

Con respecto a los acontecimientos ocurridos con actores señalados, especialmente del gobierno en turno que abandera el combate a la corrupción, el experto señaló que “deberían de llevarse a cabo procedimientos rápidos de esclarecimientos, objetivos, creíbles y transparentes”, aunado a esto las instancias de combate a la corrupción, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera, que ha desplegado más operación en otros casos, en este tenga más bien un perfil bajo. Sin embargo, Jorge Lara crítica como se ha actuado ante estos casos en la presente administración, tales como encubrimiento y retardo de la justicia; un ejemplo de ello es el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador y las “aportaciones” que hizo a sus hermanos, de las cuales no dio prácticamente ninguna rendición de cuentas, salvo la intervención del tribunal electoral en esta semana.  El gobierno de la 4T está obligado a rendir cuentas y a investigar a estos políticos involucrados, de lo contrario, se confirmará que su combate a la corrupción es mera simulación.

Está también a prueba el primer mandatario del país, en un proceso de esclarecimiento contra los  presuntos evasores fiscales, sin importar que sean sus amigos o funcionarios de su equipo cercano. Si los gobiernos neoliberales quedaron en el pasado, se deben hacer investigaciones robustas para esclarecer por qué los políticos de primer nivel de la 4T involucrados, Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia; Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; el senador por Morena, Armando Guadiana; y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recurren a estos polémicos esquemas de traslado de recursos a paraísos fiscales.