Las fallas del paquete económico 2022

Un análisis del CIEP informa que el PEF 2022 concentra el gasto productivo en energía, que recibiría casi 15 veces más recursos que la inversión destinada a educación y salud en conjunto”.

Martín Morales

2021-09-19
Ciudad de México

En los casi tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), los recortes a las transferencias federales para entidades y municipios han obstaculizado las inversiones en los servicios públicos básicos de la mayoría de los dos mil 458 municipios y alcaldías de las 32 entidades del país.

En su análisis ¿Por qué la inversión pública no impulsará la recuperación económica en 2021?, Mariana Campos, investigadora de la organización México Evalúa, estudia con detalle por qué “la inversión física (obra pública) en México, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), se encuentra en niveles históricamente bajos y prioriza sectores no esenciales” pese a su imperiosa necesidad en regiones económica y socialmente muy atrasadas.

Campos explica que el “15 por ciento de la inversión (103 mil mdp) se destinará a 11 proyectos ‘consentidos’ del Presidente (Tren Maya, refinería Dos Bocas, Aeropuerto Felipe Ángeles, principalmente), cuya viabilidad técnica y/o rentabilidad económica aún están en duda”.

Asimismo, el estudio Inversión en México: Tendencias y Perspectivas a Futuro, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), afirma que los recursos destinados al desarrollo de infraestructura disminuyeron 0.3 puntos porcentuales del PIB entre 2015 y 2021, y que el sector energético ha sido el principal receptor de inversión pública en ese mismo periodo, cuando promedió el 1.8 por ciento del PIB anual, en contraste con el gasto en educación y salud, que sumaron el 0.6 y 0.5 por ciento y el 0.8 por ciento del PIB de los demás sectores.

El investigador y analista del CIEP, Kristóbal Meléndez, informó a buzos que la inversión extranjera se mantiene, pero no de acuerdo con los objetivos sociales del país porque, en situaciones de crisis como la generada por la pandemia de Covid-19, los inversionistas buscan áreas que les sean más rentables y sin contenido social, lo cual es responsabilidad de los gobiernos Federal y estatales.

“La inversión siempre es importante para el crecimiento económico. Sin embargo, no todo es crecimiento económico, también está el desarrollo económico, el cual se traspasa a la ciudadanía y no solo se queda en los grandes consorcios; y también pequeñas empresas ciudadanas se benefician de ese crecimiento económico”, destacó Meléndez.

 

Consecuencias de los recortes

La inversión pública destinada a financiar servicios públicos en los municipios tiene complicaciones específicas como las descritas a buzos por el morenista Jaime Heredia Ángeles, munícipe de Teotihuacán, Estado de México (Edomex), y vicepresidente de la Asociación de Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC), quien reportó que los problemas enfrentados por los ayuntamientos ahora proceden de los recortes en sus presupuestos.

Heredia explicó que en la disminución de recursos destaca la supresión de dinero en instrumentos financieros como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), subsidio destinado a apoyar la inversión en el servicio de seguridad pública y el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que brindaba atención a las comunidades damnificadas por fenómenos naturales imprevistos.

La reducción presupuestal ha afectado incluso programas especiales como el denominado Pueblos Mágicos, cuyo objetivo era brindar mantenimiento a municipios con atractivo turístico; o mejorar la imagen y rehabilitar áreas urbanas con tradición histórica.

En referencia a Teotihuacán, municipio que encabeza, advirtió: “en Fortaseg me quitaron 10 mdp al año; en Pueblos Mágicos, 20 mdp al año; y en Imagen Urbana, también 20 mdp. Estamos hablando de 50 mdp, menos otras reducciones que nos hicieron llegar”. En 2019, 2020 y 2021 ya no recibió 90 mdp anuales y, a finales de este año, la suma será de 270 mdp.

Debido a la disminución en el Fortaseg, explicó, “no pudimos pagar el seguro de los policías y no pudimos comprar patrullas”. En cuanto a Pueblos Mágicos “ya no nos dieron dinero y tampoco para mantener la imagen urbana, que son 40 millones en conjunto para darle mantenimiento a las vías primarias, luminarias, pintar fachadas, etcétera”.

“No pude invertir 270 mdp en esta administración porque no me los enviaron; invertimos en obra pública como 40 mdp al año, 120 millones en los tres años, en lo prioritario”, agregó Heredia.

Los perjuicios sociales fueron múltiples “porque no podemos hacer la obra que se requiera, no se puede trabajar en conjunto en las escuelas, darle mantenimiento a las vías primarias, dotar de algunos vehículos para la basura”. Todo esto tendrá complicaciones para quien llegue a la alcaldía de Teotihuacán en 2022. “Espero que haga austeridad, porque si no la hace, no va a poder hacer obras”.

Sobre las afectaciones por la carencia de recursos del Fonden, el munícipe de Teotihuacán comentó que, en este mes, se registraron intensas lluvias que provocaron inundaciones en siete comunidades del municipio, donde cinco mil familias sufrieron severas afectaciones en sus casas y perdieron sus bienes domésticos.

“¿Y de dónde me agarro? Ya no existe el fondo para protección civil, el Fonden”, expresó Heredia, quien indicó que aunque el nivel del agua estancada ya había bajado, los vecinos demandan todavía urgentes apoyos del municipio para enfrentar su condición de damnificados.

 

Subordinación fiscal de los estados

En el reporte Hablemos de los Ingresos de los estados, del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., fechado el 19 de febrero de 2020, se asevera que las administraciones locales tienen poca autonomía para cobrar impuestos propios debido al régimen de coordinación fiscal entre la Federación y los gobiernos estatales, ya que otorga mayor control fiscal al Gobierno Federal.

Las 32 entidades federativas únicamente generan 12 por ciento de sus ingresos con impuestos propios, mientras que el 80 por ciento de los recursos procede de la Federación que administra y distribuye ese dinero, con base en la recaudación los ingresos petroleros con criterios preestablecidos. Las administraciones locales solo recaudan seis de los 18 impuestos federales que podrían cobrar.

En el rubro de las participaciones federales a estados y municipios (otros son aportaciones, protección social y convenios) hubo una reducción de 40.8 mil mdp con respecto al monto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2019, lo que implicó que en lugar de 919 mil 817 mdp, recibieran 878 mil 924 mdp. Estas reducciones afectaron a 27 entidades, entre ellas Baja California, Quintana Roo y la Ciudad de México (CDMX).

En septiembre de 2019 se previó que las administraciones locales recibirían en 2020 un presupuesto global de 1.97 billones de pesos, cifra 0.5 por ciento menor a la destinada en aquel año. En las participaciones hubo una reducción del 0.9 por ciento; el 0.2 por ciento en aportaciones; 1.7 por ciento en materia de protección social; y 0.3 por ciento en materia de convenios.

El principal recorte se realizó en 2021, con una disminución de 5.5 por ciento de las partidas estatales, el más amplio de los últimos 10 años, según el análisis de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República. “El recorte presupuestal a estados y municipios de 108 mil mdp es un tiro de gracia a las autoridades locales, lo que afectará sensiblemente a los ciudadanos”, denunció el tres de noviembre de 2020 su coordinador, Mauricio Kuri González.

El legislador aseveró que el gobierno de AMLO tiene el objetivo de centralizar los recursos fiscales para sus proyectos políticos. “No le importa la gente, no le importa la necesidad, no le importa el difícil momento por el que atraviesan las familias; solamente le importa manejar un presupuesto a modo para satisfacer su ambición de poder”.

Actualmente se mantiene la expectativa sobre las transferencias a los gobiernos estatales en el PEF 2022. En el proyecto remitido al Congreso de la Unión para su aprobación el pasado ocho de septiembre, se plantea que el gasto federalizado para las 32 entidades se incrementará en 4.7 por ciento con respecto al asignado en 2021.

En el análisis Aspectos Relevantes del Gasto Federalizado del PEF-2022, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, se afirma que las asignaciones federales tendrán un monto de dos billones 108 mil 869.1 millones de pesos, “es decir, un aumento de 166 mil 725.8 mdp en términos nominales con respecto al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2021 (PEF 2021)”.

 

Caída general en 2021

El análisis Implicaciones del Paquete Económico 2021, del CIEP, señala que el monto fue de un billón 867 mil 338.4 pesos reales, “esto es 5.5 por ciento menos al presupuesto aprobado para 2020 y representa 29.7 por ciento del gasto neto total y 7.5 por ciento del PIB en 2021”. El gasto federalizado está formado por el paquete de recursos que el Gobierno Federal envía a los estados y municipios mediante participaciones, aportaciones y convenios para que las administraciones locales lo gasten en servicios y obras públicas.

El informe destaca: “Todos los estados recibirían menos gasto federalizado en 2021 en comparación con 2020; Tamaulipas y Zacatecas son las entidades que presentan menores decrementos con 2.8 y 3.4 por ciento respectivamente; CDMX y Campeche son los que presentan mayores reducciones, con 17.7 y 10.8 por ciento respectivamente”, revela el análisis.

Esto último es confirmado por especialistas del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado en su Análisis de los recursos federales identificados para las entidades federativas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, donde se señala que en el PEF 2021 se redujeron en 5.5 por ciento las transferencias a las entidades federativas con relación al monto de 2020, que se ubica en un billón 867 mil 376.7 mdp.

En el estudio citado líneas arriba, Mariana Campos afirma que la inversión pública del Gobierno Federal no será suficiente para reactivar la economía debido a cinco razones: 1) “No tiene el tamaño necesario, porque se ubica en mínimos históricos”. 2) Los ingresos federales se han reducido. 3) La inversión pública no está diversificada, es decir, no se destina a diversos objetivos, sino que la mayor parte se dirige al sector de hidrocarburos, específicamente a Petróleos Mexicanos (Pemex), que no retribuye adecuadamente su inversión porque es “una empresa abrumada por las pérdidas”. 4) Porque el “15 por ciento de la inversión (103 mil mdp) se destinará a 11 proyectos ‘consentidos’ del Presidente (Tren Maya, refinería Dos Bocas, aeropuerto Felipe Ángeles, principalmente), cuya viabilidad técnica y/o rentabilidad económica aún están en duda”. Y 5) porque la inversión pública no tiene el alcance regional necesario como para impulsar la actividad económica nacional.

“La inversión física en 2021 beneficiará solo a cinco entidades federativas: el 67 por ciento se concentrará en Campeche, Tabasco, CDMX, Edomex y Veracruz. En esas entidades se construirá al menos uno de los proyectos prioritarios de inversión del Presidente”.

El estudio Inversión en México: Tendencias y Perspectivas a Futuro, del CIEP, expone al respecto que la inversión pública es fundamental para impulsar el bienestar social, como lo recomienda el Banco Mundial (BM) cuando sugiere a los gobiernos que al menos apliquen el 4.5 por ciento anual del PIB en inversión y desarrollo de infraestructura.

En México, “el gasto público en (la) materia promedió 3.1 por ciento del PIB entre 2018 y 2020, mientras que para 2021, el monto presupuestado para inversión representaría únicamente 3.3 por ciento del PIB”, resalta el CIEP, además de insistir en que el gasto público en inversión se redujo en 1.8 puntos porcentuales del PIB entre 2015 y 2021.

Mariana Campos sugiere intensificar las inversiones públicas en las zonas con mayor marginación: “Una buena parte de la infraestructura social debe construirse en las regiones atrasadas, para que éstas puedan incorporarse al proceso de desarrollo”.

A partir de eso –asevera Campos– el grueso de la infraestructura económica deberá establecerse en las regiones intermedias, donde existe un nivel mínimo de servicios públicos y donde las inversiones de ese tipo pueden ser rentables. En cambio, las regiones avanzadas no deben acaparar los recursos de la inversión pública para no desplazar la inversión en las menos avanzadas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) –abunda Campos– plantea que “los recursos destinados a Pemex redundan en la desatención de sectores prioritarios como salud, educación e infraestructura que detonen el desarrollo regional (…) es vital invertir en proyectos rentables, de calidad y con impacto económico y social. De lo contrario, los proyectos solo implican un alto costo para la sociedad”.

Campos también aclaró que las políticas económicas de la actual administración federal no promueven la inversión privada, no ayudan a atraer recursos privados, y destaca que desde su inicio hay desconfianza hacia el actual Gobierno debido a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Aseguró que la inversión privada está atrapada en pocos proyectos de baja rentabilidad y focalizados en unas cuantas entidades, donde no van a redituar y mucho menos en el corto plazo.

El análisis Implicaciones del Paquete Económico 2022, del CIEP, informa que el gasto en inversión pública 2022 será de 829 mil 385.9 mdp y que “el PEF 2022 concentra el gasto productivo en energía; esta función recibiría casi 15 veces más recursos que la inversión destinada a educación y salud en conjunto”.

Mauro Leos, analista de la calificadora financiera internacional Moody’s para América Latina, esbozó, en los primeros días de septiembre, durante una conferencia virtual: “A principios de esta administración se planteó que iba a haber una recomposición de gasto, moviéndose de gasto corriente hacia gasto de inversión. No se ha dado. La inversión sigue siendo baja”.