Jalisco registra “focos rojos" en trata de personas

Hay claros indicios de una red de tráfico de menores, en la que están involucrados funcionarios de la Procuraduría para la Defensa del Menor, el Instituto Cabañas y varios albergues oficiales.

Sergio Villa Pérez

2021-07-25
Ciudad de México

El activista social Jorge Ruiz, quien preside la organización no gubernamental Contraloría Ciudadana de Derechos Humanos, denunció que hay claros indicios de una red de tráfico de menores, en la que están involucrados funcionarios de la Procuraduría para la Defensa del Menor, el Instituto Cabañas y varios albergues oficiales.

Ruiz recordó que durante la administración del exgobernador panista Alberto Cárdenas Jiménez se detectaron acciones y omisiones que propiciaron la separación de niños de sus padres, y que terminaron en la venta de aquéllos a familias de Europa, Asia y Estados Unidos (EE. UU.).

Una de las piezas fundamentales de ese engranaje oficial de tráfico de infantes es Eunice Paredes Jaramillo, quien en 2001 fue denunciada, junto a otros funcionarios públicos, de dar en adopción irregular a menores desde el Consejo Estatal de la Familia. Paredes Jaramillo fue nombrada recientemente Procuradora de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (PPNNA).

“En Jalisco está sucediendo algo muy delicado sobre la cuestión de los niños”, declaró el activista, al revelar que la presencia de Eunice Paredes podría propiciar la reactivación de una red de instituciones y personajes del gobierno estatal que negociaron adopciones de menores sin el consentimiento de los padres.

El despojo de estos niños se realizó con el argumento de que los padres eran viciosos, a algunos se les inventaron delitos penales, incluso fueron internados en cárceles para que sus hijos fueran entregados a familias ricas de EE. UU., recordó Ruiz.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco hizo una macrorecomendación en 2001, en la que se denunció con detalle el tráfico de menores y una reforma al Código Civil, y el Congreso de Jalisco estableció que los padres de familia que no provean de alimentos a sus hijos durante 90 días, perderán la patria potestad sobre ellos.

Actualmente, las crisis sanitaria y económica generadas por la pandemia de Covid-19, apuntó el activista social, están dando “herramientas” a la PPNNA, en manos de Eunice Paredes, para que se cometan nuevamente actos ilícitos como los de hace 20 años.

Una de las instituciones del gobierno de Jalisco responsables de proteger y brindar atención a infantes y adolescentes desamparados, es el Albergue 100 Corazones, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco, con domicilio en la Avenida Valle de Atemajac, en el fraccionamiento Jardín Real.

En esta institución se reportó la muerte de un niño enviado en una ambulancia del Sector Salud de Jalisco al Hospital Civil, donde se registró su muerte. Sin embargo, el Hospital Civil, dependiente de la Universidad de Guadalajara, negó que hubiera recibido a ninguna persona del Albergue 100 Corazones, por lo que el niño se encuentra desaparecido y hasta el momento ninguna familia lo ha reclamado, salvo la Contraloría Ciudadana que no cuenta con mayor información.

Empleados del albergue Cien Corazones han sido denunciados por agredir a varios menores; algunos de ellos aseguran haber sido torturados, ahogándolos en el excusado del baño o quemándolos parcialmente; una niña fue abusada sexualmente y existen peritajes especializados que apuntan como culpables a los cuidadores.

 

De niñas, el mayor tráfico ilegal

El Centro de Atención para Niñas y Niños con Discapacidad Intelectual Cien Corazones depende del Sistema Desarrollo Integral de la Familia en Jalisco y se especializa en la atención interdisciplinaria a población infantil y adolescente en estado de abandono, orfandad, maltrato o que padecen discapacidad intelectual leve, moderada o síndromes neurológicos.

Según la información oficial del albergue, tanto sus instalaciones como el personal especializado en diversas disciplinas, permiten a los internos el desarrollo de conocimientos y aptitudes y actualmente ofrece servicios al 50 por ciento de su capacidad.

El abogado Luis Antonio Gómez, con experiencia en derechos de infantes y adolescentes como titular de la PPNNA durante la administración estatal anterior, reveló que se han dado facilidades a quienes trafican con personas menores de edad en México y EE. UU.

Comentó que cuando encabezó la PPNNA se llevaron investigaciones en contra del personal del Instituto Cabañas por las agresiones cometidas contra una niña en estado de interdicción, a la que besaban y tocaban; pero que una carpeta de investigación detuvo su avance desde la oficina del gobernador de Jalisco.

Los traficantes de infantes para darlos en adopción o con fines de trata se aprovechan de que sus víctimas viven en situación de calle o que se encuentran separados de sus padres a causa de adicciones al alcohol u otras drogas.

Según el reporte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de 1964 a la fecha, en Jalisco se han registrado 20 mil 96 personas en esta situación. El 77.6 por ciento del total de desapariciones son hombres (15 mil 605) y el 22.5 por ciento mujeres (cuatro mil 475); pero de éstas, el 57.9 por ciento son menores de 18 años, por lo que existe la hipótesis de que éstas representan un botín para las bandas delincuenciales que se dedican a la trata en el nivel internacional, que tiene mercados en Medio Oriente.

El problema se agrava porque el número de los menores afectados tiene entre cero y 17 años (tres mil 155), de los cuales mil 829 eran mujeres y mil 326 hombres.

Para Anuar García, presidente de México SOS-Capitulo Jalisco, el volumen de desaparecidos y el hecho de que la mayoría sean menores de edad puede ser un indicio de que los tratantes de personas han encontrado un mejor negocio en la captura de personas con esta edad, por lo que alertó a las autoridades a investigar este aspecto.

Explicó que en los grupos de búsqueda de personas desaparecidas se percibe que la edad de los menores sustraídos y llevados con los tratantes oscila entre los 10 y 19 años.

 

Alza en trata de menores con la pandemia

Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, informó a un medio local que el Covid-19 tiene un impacto muy negativo sobre las personas de entre 0 y 17 años, que integran casi un tercio de la población total del país; asimismo sostiene que, al inicio de 2020, se registraron 57 carpetas de investigación por trata de personas, en las que 20 de las 31 víctimas eran niñas.

En un informe alternativo de México ante el Comité de los Derechos del Niño se condenó la participación de niñas, niños y adolescentes en los grupos de autodefensa comunitaria, como los 19 que entonces conformaban la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Policías Comunitarias de la región de la Montaña, Guerrero

También se denunció la cooptación de infantes por la delincuencia organizada en muchas ciudades del país, incluida la CDMX; el aumento del número de niños migrantes hasta ocho veces en el último año, la mitad de ellos viajando sin acompañamiento de adultos.

Indicó que hoy existe un notable incremento en la vulnerabilidad y el riesgo de trata de infantes y adolescentes en el nivel regional, debido a la emergencia sanitaria; ya que son destinados a la explotación sexual, la mendicidad, el matrimonio forzado, la adopción ilegal y la extracción de órganos.

En los últimos 15 años se ha triplicado el número de menores de 18 años que son víctimas de trata en el mundo y, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, con 5.4 millones de casos, aunque se calcula que solo es denunciado uno de cada 100.

Es, asimismo, uno de los países con mayor incidencia en pornografía infantil: en 2020, en la CDMX se abrieron 90 carpetas de investigación, en las que se registraron 73 víctimas con edades entre 0 y 17 años. A su vez, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños son víctimas de violación antes de los 18 años; y que cinco mil de cada 100 mil sufren tocamientos.

Por ello, urgió a acatar las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño con respecto a la modificación del Código Nacional de Procedimientos Penales para sancionar estos delitos, así como aplicar efectivamente la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y de Protección de Víctimas.

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad de la CDMX, Salvador Guerrero Chiprés, quien recientemente visitó Jalisco, informó que la trata de personas en esta entidad es muy alta, porque se registraron 25 denuncias penales en dos años y medio; y las organizaciones civiles hicieron 195 reportes en ese mismo lapso.

Guerrero Chiprés destacó que en Jalisco se han detectado al menos tres de las 11 modalidades que son sancionadas por las leyes mexicanas: la trata de personas con fines de explotación sexual, la mendicidad obligada y la explotación laboral o trabajo forzado. El experto reveló que estos datos forman parte de un primer reporte elaborado en Latinoamérica.

El Consejo Ciudadano de Seguridad ya presentó este estudio ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de Santiago Nieto y ante el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, Kristian Hölge.

Tal documento constata que, en 2019, predominaba la explotación sexual, pero que en 2020, cuando inició la pandemia de Covid-19, “se elevó muchísimo la explotación laboral”. Detalló que la explotación sexual y laboral son dos de las 11 modalidades que contemplan las leyes mexicanas relacionadas con la trata de personas.

Entre 2019 y 2020, Jalisco recibió 195 reportes: 94 en 2019 y 101 en 2020, en los que 67 por ciento de las víctimas eran mujeres y 33 por ciento, varones. El 78 por ciento de ellos reconocieron ser de nacionalidad mexicana.

El Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública ha informado que en Jalisco se presentaron cinco denuncias por trata de personas en 2019, 15 en 2020; y en lo que va de 2021, van cinco. El caso más reciente ocurrió en 2019, cuando una mujer de Guerrero que llegó a Puerto Vallarta para trabajar como camarera fue obligada por la dueña del hotel (quien fue detenida), a prostituirse.

“Gestionamos la línea nacional contra la trata de personas, por lo cual recibimos llamadas de todo el país, incluido Jalisco. De ahí la importancia de recordar la relevancia de atender este tipo de delitos”, refirió Guerrero Chiprés, quien advirtió que es indispensable la “coordinación entre empresarios, organismos de la sociedad civil, las autoridades del gobierno del Estado y las autoridades Federales” para combatir con mayor eficiencia estos delitos.

Explicó que en el caso de Jalisco, “nosotros tenemos identificado, como ustedes seguramente saben, que en Guadalajara, Chapala y Puerto Vallarta se han originado algunos reportes, curiosamente solo se emitió una de las modalidades, que es la de explotación sexual; pero sabemos que en el occidente del país también están presentes el tema de trabajos y servicios forzosos y el uso de personas menores de 18 años de edad en actividades delictivas; esta es una de las modalidades de trata y creo que esto debe resonar claramente en el occidente del país”.

“También están el matrimonio forzoso o servil y servidumbre, donde hay personas que tienen muchas personas a su servicio y no les pagan o los engañan, así como la mendicidad forzosa y la adopción ilegal de menoresˮ. En concreto –insistió–, “Jalisco tiene informes del 68 por ciento de las víctimas de trata.

“De acuerdo con los reportes, el 60 por ciento han correspondido a prostitución ajena u otras formas de explotación sexual; el 20 por ciento a mendicidad y el otro 20 por ciento a trabajo o servicios forzados (ejecutado por delincuencia organizada) y explotación laboral”.

El mismo estudio reveló que en seis entidades del país, incluyendo Jalisco, se concentra el grupo con edades entre los 11 y los 23 años –las personas más vulnerables– que han sido ubicadas en Rusia, India, China, Europa, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y la Isla de Malta.

“Esto habla del carácter global de este crimen, que es el tercero a nivel internacional más lucrativo, solo después del de las drogas y el tráfico de armas. Entonces sí tiene una perpetuidad global y tiene una conexión con ciertos lugares donde hay una cercanía turística”, concluyó Guerrero Chiprés.