Abuso infantil en escuelas: SEP y autoridades indiferentes

Ante las graves denuncias de violencia sexual en las escuelas, la única respuesta de la SEP ha sido “proceder con una investigación interna ante la denuncia de delitos graves, en lugar de llevarla a instancias correspondientes

Abigail Cruz Guzmán

2021-07-18
Ciudad de México

“No es un secreto. La explotación infantil en las escuelasˮ, reveló un informe de la Oficina de la Defensoría de los Derechos Humanos de la Infancia (ODDHI); pero un mes después, tanto la Secretaría de Educación Pública (SEP) como la Fiscalía General de la República (FGR) no se han pronunciado en relación con esta grave denuncia

Y los casos de abuso sexual contra niñas y niños en los colegios del país no paran. Los más recientes, denunciados en la Cámara de Diputados, han ocurrido en los estados de Morelos y San Luís Potosí, donde los presuntos autores son profesores y directores escolares, sin que las autoridades educativas y penales hayan intervenido para frenar este tipo de delitos.

Los funcionarios que “guardan silencio o son omisos” en la comisión de estos abusos son “cómplices de esos hechos”, han afirmado numerosas organizaciones de la sociedad civil –especializadas en derechos humanos– que están convocando a la población para intensificar la demanda y que el sistema educativo nacional se libre de abusos sexuales.

El expresidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, exigió la creación de una comisión legislativa que certifique y corrobore las denuncias; que dé respuesta al informe y brinde atención a los menores afectados; pues si no lo efectúa el Gobierno Federal, será “cómplice” de estos delitos; y por “omisión”, sus responsables deben ir a la cárcel.

“No pueden ignorar el informe; no pueden ser omisos en un tema tan delicado. Es un tema que deben afrontar”, enfatizó el exlegislador, quien entrevistado por buzos sostuvo además que, tanto las escuelas públicas como las privadas, deben ser espacios seguros donde se garantice la protección de los derechos de la niñez; “las que no cumplan deben ser cerradas, pues no pueden quedar impunes los delitos de violación y prostitución infantil”.

“El gobierno debe tomar en serio el informe de la ODDHI, atender lo que éste contiene, integrar una comisión, si se requiere, con las propias instancias encargadas de proteger los derechos de los niños, porque se va a requerir que se chequen, certifiquen y corroboren las denuncias para reparar inmediatamente el daño y brindar la atención adecuada a los menores”, agregó. Señaló que en el caso de los planteles particulares, el problema debe ser corregido de tajo mediante el condicionamiento del permiso o licencia ante la primera denuncia y, si hay otra, el cierre inmediato.

Los dirigentes de los partidos políticos se han sumado a la denuncia de esta situación. El vocero del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Herrera Ávila, coincidió con Alonso Raya en que es urgente considerar el Informe de la ODDHI porque esta institución cuenta con el aval de figuras con mucho prestigio, incluido Lorenzo Meyer, el único intelectual conocido cercano al Gobierno Federal.

En entrevista con este semanario, Herrera Ávila criticó la pasividad con la que ha respondido el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, quien solamente se la pasa esperando órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) o utiliza su tiempo para demandar a su cuñada, a quien pretende quitarle la herencia que le dejó su esposo, cuando su deber es perseguir las denuncias de abusos y violaciones a infantes y la producción de pornografía infantil.

Desde la perspectiva del vocero nacional panista en las denuncias presentadas por los menores, “no hay complot ni montaje ni acusación contra el Presidente; hay una revelación dramática, ante la cual el Gobierno prefiere cerrar los ojos. Creo que debemos insistir en esa tragedia. Tiene que ser investigada y castigada”, insistió.

 

Las víctimas exigen justicia

La secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Guadalupe Almaguer, solicitó a este órgano legislativo intervenir a la mayor brevedad para detener los abusos sexuales contra niños del Colegio Bilingüe Morelos, ubicado en Cuautla, a manos de su director Mariano Arámburo Reyna. La diputada federal por San Luis Potosí compartió con las otras integrantes de la comisión legislativa, evidencias en las que aparecen maestras de este colegio drogando a una de las niñas para ponerla a disposición de los abusos sexuales del director.

Almaguer Pardo pidió encarecidamente a la presidencia de la Comisión, no ignorar este caso y analizarlo para dar respuesta a padres de las víctimas, incluso acompañarlos para que se haga justicia lo más rápido posible. Afirmó que en su estado, San Luis Potosí, se han presentado otras denuncias que igualmente son soslayadas por las autoridades, ya que se niegan a investigar y castigar a los responsables, así como a evitar que se cometan más abusos.

“Que México se entere; éstas son las cosas de las que México se debe enterar: hay gobiernos estatales que solapan este tipo de abusos. No nos vamos a callar. Lo he dicho y lo sabemos quienes somos defensoras de causas y tenemos convicciones: estemos donde estemos vamos a seguirlo haciendo”, afirmó.

El lunes 31 de mayo, la ODDHI presentó un informe que revela la persistencia de abusos sexuales y pornografía infantil detectados en 18 escuelas, en agravio de menores de la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca. Los casos se registraron entre 2008 y 2018, y a la fecha se mantienen impunes.

La ODDHI denunció que, en 2019, la FGR declaró que no ejercería acción penal en el caso de la querella presentada con los denunciantes solidarios Lucía Servitje Montull, María Azuela Gómez, Lydia Cacho Ribeiro, Manuel Gil Antón y Juan Martín Pérez García por los “probables delitos de pornografía infantil cometidos en escuelas”.

Pese a que se integró una carpeta de investigación con base en las prácticas del nuevo sistema penal, la FGR negó acceso a los denunciantes con el argumento de que ninguno de los demandantes era víctima material de los hechos denunciados.

Destacó que las pruebas evidenciaban patrones utilizados por bandas organizadas que podrían tener ramificaciones internacionales en la difusión de pornografía infantil; pero aun así, la FGR consideró “agotada la investigación”; ya que, en los hechos, consistió en la emisión de cuatro oficios. En realidad “no realizó una sola acción de investigación seria antes de determinar el no ejercicio de la acción penal y cerrar el expediente”.

La ODDHI reveló que impugnó ante el juez de control, José Alberto Torres Villanueva, “tanto la negativa de reconocer a los denunciantes como víctimas, como la decisión de cerrar la investigación”. Es decir, negó a la organización “la calidad de víctima y no se discutió sobre la seriedad de la investigación realizada.

“Limitar las posibilidades de que organizaciones o activistas puedan denunciar y actuar como parte genera, en este caso, una garantía de impunidad, pues las víctimas de una escuela específica solo podrán exigir la investigación de lo sucedido en ese colegio en particular, haciendo imposible la investigación del patrón delictivo más amplio”. Con esa actitud, la FGR se deslindó de las facultades que tiene para actuar de manera oficiosa y decidió “concluir una investigación de posible delincuencia compleja con cuatro oficios, situación que es inimpugnable”.

La ODDHI identificó, tanto por denuncias directas como por solicitudes de información del país y externas, los “patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva en planteles tanto privados como públicos, comportamientos que pudieran ser indicativos de que algunas escuelas han sido capturadas para la comisión de delitos de explotación sexual en línea”.

Los patrones se repitieron en cuatro casos presentados por la ODDHI en 2008, 2011, 2012 y 2018, cuya información fue obtenida a través de solicitudes de información a distintas dependencias y organismos públicos de derechos humanos, así como por una revisión hemerográfica en la que se identificaron denuncias de abusos sexuales a niñas y niños de entre tres y siete años en 18 escuelas en CDMX (seis), Jalisco (cuatro), Oaxaca, Morelos y Edomex (dos en cada uno), y San Luis Potosí y Baja California (una escuela en cada entidad).

 

Primeros casos de abuso sexual

En 2011, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) buscó a la ODDHI para demandarle apoyo en la atención de 30 menores de entre tres y cinco años que habían sido víctimas de abuso sexual en un jardín de niños público de la CDMX. Las denuncias de los padres y los menores, así como testimonios recopilados por la ODDHI desde 2008 y que resultaban confusos, confirmaron que habían sido “víctimas de violencia sexual organizada en sus escuelas”.

La primera denuncia en 2011 exhibió una situación que resultaba difícil de creer: más de 30 estudiantes del preescolar público Andrés Oscoy, ubicado en la alcaldía de Iztapalapa, habían sufrido abuso sexual en la escuela. Los testimonios de los menores permitieron identificar a 10 personas involucradas en las agresiones directas, incluida la directora del plantel y el personal de intendencia.

La información hemerográfica, así como la recopilada en los medios electrónicos, permitió a la organización establecer que “en 13 escuelas se agrede a las víctimas en grupo”; en 16 “se reportan múltiples adultos presentes durante el abuso”; en 17 escuelas se denunciaron actos de encubrimiento y que en 10 “hay adultos que facilitan el abuso de los menores”.

Las denuncias de los menores evidenciaron la “dolorosa realidad” que persiste en el país y en el mundo, afirma la ODDHI, que además destaca que, a través de los años, ha observado que ante las graves denuncias de violencia sexual en las escuelas, la única respuesta de la SEP ha sido “proceder con una investigación interna ante la denuncia de delitos graves, en lugar de llevarla a instancias correspondientes, lo cual hace difícil distinguir entre la omisión y el encubrimiento”.

A la actitud indolente o cómplice de la SEP se suman las de las fiscalías locales y federales, cuyas reacciones han resultado en “fragmentación de la investigación, la exclusión de las víctimas y la falta de procedimientos adecuados para la testimonial infantil, que se traducen en una garantía de impunidad para la delincuencia compleja contra la infancia”.

El pasado tres de junio, durante su conferencia mañanera, el Presidente de la República fue cuestionado sobre el informe de la ODDHI y su respuesta consistió en calificar como “reprobable” que existieran agresiones contra los infantes e informó: “La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SPPC) está al pendiente de estos hechos, en estos casos se debe actuar con prontitud y prevenir a escuelas en la vía pública, y en todos lados estamos atentos todos los días y vamos a pedirle a la Secretaría de Seguridad que nos informe sobre violencia y acoso sexual en niñas y niños”.

Hasta ahora, sin embargo, se desconoce qué investigaciones ha realizado la SPPC respecto a las denuncias; el Jefe del Poder Ejecutivo federal no ha vuelto a comentar el asunto. El área de Comunicación Social de la SEP informó que, en ese momento, la dependencia, a cargo de Delfina Gómez Álvarez, “analizaba” el informe de la ODDHI y que en breve emitirá la posición del Gobierno Federal en torno al problema.

Los maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguraron desconocer el informe, sólo se limitaron a señalar: “como representación sindical, siempre estaremos a favor del debido proceso cuando se señale a un compañero por situaciones de violencia, pero nunca estaremos a favor ni defenderemos a quienes hayan incurrido en ilícitos”.

Aclararon que en cualquier queja de abuso contra menores, en cualquier plantel del país, la instancia encargada de resolver y castigar es la Coordinación de Asuntos Jurídicos, a través de la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil (UAMASI) de la SEP, por lo que se mostraron desconcertados por la información. Sin embargo, señalaron que el profesor o trabajador de cualquier escuela que haya cometido algún delito “deberá responder ante la ley y las autoridades deben garantizar la seguridad y salud de los infantes”.

 

Partidos y ONG's demandan justicia

Los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), exigieron a la SEP pronunciarse sobre estos hechos, “ya que es la principal y primera interesada en que esos casos se aclaren”. Además, exigieron una investigación y que las fiscalías, tanto Federal como estatales, abran carpetas de investigación y den seguimiento a todas las denuncias presentadas.

Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, comentó: “Esos hechos ponen en riesgo a la infancia de México, pues con qué confianza los padres de familia van a dejar a sus hijas e hijos en esas instituciones, sabiendo que están en un riesgo latente. Eso no puede seguir ocurriendo”. Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del CEN del PAN, consideró que el informe de la ODDHI es una denuncia, cuyos hechos la SEP debería estar investigando:

“En el tema de los niños violentados, me gustaría ver a un gobierno tanto Federal como de la CDMX muy activo, trabajando por nuestros infantes, trabajando por disminuir la violencia en los hogares de la capital, trabajando en disminuir la violencia con programas específicos, dirigidos a los niños y dirigidos a las madres, mucho más involucradas las autoridades en la educación cosa que hoy no ocurre”, lamentó.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Senado de la República, Kenia López Rabadán, se sumó a la exigencia de que se haga una investigación profunda y se abran carpetas de investigación judicial, ya que la explotación sexual de niñas y niños está acompañada de violaciones a los derechos humanos de ese sector de la población. También denunció que las autoridades de las escuelas hacen mal uso de sus funciones y facultades dentro de los planteles.

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil (ONGs) han calificado como “muy grave” el problema, y han exigido a la SEP que fortalezca los mecanismos de supervisión y sanción contra los responsables. En un pronunciamiento conjunto, 36 organizaciones sociales, agrupadas en la Alianza por los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes en México (AlianzaMx), académicos y expertos independientes en problemas de infancia y adolescencia, exigieron esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

“Hacemos un llamado enérgico a las autoridades competentes para prevenir, atender y sancionar todas las violencias que se ejercen contra los menores de 17 años en el país” y que se atiendan los abusos sexuales denunciados por la ODDHI, debido a que esa situación “vulnera los derechos de miles de niñas, niños y adolescentes desde hace mucho tiempo”.

La AlianzaMx se sumó a las voces que exigen a la FGR que “investigue y sancione a las personas que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes. La SEP debe fortalecer sus mecanismos de supervisión, prevención y sanción de las personas que incurran en cualquier vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia”. Por su lado, la Red Mexicanos Primero en su nivel nacional, así como sus capítulos en Jalisco, Sinaloa y Michoacán, demandaron “frenar” y “solucionar” definitivamente el abuso sexual a la niñez y juventud en las escuelas del país.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) también hizo un pronunciamiento público en torno al abuso que se comete en 18 escuelas de siete estados del país, y exigió al Estado mexicano, cuyas instancias Federal, estatales y municipales, tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para prevenir, detectar y atender oportunamente esos ilícitos en todos los ámbitos, incluido el escolar, de conformidad con las normas internacionales y nacionales de derechos humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.

En un comunicado oficial, reveló que las autoridades deben garantizar entornos libres de violencia en las escuelas del país, así como establecer mecanismos de denuncia, detección y canalización amigable y eficaz para proteger a niñas, niños y adolescentes contra cualquier forma de violencia, especialmente la violencia sexual. La Unicef, la Red de Mexicanos Primero y la AlianzaMX coincidieron en que también se requiere la creación de proyectos permanentes de servicio médico especializado, psicológico, jurídico y trabajo social para que las víctimas y sus familias sean restituidas y que las comunidades sociales asuman compromisos para que este tipo de delitos no se repitan.