Exdelegado de la 4T, rico empresario farmacéutico

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que las farmacéuticas de Lomelí han obtenido contratos del Gobierno Federal, que encabeza su amigo López Obrador, pese al descrédito de su renuncia obligada como “Superdelegado” en Jalisco en 2019.

Sergio Villa Pérez

2021-06-07
Jalisco

Carlos Lomelí Bolaños, dueño de 15 compañías farmacéuticas que, en los últimos tres años, lograron contratos por más de dos mil millones de pesos (mdp) con las instituciones de salud del Gobierno Federal, es candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de Guadalajara y se apresta a utilizar ésta como trampolín de sus aspiraciones como futuro postulante al gobierno de Jalisco.

Para don Carlos, su renuncia ante la “superdelegación federal” en Jalisco no representó ningún tropiezo fatal para su posible sueño de reunir el poder político al económico, ya que con la anuencia de su amigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no solo se autodesignó como candidato a alcalde de Guadalajara sino que, además, ubicó a sus cuates y colaboradores más cercanos en otras candidaturas a munícipes, diputados locales y federales.

O sea, está por convertirse no solo en un integrante más de la “mafia del poder económico”, sino en un cacique regional al más viejo y puro estilo priista después de que, hace poco más de un lustro, se aprovechó de una diputación federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para vender medicinas a la federación a precios muy altos, con lo que aumentó su fortuna personal, que hoy se estima superior a los 10 mil millones de pesos.

La red empresarial de Lomelí está formada con 21 sociedades anónimas y tres asociaciones civiles que, en el pasado reciente, obtuvieron contratos comerciales con los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Salud (SS) y los gobiernos de la Ciudad de México (CDMX), Jalisco, Estado de México, Nayarit, Chihuahua, Veracruz, Sonora, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Sonora, Colima y Tabasco, entre otras entidades.

En 2006, Lomelí Bolaños fue precandidato del PRD a gobernar Jalisco, pero entonces declinó y compitió por una senaduría, que no logró. En 2015, afiliado al Movimiento Ciudadano (MC), accedió a una diputación federal y, dos años más tarde, volvió a cambiar de partido para sumarse a Morena.

En 2018 solicitó licencia como diputado y contendió como candidato de este partido al gobierno de Jalisco, el cual ganó el emecista Enrique Alfaro, quien recibió la administración del priista Jorge Aristóteles Sandoval, recientemente asesinado en un bar de Puerto Vallarta. Hoy, como postulante morenista a la presidencia municipal de Guadalajara, renueva sus aspiraciones de gobernar Jalisco.

 

El sistema es Carlos Lomelí

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización civil que, desde el inicio del sexenio, ha denunciado los lazos del exdelegado federal en Jalisco con empresas beneficiarias de licitaciones millonarias, reveló que las farmacéuticas de Lomelí han obtenido contratos del Gobierno Federal, que encabeza su amigo López Obrador, pese al descrédito que significó su renuncia obligada como “Superdelegado” en Jalisco en 2019.

El reporte de MCCI revela que hay ocho empresas en las que participan 11 familiares y colaboradores cercanos del empresario: Lomedic, Proveedora de Insumos Hakeri, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfrán, Laboratorio Bioterra, Lo Vending Group, MC-Klinical y Grupo Quiropráctico del Bajío.

En la declaración 3de3 que Lomelí presentó en febrero pasado solo aparecen las cuatro primeras personas y en todas se hallan presentes las mismas: su exesposa Lourdes del Socorro Abundis Valdepeña y sus hijos Carlos, Karla Millaray y Lourdes Saraí; su actual esposa, Karina Lucía Navarro Pérez, y los tíos de ésta, Jorge y Francisco Ramón Pérez Estrada.

Actas del Registro Público de Comercio (RPC), obtenidas por MCCI, muestran que algunos de estos personajes figuran en el mismo mes tanto en empresas que Lomelí reconoce como propias como en las que se supone que no es accionista; aunque varias de estas compañías comparten un mismo domicilio en la calle Chicle número 205, en la colonia El Colli, ubicada en al oriente del municipio de Guadalajara.

La Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), empresa farmacéutica ligada a Lomelí Bolaños, firmó, en marzo del año pasado el contrato por adjudicación directa A-012M7A001-E84-2020 por siete millones 548 mil 199 pesos, con el Centro Regional de alta Especialización de Chiapas (CRAEC), para abastecer medicamentos y materiales de curación.

La responsable de la compra fue Guillermina Grajales, adscrita a la subdirección de recursos materiales de la Secretaría de Salud (SS). El contrato estará vigente hasta el 31 de mayo de este año; pero no especifica qué tipo de productos farmacéuticos suministra Abisalud. Raymundo Alva, director general de comunicación social de la Secretaría de la Función Pública (SFP) se negó a informar sobre la compra, aduciendo que hay un “proceso” en marcha, aunque también rechazó que se le investigue.

Sin embargo, más tarde, Rodolfo Hernández, director de información de la dependencia aseveró por teléfono que, en tanto no exista una sanción firme (como no ha ocurrido), Abisalud recibirá contratos y participará en licitaciones públicas. A la fecha, solo dos empresas de Lomelí han sido inhabilitadas para contratarse con el Gobierno Federal: Solfrán y Lomedic.

La relación del CRAEC con Abisalud no es nueva: el primero de enero de 2019, cuando Lomelí aún era “Superdelegado”, suscribió contratos para proveerla de medicamentos y materiales de curación. Este primer contrato, por adjudicación directa fue por 25 mil 44 pesos. Luego hubo dos más, obtenidos mediante licitaciones públicas, fechados el primero de abril de 2019.

En el portal Compranet, estos contratos están clasificados con los números: E30-2019 y E68-2019 y suman de 138 millones 388 mil pesos. El dos de septiembre de 2019, cuando aparece el último registro de Abisalud en la plataforma del Registro Público de Comercio, el administrador único de la empresa es Juan Carlos Tadeo Ramírez, esposo de la diputada morenista de Jalisco Érika Pérez García.

Tadeo Ramírez forma parte de la red gerencial de Lomelí Bolaños como apoderado legal del Corporativo Integral Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfrán, Laboratorio Bioterra y Lomedic, compañías que el empresario declaró en su 3de3 en febrero de 2019, después de que fuera nombrado delegado de la Secretaría de Bienestar (SB) en Jalisco.

Otro nexo más de Abisalud con Carlos Lomelí fue evidenciado en la licitación pública PCE-LPP-001-2019, cuando esta empresa ofreció medicamentos de Laboratorios Solfrán destinados a Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. Entre los fármacos ofertados se hallaban el antidepresivo fluoxetina, el antibiótico ampicilina, el antirreflujo ranitidina, ambroxol (contra la tos) y paracetamol, entre otros medicamentos.

Según actas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), cuando fue registrada la marca Abisalud, su apoderado Juan Carlos Tadeo Martínez Ramírez dio como domicilio legal el número 205 de la calle Chicle, departamento uno, de la colonia Parque Industrial Colli, Guadalajara. En 2014 firmó un contrato de compraventa con el IMSS con ese domicilio. Este predio es propiedad de Carlos Lomelí Bolaños, según el Registro Público de la Propiedad de Jalisco.

La SFP le suspende tres contratos

En 2020, la SFP informó que suspendió tres de los cuatro contratos que Laboratorios Solfrán había suscrito con el Gobierno Federal debido a que, según un medio de prensa, dicha empresa burló la inhabilitación de dos años y seis meses que le había impuesto en septiembre de 2019, misma que supuestamente había superado con base en una suspensión definitiva que le permitió participar en la compra de medicamentos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) efectuó entre el cuatro y 24 de diciembre del año pasado.

Sin embargo, SFP desmintió esta compra, la cual fue por 128.6 mdp. “La afirmación de que Laboratorios Solfrán ‘eludió la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública’ es errónea. A la fecha, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) no ha resuelto el fondo del asunto, es decir, que sea nula la sanción contra la empresa mencionada”, anunció la dependencia.

Detalló incluso que la medida cautelar que otorgó la Sala Regional del Tribunal aplica mientras se resuelve definitivamente el proceso. Con esto, las dependencias y entidades de la administración pública federal, la Fiscalía General de la República (FGR), las empresas paraestatales y los gobiernos estatales y municipales no pueden formalizar contratos con dicha empresa durante un periodo de dos años y medio.

La inhabilitación dictada en septiembre de 2019 y la multa de un millón 51 mil 500 pesos aplicada a Laboratorios Solfrán y Lomedic, S.A de C.V., se debió a que estas compañías falsearon información al contratarse con las instituciones públicas. “Las dos empresas manifestaron que no contaban con ningún integrante que fuera servidor público, cuando en realidad una persona que en ese momento era diputado federal era integrante de las mismas, lo que incumple con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, explicó la SFP.

Esta oficina federal descreyó la versión de Carlos Lomelí de que Abisalud no le pertenece porque, al igual que otras de sus compañías, tiene acceso a sus cuentas bancarias en Banorte y Banco Monex, según una investigación de MCCI recabada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco en la carpeta 146/2019.

Como resultado de esta indagatoria, fueron vinculados a proceso directivos del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) y representantes de Abisalud por los delitos de fraude y uso indebido de atribuciones y facultades en la adquisición con sobreprecio de medicamentos y materiales de curación.

Con respecto a la cuenta bancaria en Banorte, ésta fue abierta el 25 de enero de 2013 por José Hiram Torres Salcedo, actual regidor de Zapopan y entonces apoderado de Abisalud. Las firmas autorizadas para disponer de los fondos son las de Carlos Lomelí Bolaños, su esposa Karina Lucía Navarro Pérez y Laura Elena Ortiz Rodríguez, la administradora de Lomedic, empresa de la que fue director general durante seis años y que reconoce como propia.

El 20 de junio de 2020, el Presidente confirmó que la SFP investigaba al “superdelegado” de Jalisco, Carlos Lomelí y los contratos millonarios que sus empresas farmacéuticas habían suscrito con la administración federal a su cargo. Dos días antes, el 18 de ese mismo mes, había revelado que Lomelí Bolaños buscaba participar en la mega-licitación de medicinas convocada por la oficial mayor de la SHCP.

El 10 de noviembre de 2020, Lomelí fue deslindado de los actos de corrupción denunciados por la SFP y dudaron de que aspirara a las alcaldías de Zapopan o de Guadalajara en 2021. Pero apoyado desde el centro, por esos mismos días, convocó a una conferencia de prensa en la que acusó al gobernador Enrique Alfaro de encabezar una campaña de difamación en su contra; pero he resistido –señalaba– “los embates mentirosos de un grupo político que quiere adueñarse del estado y de sus comunicadores pendencieros”.

El depuesto “superdelegado” pudo decir esto porque el cinco de noviembre, la Sala 13 Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas había desacreditado las imputaciones que hacían responsable a una de sus empresas farmacéuticas de operaciones irregulares en contratos de compraventa con el Gobierno Federal.

En aquel momento, Lomelí declaró que no le interesaban las pérdidas económicas de sus empresas, sino la mácula que las “falsas” imputaciones dejaban en su reputación y el dinero de los jaliscienses que era dilapidado para atacarlo. Sin duda recordaba que una investigación de MCCI lo había obligado a abandonar su cargo como delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en Jalisco.

El partido Morena en Jalisco nunca ha logrado vincularse a las decisiones vitales de su militancia local, ya que Hugo Rodríguez no pudo sumarse a sus fundadores y tampoco José Narro Céspedes, enviado de la Ciudad de México. Por ello, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, decidió ser práctico y, sin convocar a Narro, se reunió con Carlos Lomelí y le entregó la candidatura de Guadalajara y las de otros candidatos a alcaldes y diputados locales y federales, nombró a Yeidkol Polevnsky delegada del partido en Jalisco y se fue a Guerrero a defender la candidatura de Félix Salgado Macedonio.

A unos días de la elección, las encuestas colocaban a Lomelí Boláños lejos de la posición preferencial de Pablo Lemus, del MC, en la disputa por Guadalajara; lo que, en parte, se explica debido a la información que asegura que de Lomelí usó una empresa “facturera” para firmar contratos de compraventa de medicamentos con el Gobierno Federal.

Además, el portal Latinus reveló recientemente que el que fuera “superdelegado” federal en Jalisco mantuvo una relación con el Cártel de Sinaloa para el abastecimiento de los precursores químicos que se utilizan en la fabricación de anfetaminas y que este hecho es investigado por las instituciones de justicia en Estados Unidos.