Fuga de capitales y caída de la economía

La fuga de capitales, la caída de inversión y crecimiento... tienen como causa evidente y directa un desastroso manejo de la pandemia que nos coloca entre los países más afectados; asociado a ello, una política gubernamental hostil a la inversión privada.

Abel Pérez Zamorano

2021-04-18
Texcoco, Estado de México.

Nuestra economía registra un preocupante retroceso. Por principio, hay una fuga de capitales. El año pasado los inversionistas extranjeros se deshicieron de 257 mil millones de pesos en bonos de deuda gubernamental: la mayor salida desde que se lleva registro (Banco de México), no obstante que aquí se ofrecen atractivas tasas de interés, superiores a las de EE. UU. (4.25 contra 0.25 por ciento máximo). Es “… la mayor liquidación de títulos de deuda de México en el mercado de dinero para un periodo similar desde 1995, evidencian cifras del Banco de México” (El Economista, 25 de agosto de 2020). Específicamente sobre capitales nacionales: “… mientras en 2017 el saldo de los depósitos de mexicanos fuera del país ascendía a tan solo 5,575 millones de dólares, ese dato se ha venido incrementando desde ese año de manera muy rápida y continua y al cierre del 2020 ya ascendía a 18,758 millones de la moneda estadounidense (…) ese flujo egresivo se ha venido acelerando en tiempos recientes dando lugar a que en el último trimestre del año pasado esa salida de fondos haya sumado más de 9,000 millones de dólares” (Bruno Donatello, El Economista, cuatro de marzo). El diario El País abunda: “De acuerdo con el banco central… un salto de 44% en comparación con 2019 (...) quienes tienen recursos en México están buscando la manera de alojarlos fuera del país en monedas más estables y países con mejores perspectivas económicas...” (El País, tres de febrero). México y Brasil lideran la salida de capitales entre todas las economías emergentes (Instituto de Finanzas Internacionales).

En ese contexto, retrocede la inversión. En enero pasado la inversión fija bruta cayó 10.6 por ciento a tasa anual; en construcción y en maquinaria y equipo, en 11.3 y 9.5 por ciento, respectivamente. Y la inversión pública, aunque la apariencia sugiera lo contrario, no impulsa: “… para que la economía de México crezca al menos tres por ciento, se requiere de una inversión (pública y privada) de 25% a 27% del PIB. Pero la inversión física del sector público en proporción del PIB ha venido en declive: desde el 4.2% de 2015 al 2.3% en 2019, según cifras de Hacienda” (Expansión, 12 de agosto de 2020). Reducida la inversión, cae el crecimiento: “Economía mexicana cae un 8,5% en 2020 y se resiente a niveles no vistos desde la Gran Depresión. El Producto Interno Bruto del país anotó su baja más pronunciada en casi 90 años, marcando su peor desempeño desde 1932, cuando el mundo aún resentía los efectos de la peor caída en la historia de la Bolsa de Nueva York 1929” (América Economía, 25 de febrero de 2021).

Lo anterior trae consigo, consecuencia lógica, más desempleo y pobreza, y una caída en la recaudación fiscal, pero como el gobierno sigue gastando en sus programas de compra de votos un dinero que no tiene, ha debido recurrir a la deuda ¿Recuerda usted aquello de “no endeudaremos al país”? Pues bien, “Mientras la deuda pública alrededor del mundo se incrementa para estimular la economía y atender la crisis por Covid-19, en México crece por la depreciación del peso y la caída de la economía (el gasto público extra para enfrentar los efectos de la pandemia es de apenas uno por ciento del PIB, APZ) (…)los saldos de la deuda neta del sector público federal reportaron el mayor índice como proporción del PIB del que se tiene registro (1990), muestran cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En 2020, la deuda de México representó el 52.4% del PIB, una cifra histórica, en 2019 el nivel fue de 45.1%. Además, el costo de esta deuda o pago por intereses representó el 3% del PIB, el nivel más alto registrado desde el año 2000…” (Expansión, dos de febrero de 2021). Y advierte la misma nota: “Aún sin solicitar mayor deuda a la aprobada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la deuda de México represente el 63% del PIB al cierre de este año…”. En dos años, esta administración ha contratado deuda por tres mil 855 millones de dólares, contra dos mil 331 en todo el sexenio anterior (RealState, Banco Mundial). Se está hipotecando el futuro, y esto implica, tarde o temprano, mayores impuestos al pueblo, o menor gasto público. Vendrá la resaca.

La fuga de capitales, la caída de inversión y crecimiento, la consecuente reducción de la recaudación fiscal y el aumento de la deuda, en un encadenamiento lógico, tienen como causa evidente y directa un desastroso, irresponsable y torpe manejo de la pandemia que nos coloca entre los países más afectados; asociado a ello, una política gubernamental hostil a la inversión privada. Es sabida la serie de atropellos al Estado de derecho cometidos por este gobierno, particularmente a normas y contratos: la Ley de Extinción de Dominio, cancelación del aeropuerto de Texcoco con su secuela de costos y daños a la confianza de los inversionistas; congelamiento arbitrario de cuentas bancarias, cancelación de la cervecera Constellation, ruptura de contratos con las gaseras, la reforma eléctrica que monopoliza la generación de electricidad en la CFE, atada a procesos sucios y caros; recientemente la reforma petrolera, y un largo etcétera.

Pero el golpeteo no es contra toda inversión privada. Impera un capitalismo de compadres, y el esquema llamado rent seeking (buscador de rentas), que no se orienta a impulsar la producción, sino, mediante relaciones políticas, a ayudar a empresas depredadoras (de amigos) a embolsarse dinero; eso significan los grandes contratos por asignación directa, sin pasar por concurso de licitación, práctica en que destaca este gobierno. No se garantizan condiciones de competencia para todas las empresas (exigidas históricamente por el capital, incluso en voz de los economistas clásicos). Así se ve en la política gubernamental agresiva contra instituciones independientes como el Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Comisión Federal de Competencia, entre otros. Se inscribe aquí también la incitación a la violencia, y el quebranto del orden institucional desde el gobierno, como en el ataque al INE y las amenazas, físicas incluso, a consejeros. No hay seguridad ni orden: gobiernan el abuso, el fanatismo y la ignorancia supina; el desdén arrogante a las leyes científicas que rigen la economía, cuya transgresión no puede quedar impune, y hoy paga la sociedad (gobernar no tiene ciencia, dijo López Obrador en frase memorable). No sorprende, pues, lo que hoy ocurre; era lógicamente esperable. Pero hay todavía mar de fondo en la estrategia económica de la 4T (si acaso existe alguna) y el modelo neoliberal en vigor. En próxima ocasión comentaré al respecto.