Parcialidad del juez Moro contra Lula condenó a Brasil al retroceso

La trama persiste para evitar una nueva candidatura presidencial de Lula mediante la creación de otras acusaciones, que aun cuando caen una a una, siguen enfrentando a Brasilia.

Nydia Egremy

2021-04-12
Ciudad de México

Con su abusiva actuación en el proceso anticorrupción Lava Jato (lavado de autos), el juez Sergio Fernando Moro no solo apresó más de un año al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sino que, al impedirle contender en la elección de 2018, condenó a 212 millones de brasileños a sufrir la oprobiosa presidencia del ultraderechista Jair Messías Bolsonaro. Esta trama persiste para evitar una nueva candidatura presidencial de Lula mediante la creación de otras acusaciones, que aun cuando caen una a una, siguen enfrentando a Brasilia.

En 2018, Lula da Silva, el antiguo sindicalista acerero, que fue el presidente de Brasil más prestigiado en su país y el mundo (2003-2011), lideraba todos los sondeos de opinión. El carismático político era favorito para regresar al Palácio do Planalto, sede de la Presidencia; pero un arbitrario proceso judicial lo desacreditó, vetó su candidatura y minó el derecho al desarrollo a millones de brasileños.

La maniobra judicial contra el también fundador del Partido de los Trabajadores (PT), evidenció el plan de la casta político-económica brasileña y sus aliados en el exterior: desacreditarlo para allanar el camino a un exmilitar inepto que medraba en la Cámara de Diputados durante su séptimo mandato y que es dócil al capital corporativo: Jair Messías Bolsonaro.

El plan fue exitoso: Bolsonaro dirige Brasil con autoritarismo. No logró atraer inversión extranjera, debilitó la lucha anticorrupción y resulta proverbial su sistemático desprecio a los derechos humanos de las minorías. Tras los incendios en la Amazonia, fue evidente su plan de abrir ese espacio de la biósfera protegida al desarrollo comercial, sin que le importara enfrentarse con el presidente francés Emmanuel Macron.

Durante dos años y dos meses en la presidencia, Bolsonaro atizó el etnocidio cuando amenazó la vida de pueblos originarios. Un caso dramático es el de las 10 familias uru eu wau wau, que apenas sobreviven debido a la veloz deforestación y al recorte de fondos que ordenó a la Fundación Nacional del Indio.

El muy católico presidente prometió no asignar “un centímetro más” a tierras indígenas protegidas y flexibilizó la portación de armas. Y ante la pandemia por Covid-19, su gestión ha sido pésima; hoy, Brasil suma más de tres mil defunciones diarias, mientras que la pobreza aumenta debido a los recortes a la asistencia pública.

Brasil

Tan porosa es la presidencia de Bolsonaro, que la cúpula militar no respaldó su plan de reorganizar el gabinete cuando destituyó al Ministro de Defensa. El 29 de marzo dimitieron los tres comandantes de las fuerzas armadas y de inmediato permeó la incertidumbre por los rumores sobre una ruptura entre el Ejecutivo y el Ejército.

Los desatinos persisten: el 31 de marzo, el nuevo Ministro de Defensa, general Walter Braga Netto, durante su primer mensaje público, y en ocasión de los 55 años del golpe de Estado de 1964, exaltó esta acción. Afirmó que la asonada buscaba “pacificar el país” y que ese movimiento ya es parte de la historia de Brasil.

Para hacer un balance en torno a la actuación injusta de Sergio Moro contra Lula, en el país más extenso y la mayor economía de América Latina, es imperdible la opinión del analista José Luis Fiori: “Los cambios en la Defensa constituyen una gran derrota para Bolsonaro, seguida de un flagrante error de cálculo y un paso en falso. El fondo de estos cambios es conocido y hay que recordarlo: la suma de la catástrofe sanitaria, el descalabro económico, el aislamiento internacional y la desintegración moral de la sociedad brasileña”.

Ante esta crisis que se profundiza, la izquierda brasileña tiene el desafío de consolidar un amplio frente político. Sin embargo, analistas como Oliver Stuenkel aseguran que Bolsonaro ha tenido éxito en lograr que sea inviable la formación de una oposición eficaz. Veremos, en el mediano plazo, cómo actúan las fuerzas progresistas brasileñas tras la presión del “efecto Lula”, ante un mal político que enfrenta el desastre inminente.

Trama de abuso

El Tribunal Supremo de Brasil dictaminó que el exjuez Sergio Moro fue parcial al juzgar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en dos casos de corrupción vinculados a la investigación denominada Lava Jato. El resultado influyó en otros casos de escándalo que llevaron a prisión a 174 funcionarios y empresarios, y generó más de 723 solicitudes de cooperación en el extranjero.

Este dictamen se apoyó en el estudio de los mensajes cruzados entre Moro y los fiscales del caso, cuya existencia y contenido fueron revelados en 2019 por el periodista de investigación Glen Greenwald en The Intercept Brasil. Para los jueces del Supremo, esa comunicación mostró una impropia cercanía con los fiscales y erosionó la imparcialidad del juez, que ya estaba “opacada” porque Moro aceptó ser Ministro de Justicia de Bolsonaro.

La expectación rodeó la votación en el Supremo por los dramáticos pronunciamientos de los magistrados. La jueza Antunes Rocha modificó su primer dictamen, como permiten las normas del alto tribunal, y lo explicó así: “Ya estaba decidida, pero no conocía todos los detalles que ahora tenemos. Considero positivo lo que probó el demandante y eso no significa que yo esté contra el combate a la corrupción”.

Bolsonaro

El juez Gilmar Mendes reiteró, por su parte, que consideraba a Moro “sospechoso” en las condenas que dictó contra Lula. En un momento de su crítica a la actuación del exmagistrado, al que comparó con la STASI (policía secreta de Alemania oriental), preguntó: “Después de conocer esto ¿alguien le compraría un auto usado a Moro?”

Lo respaldó Ricardo Lewandowski en sentido favorable a Lula; pero el juez Kassio Nunes, nombrado por Bolsonaro, votó a favor de Moro y por mantener la condena a Lula. No obstante, el expresidente logró el voto de tres magistrados.

Este juicio en el Supremo se produjo por el recurso que, en 2018, presentó Lula y que reivindicaba su inocencia. Ese año, el implacable juez Sergio Moro ingresó como Ministro de Justicia en el gobierno de Jair Bolsonaro.

Ése fue el segundo éxito judicial de Lula en unas semanas. El primero fue cuando, sorpresivamente, otro magistrado anuló las dos condenas contra el expresidente que sumaban más de 20 años de prisión. El fallo del Supremo representa un cambio en la perspectiva del futuro político en Brasil, pues Lula podría contender en los comicios de 2022.

Y para el sistema judicial, ese fallo es un reto de enorme proporción, pues se demostró la persistente parcialidad del juez Moro, lo que activa suspicacias frente a todos sus procedimientos judiciales y administrativos en la investigación Lava Jato.

También pone en duda las secuelas del proceso en 13 países, incluido México, donde apenas se ha descubierto una pequeña parte del mecanismo de sobornos sistemáticos a funcionarios de la constructora Odebrecht y a sus socios.

De superjuez a procesado

Sergio Fernando Moro solo ofició un año como Ministro de Justicia, pues dimitió después de acusar a su protector Bolsonaro de interferir en la policía para proteger a sus hijos contra varias indagatorias judiciales. Por ello, en abril de 2020, quienes lo acunaron cuando actuó contra Lula, las élites brasileñas, le dieron la espalda. Con esa renuncia, el magistrado vio alejadas sus aspiraciones de participar eventualmente en una elección presidencial.

Hoy, Moro es socio de Alvarez & Marsal, consultora jurídica domiciliada en EE. UU., que paradójicamente administra la quiebra de la principal empresa de la Operación Lava Jato, con 78 de sus antiguos ejecutivos como testigos protegidos.

Entrevistado por LexLatin en febrero, el implacable perseguidor de Luiz Inácio Lula da Silva afirmó: “Tengo absoluta tranquilidad sobre los aciertos de mis decisionesˮ y osó recomendar los trabajos de su nueva empleadora: “En este mercado existe una aspiración global de combinar buenas prácticas y ofrecer más calidad a los clientesˮ.

El antiguo juez Moro enfrenta ahora una sentencia por su parcialidad en las acciones que ejerció contra Lula. Si lo encuentran culpable, algunos de sus juicios serían anulados.

Para las fuerzas más reaccionarias de nuestro subcontinente y las antiprogresistas en Estados Unidos y sus aliados, la parcialidad del juez Moro en el juicio Lava Jato benefició al ultraderechista Jair Bolsonaro, quien llegó a la presidencia manipulando la indignación ciudadana por la corrupción generalizada.

Hoy, Bolsonaro sabe que están contados sus días en la presidencia del país más grande de América Latina. Más temprano que tarde deberá responder ante la Justicia por sus numerosas arbitrariedades político-sociales contra los brasileños.

Brasil

  

Parcialidad y abuso

El Juez Gilmar Mendes, presidente de la 2ª Sala, concluyó que el juez Moro no fue imparcial al procesar al expresidente por supuesto soborno —hecho a través de la entrega de un departamento en la playa— que nunca probó. Entre los factores que influyeron en su decisión figuran estas acciones cuestionables:

1.- Que fueron parciales las actuaciones de Moro para ordenar que se interceptaran – y en secreto– los teléfonos de los abogados de Lula.

2.- Información que hoy se conoce sugiere que, contra la ley, Moro coordinó y orientó, de alguna manera, las acciones de los fiscales a cargo de la investigación.

3.- El juez dio al proceso judicial un cariz político que buscó desprestigiar a Lula, lo que reforzó la imposibilidad de que éste se postulara a la presidencia.

4.- Además, Moro juzgó a Lula en primera instancia en Curitiba, epicentro de la investigación Lava Jato y los casos vinculados con la petrolera estatal Petrobras. Sin embargo, para el juez Edson Fachin, la causa debió juzgarse en Brasilia, pues los procesos de Petrobras no tenían relación con Lava Jato, el único caso donde Moro era competente desde Curitiba.

 

Poder castrense

Los 21 años de dictadura militar en Brasil (abril de 1964–marzo de 1985) imprimieron un nuevo perfil en las fuerzas armadas y su presencia fundamental sobre la política del país más extenso de América Latina. Se autoasignaron la misión de ser “protectores de la naciónˮ y con ello han obtenido enormes prerrogativas institucionales, tanto por el consentimiento de los gobiernos en turno –sin importar la ideología política– como por la fragilidad del poder civil.

Los militares controlaron la transición del régimen y blindaron sus intereses en el Artículo 142° de la Constitución, que les adjudicó el rol de garantes de la ley y el orden. Es decir, son autónomos para intervenir en esos rubros y el proceso político cuando lo juzguen pertinente.

De ahí que estén impunes por las desapariciones, torturas y abusos por una Ley de Amnistía que acotó todas las atribuciones de la Comisión Nacional de la Verdad, que instituyó Dilma Rousseff en su primer gobierno. En los militares persiste una visión que identifica a la izquierda y los movimientos sociales como una amenaza interna sobre el país, advierte Samuel Alves Soares.

“Esa resiliencia en el espacio político es más visible en el ejércitoˮ, explica el analista Samuel Alves Soares. En Brasil es usual verlos participando abiertamente en la toma de decisiones gubernamentales y formulando políticas públicas. Numerosos oficiales de distintos cuerpos desempeñan funciones de alto impacto en el gobierno que, según la tradición en la administración pública, corresponderían solo a funcionarios del Servicio Civil de Carrera; por eso trasciende que, hoy, los altos mandos castrenses disfrutan de la mayor cuota de poder que han detentado desde la dictadura militar.

Bolsonaro –excapitán retirado– siempre manifestó que las fuerzas armadas lo respaldarían, aunque Mariana Kalil, profesora de la Escuela Nacional de Guerra de Brasil, explica que eso es relativo, pues tiene mayor aceptación entre militares de bajo rango que en la oficialidad. Por ello es inexplicable su confrontación con el ejército; y los analistas suponen que la dimisión en bloque de tres jefes militares sería un intento de desligarse públicamente del mandatario y apoyarlo en un segundo plano para mantener su participación política.