Programas sociales: el arte de administrar la pobreza

Mientras no haya un gobierno interesado en acabar con la pobreza, seguiremos estancados en los programas asistencialistas utilizados como eje central de políticas de manipulación político-electoral y no como instrumentos para combatir la pobreza.

Jorge López Hernández

2021-03-01
Ciudad de México

México lleva más de medio siglo implementando programas para combatir la pobreza sin resultados satisfactorios. Miles de millones de pesos del presupuesto se han destinado a programas de alimentación, subsidios a productos básicos, transferencias monetarias directas, etc. A pesar de estos esfuerzos, la pobreza y la marginación generan estragos en gran parte de la población mexicana. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reportaban, antes de la pandemia, la existencia de 22 millones de personas en situación de pobreza extrema; ahora, este flagelo afecta a 32 millones de mexicanos.

A la política social de los años 40's y 50's del Siglo XX se le caracterizó como dual, debido a que su cobertura privilegió a los grupos de ingresos medios como trabajadores industriales, empleados del Estado y clases medias; en tanto que los trabajadores informales, los campesinos y los indígenas fueron excluidos de las principales instituciones de bienestar, como los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Con la aplicación del modelo económico “sustitución de importaciones” y su proyecto de industrialización rápida, el empobrecimiento del campo se agudizó y aparecieron los cinturones de miseria en los alrededores de las zonas urbanas. Para atenuar los problemas socioeconómicos y evitar el descontento social, el Estado creó una serie de programas asistencialistas para combatir la marginación y la pobreza, pero solo fueron parches para resanar las grietas del modelo económico en curso. Uno de los programas más ambiciosos fue la creación de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), que tuvo un objetivo doble: comprar las cosechas de los campesinos a precios competitivos y vender los productos subsidiados.

En el sexenio de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) continuó la política social dual y, para los trabajadores formales se crearon el Instituto Nacional para el Fomento de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot); mientras que para las zonas rurales se habilitó el Programa Integral de Desarrollo Rural (PIDR). El expresidente José López Portillo (1976-1982), por su parte, creó la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar), el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) y varios otros programas asistencialistas. Todos tuvieron el objetivo de reconocer y atacar el alto grado de marginación que padecían los grupos sociales excluidos del Estado “benefactor”.

A principios de la década de los 80, la crisis de la deuda, los precios bajos del petróleo y el agotamiento del modelo de industrialización provocaron la eliminación de la mayoría de los programas asistenciales del llamado Estado paternalista, lo que agudizó los índices de pobreza, desempleo, falta de vivienda, etc. En todo ese periodo, la política asistencialista no logró su cometido de distribuir la riqueza, ni mejorar las condiciones de vida de la población mayoritaria. Lo que sí logró fue el control social y político de esta población por los gobernantes en turno. Fue un ensayo exitoso para administrar la pobreza.

Con la imposición del modelo económico neoliberal, la política asistencialista y el arte para administrar la pobreza se modernizó con la activación de los programas de transferencias monetarias directas. Así nació Solidaridad; luego, Progresa, Oportunidades, Prospera y ahora vemos los programas de Bienestar del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T). Todos tienen el mismo discurso: combatir con dinero en efectivo la pobreza y los rezagos sociales.

Estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) han evaluado como positivo el efecto de estos programas en algunos rubros –la afiliación a los sistemas de salud, el mejoramiento en los niveles de escolaridad y en las condiciones de vivienda, etc.– pero negativo en el ingreso familiar, ya que éste no ha aumentado. En síntesis: los programas sociales no han acabado ni acabarán con la pobreza porque son un paliativo. Además, representan un instrumento efectivo de los gobernantes en turno para mantenerse en el poder y, sobre todo, funcionan como un buen analgésico social para evitar movilizaciones sociales. Por tanto, mientras no haya un gobierno interesado realmente en acabar con la pobreza, veremos programas asistencialistas utilizados como eje central de políticas de manipulación político-electoral y no como instrumentos para combatir realmente la pobreza.