Guatemala, al servicio del gran capital

Miles de manifestantes en todo el país denunciaron la falta de transparencia de tal proyecto y rechazaron más reducciones en educación y protección social.

Nydia Egremy

2020-11-29
Ciudad de México

El 17 de noviembre quedó como la fecha sin retorno en los planes de la oligarquía de Guatemala por mantener, de manera indefinida, un Estado débil, precarizado y sin desarrollo humano, cuando las mayorías nacionales salieron a las calles a repudiar rotundamente el Presupuesto de Egresos de 2021.

Este proyecto de gasto del gobierno de Guatemala para el año que entra reducía las partidas para salud y perpetuaba la precariedad social. Ofendidos por ese desdén de la clase dirigente, estalló el descontento de los guatemaltecos, que exigieron la renuncia del presidente Alejandro Giammattei. Ante la presión de la protesta, el Congreso retiró el polémico plan la madrugada del lunes 23.

Miles de manifestantes en todo el país denunciaron la falta de transparencia de tal proyecto y rechazaron más reducciones en educación y protección social.

Aunque Guatemala tiene la mayor tasa de mortalidad infantil de Centroamérica, la iniciativa proponía reducciones en el gasto para prevenir la desnutrición infantil, el tratamiento del cáncer y otros males degenerativos, denunció el grupo de análisis Plaza Pública.

La disminución presupuestal del sector sanitario en un país con más de 119 mil contagios y cuatro mil 76 fallecidos por Covid-19, con una red hospitalaria superada por la emergencia y donde el robo de insumos y equipos médicos costó el cargo al titular de Salud y a dos viceministros.

También propone la reducción de las partidas para universidades públicas y el poder Judicial y un aumento en el financiamiento a los proyectos de infraestructura para empresas con vínculos en el gobierno. Asignaba 12 millones de dólares (mdd) para la nueva sede del Congreso; pero ninguna de las obras respondía al impacto sanitario ni socioeconómico de la pandemia y el de los dos mega-huracanes, Eta e Iota.

Guatemala

Los diseñadores del amorfo plan de gasto fueron el oficialismo y sus aliados. Las protestas contra tal medida aumentaron, pero el gobierno las reprimió. Cuando la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) exigió el fin de la represión, el presidente Alejandro Giammattei solo ofreció más castigo a quienes “vandalizan la propiedad pública”.

Pese al logro histórico ciudadano, queda intacto el sistema que propicia la desigualdad. La batalla contra el presupuesto de las élites causó una gran fractura en el gobierno, pues el vicepresidente Guillermo Castillo pidió a Giammattei vetar la ley fiscal. El mandatario y los parlamentarios tardaron tiempo valioso en aceptar esa propuesta.

De acuerdo con la ley, el presupuesto debe aprobarse antes del 30 de noviembre. Si no es así, entrará en vigor un ejercicio fiscal similar al de este año, cuyo monto es de 10 mil 390 mdd.

Élites al mando

Guatemala es el país más poblado y la mayor economía de Centroamérica. Su oligarquía y élites, asociadas a la propiedad de la tierra y al control de las organizaciones gremiales, han sido históricamente intransigentes. Ellos detentan el monopolio de la madera, la pesca, el agua y los cultivos de café, plátano, algodón y caña de azúcar; así como la minería, la siderúrgica y la petroquímica.

La oposición a este esquema feudal por los insurgentes dejó más de 200 mil muertos y unos 70 mil desaparecidos por la política de “tierra arrasada”, aplicada en la guerra civil (1960-1996). Para beneficiarse de esa riqueza, la burocracia militar se sumó a la oligarquía. Todos medran frente a un Estado débil que dejó el camino libre al crimen organizado,” explica el analista de Insight Crime, Edgar Gutiérrez.

Se distinguen dos ejes en los grupos de poder: quienes hicieron negocios desde una matriz terrateniente ideológicamente conservadora y los altos militares, que ejercen el control social y político de las instituciones.

Trump

Entre los años 80 y 90, el empresariado nacional protagonizó una profunda reconversión política. A partir de las privatizaciones y la creciente inversión extranjera que privilegió zonas económicas, formó grupos económicos asociados al Estado y al sector militar. Son las actuales élites emergentes.

Mientras aumentaba la politización del empresariado nacional, los capitales y compañías multinacionales se expandieron en el sector primario. El resultado fue la imparable ola de reformas económicas que modelaron un nuevo orden económico y social, impulsadas desde el sector privado.

Persiste el eficiente mecanismo de asimilación y preservación elitista del matrimonio de conveniencia con aristócratas, una práctica que predomina desde el Siglo XIX, explica Marta Casaus en su ensayo Guatemala: linaje y racismo. Así, la oligarquía local se expresa en corporaciones que mezclan apellidos “ilustres” con los que emergieron en la industrialización.

Hoy, dominan el 75 por ciento de la banca, concentran más del 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), controlan medios de comunicación, contratan firmas cabilderas en Estados Unidos (EE. UU.) y Europa, oficinas de seguridad e inteligencia privadas e influyen en las cortes de justicia y el gobierno, afirma el estudio Élites y crimen organizado en Guatemala.

Hay dos nuevos actores. Las nuevas fortunas semiindependientes, de familias que quebraron en los años 80 y resurgieron a la sombra de los negocios públicos, exportaciones no agrícolas, el turismo y el contrabando.

El otro es el poder cooperativo, que encarnan la poderosa Asociación Nacional de Cafeteros y el Banco de Desarrollo Rural con sus más de 16 mil accionistas. El Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) se considera el partido político de facto de las élites. Ejerce control sobre las políticas fiscales del Gobierno y en tiempos de crisis asume un rol beligerante.

Poder fáctico

La oligarquía guatemalteca se integra con familias que detentan el poder económico y político desde hace siglos. Ocho grupos conducen la política, justicia y economía guatemalteca e integran un “Pacto de Corruptosˮ que mantiene secuestrado al Estado y violenta a todo el que exige un cambio profundo en el país, refiere Tucchi. Todos colocan a sus miembros en el gobierno.

Familia Castillo. Se les conoce como los Rockefeller de Guatemala; tienen el monopolio de la cerveza y el cemento, poseen fincas rurales, urbanas y acciones en medios de comunicación. Fundaron la Financiera Industrial y Agropecuaria.

Familia Kong. Emparentada con los Castillo; posee fincas y procesadores de algodón.

Familia Paiz. Accionista de la mayor cadena de supermercados.

Familia Samayoa. Cafetalero y Ministro de Desarrollo 1971-1977.

Familia Herrera. Despojó de tierras a comunidades indígenas; posee el mayor ingenio. Carlos Herrera Luna fue presidente en 1920 y los Herrera Ibargüen poseen el monopolio textil Cantel.

Familia Aycinena. Su fortuna nació con el monopolio del añil; poseen fincas de café, bancos y aseguradoras. Mariano Aycinena fue presidente y sus herederos ocuparon cargos en el gobierno.

Familia Urruela. Navieros, vinateros; poseen la segunda exportadora de café. Un de ellos fue Ministro de Hacienda, de Guerra y Relaciones Exteriores. A esta familia perteneció el presidente Jorge Ubico (1930).

Élites del siglo

Familia Arzú. Terratenientes, azucareros con cargos políticos. Álvaro Arzú (1986) fue alcalde capitalino y presidente.

Familia Klee. Karl Klee, el mayor exportador de cochinilla (1820), creó la dinastía Klee Ubico. Tiene el monopolio del cemento; es socia del Banco Internacional y varios de sus miembros han sido legisladores.

Familia Köng. Poseen fincas de algodón, fabricas de aceite y jabones.

Familia Ibargüen. Dirige la textilera Cantel.

Familia Bouscayrol. Posee fincas de azúcar e ingenios; distribuye maquinaria agrícola y fertilizantes.

Familia Samayoa. Se apropió de fincas de café.

Familia Botrán. Principal accionista de industria licorera. Posee fincas de azúcar e ingenios. Uno de ellos fue Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutrición (2004-2008).

Familia Paiz. Vendió a Walmart su mayor cadena de supermercados y hoy son sus socios. Rodolfo Paiz fue ministro de Finanzas y candidato presidencial.

Familia Gutiérrez. Tiene el monopolio avícola y de empresas harineras. Son accionistas de la española Telefónica.

Familia Campollo. Controlan mercado azucarero y de palma africana. Intereses en electricidad y petróleo.

Familia Leal. Azúcar, ingenios, proyectos inmobiliarios. Mario Leal fue candidato a la vicepresidencia en 2015.

Familia Torrebiarte. Ganado y cultivo del hule, palma africana, sector industrial y financiero con Grupo Cobán.

Los partidos en Guatemala solo movilizan a la sociedad hacia uno u otro actor a conveniencia. Este Siglo, la política se atomizó en decenas de partidos –llegaron a sumar 80 y, tras las elecciones, desaparecieron o se fragmentaron–.

En los comicios de 2007, 2011 y 2014 participaron más de 20 partidos, muchos incursionaron por primera vez como FC-Nación, que obtuvo la Presidencia de la República con Jimmy Morales en 2015.

Oligarquías y élites trabajan para obtener ventajas en las políticas de seguridad y económicas. Por eso financian a candidatos y sitúan a sus cuadros en ministerios estratégicos como Finanzas, Obra Pública y Economía.

Mercado

Corporaciones y gremios compensan, con “dobletes”, la lealtad de los ministros. Al favorecer monopolios, nuevas formas de dominio político e ideológico aumentan la desigualdad y la división social. Ésa es la forma en que las élites alcanzan cada vez mayor influencia en la conducción del Estado, refiere Gutiérrez en Insight Crime.

El Covid-19 y las élites

En la cuarta semana de noviembre, Guatemala reportó 119 mil contagios por Covid-19 y cuatro mil 76 fallecidos. En agosto, era el país con más decesos en Centroamérica y el Caribe (dos mil 600), a pesar de que, el 17 de marzo, el gobierno decretó Estado de Calamidad Pública, suspendió las garantías individuales e impuso toques de queda y Estado de sitio en varios municipios.

Esas medidas se prorrogaron en cinco ocasiones, pero no contuvieron la pandemia. Entretanto, los empresarios agradecieron la militarización del territorio y los cuantiosos contratos para proveer insumos médicos y camas en hospitales privados.

Guatemala vio subir las cifras de contagios y muertes con hospitales saturados, un sistema de salud deteriorado e información cuestionable. Pese a tener el presupuesto más alto de su historia, el sistema de salud no acotó los contagios, lo cual confirmó que la pandemia se utilizó para garantizar los intereses del gran capital, explica el analista Giorgio Trucchi.

La élite contraataca

¡Portillo se enfrentó a los poderosos! ¡Rompió el monopolio del azúcar y el cemento!, decían al periodista Rodrigo Baires los seguidores del empresario y presidente Alfonso Antonio Portillo (2000 y 2004), quien desafió a la oligarquía y se mostró hosco ante los representantes estadounidenses.

Se convirtió en el gobernante más detestado por el poder económico del país porque acotó los monopolios y la imparable alza de precios en artículos básicos, al abrir el mercado a la importación de carne de pollo, de harina, azúcar y otros bienes bajo control del empresariado.

Además, aumentó el salario mínimo a un nivel sin precedente y lanzó una lucha antidrogas con una estrategia distinta a la de EE. UU.

Mientras lanzaba discursos provocadores, bajó la tarifa eléctrica a los sectores más pobres y aprobó su Estrategia de Reducción de la Pobreza que pretendía aumentar la recaudación fiscal y crecer al cuatro por ciento anual.

Fue el único mandatario que admitió la responsabilidad del Estado en dos masacres cometidas por el Ejército en 1982, que cobraron la vida de 290 civiles, así como de ocho crímenes políticos. Tras el fin de su gestión, fue diputado del Parlamento Centroamericano, pero se le privó de inmunidad al ser enjuiciado y permanecer preso varios años en una base militar de su país. En 2013 fue acusado de peculado por EE. UU. que lo extraditó; ahí se declaró culpable y en 2015 regresó libre a Guatemala.

La pandemia ha agudizado las diferencias sociales, debido a la presión de las élites empresariales para reabrir los negocios, alegando pérdidas invaluables, así como una reforma fiscal, denuncia Julián Cárdenas, de la Universitat de Valencia.

Toda la estrategia sanitaria se orientó a garantizar los privilegios de la oligarquía guatemalteca. En todo el país aumentaron las detenciones de indígenas y periodistas y las agresiones a defensores de derechos humanos.

Militarizacion

Con la militarización, el gobierno de Giammattei provocó desplazamientos forzosos, abusos sexuales y agresiones. “Ha usado de modo perverso la pandemia y la poca movilidad de la población para sostener intereses de los grandes capitales”, denunció la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Ufedegua).

El Estado de Prevención se mantuvo en algunos municipios (Izabal y Alta Verapaz) alegando la “presencia de grupos armados”. Sin embargo, la Ufedegua afirma que esa contención fue para garantizar intereses de las empresas mineras y corporaciones agroindustriales en la zona.

Guatemala figuró el año pasado entre los países con más defensores de la tierra y bienes comunes asesinados, según el informe 2020 de Global Witness. Solo entre enero y junio de este año, la Ufedegua contabilizó 677 agresiones contra actores sociales pertenecientes a 70 organizaciones y comunidades.

Geopolítica del quetzal

Centroamérica es la región con más dificultades económico-sociales de América Latina y Guatemala, la mayor economía regional, padece una inestabilidad endémica que preocupa a EE. UU., receptor de la ola de emigración centroamericana, del creciente tráfico de drogas y trata de personas.

La respuesta de Donald Trump a ese desafío fue la Iniciativa para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, una estrategia de seguridad y control geopolítico. Esa medida implica mayor militarización en una zona de conflictos permanentes. En junio de 2019, impuso a Guatemala el pacto de Tercer País Seguro, refiere Daniel Villafuerte.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció a Guatemala una zona de libre comercio, con polos de desarrollo en la frontera común, para favorecer inversiones que atrajeran mano de obra local. El plan fracasó debido a las pugnas entre los grupos de presión en Guatemala.

En abril se tensó la relación cuando el mandatario guatemalteco criticó la “poca respuestaˮ del gobierno mexicano ante la emergencia por Covid-19 y advirtió que traería efectos nefastos para su país, debido a que ambas naciones comparten frontera.