México fraccionado por recortes presupuestales

A pesar de que la Alianza Federalista se opuso al recorte presupuestal para 2021, la mayoría de Morena aplicó recortes a estados y municipios. Afectará salud, seguridad pública y obras públicas básicas.

Martín Morales

2020-11-15
Ciudad de México

La desaparición de fondos públicos, los recortes presupuestales a estados y municipios y la manifiesta tendencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a centralizar el gasto público han hecho surgir tres bloques políticos opuestos en México, es decir, enfrentan al país y lo encamina hacia la inestabilidad política.

El primer grupo se ha autodenominado Alianza Federalista (AF), y está conformado por los gobiernos de 10 entidades de la República inconformes con la distribución actual del pacto fiscal; el segundo es el bloque de siete estados gobernados por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que apoyan incondicionalmente las posturas y los decretos presidenciales; el tercero es la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), donde permanecen “imparciales” 18 gobernadores del país.

El enfrentamiento más evidente es el de la Alianza Federalista y los gobernadores morenistas, pues los primeros acusan a los segundos de pretender sacar ventaja electoral con vistas a los comicios de 2021 abandonando el pacto federal. Por su parte, la AF ha señalado a la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum; Cuitláhuac García (Veracruz), Rutilo Cruz Escandón (Chiapas); Miguel Barbosa (Puebla), Cuauhtémoc Blanco (Morelos); Adán Augusto López (Tabasco) y Jaime Bonilla (Baja California) de alinearse sin cuestionar a los mandamientos del Presidente, aun cuando éstos se opongan a los intereses nacionales.

La AF está integrada por cinco gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN): Martín Orozco (Aguascalientes) Javier Corral (Chihuahua); Francisco Cabeza de Vaca (Tamaulipas); José Rosas Aispuro (Durango) y Diego Sinhué Rodríguez (Guanajuato). Dos del Partido Revolucionario Institucional (PRI): Ignacio Peralta (Colima) y Miguel Riquelme (Coahuila); uno del Partido de la Revolución Democrática (PRD): Silvano Aureoles (Michoacán); uno del Movimiento Ciudadano (MC), Enrique Alfaro (Jalisco) y uno independiente, Jaime Rodríguez (Nuevo León).

En el grupo de la Conago, 18 de los 22 mandatarios no han definido su postura a favor de uno u otro bando. La mayoría son del PRI y de Morena, más cuatro panistas (Mauricio Vila, Francisco Domínguez, Carlos Mendoza Davis y Antonio Echeverría).

Hasta ahora, el que mayores reclamos ha presentado al Poder Ejecutivo federal es la AF, que ante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PEF 2021), cuestionó la improcedencia legal y política de los recortes presupuestales a estados y municipios en 2021 y antepuso un argumento socioeconómico: que en las 10 entidades afectadas por la injusta distribución del pacto fiscal vigente, hay 39 millones 192 mil 600 habitantes, cifra equivalente al 31 por ciento de la población nacional.

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El PEF 2021 solo prevé transferencias por 1.87 billones de pesos para los 32 estados y dos mil 458 para los municipios, monto 5.5 por ciento inferior al que se distribuyó en 2020, lo que afectará a la población de las 32 entidades federativas.

En el Capítulo 7 del análisis Implicaciones del Paquete Económico 2021, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), se destaca, además, que las cifras arriba citadas representan el 29.7 por ciento del gasto neto total y el 7.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2021.

“Todos los estados recibirían menos gasto federalizado en 2021, en comparación con 2020; Tamaulipas y Zacatecas son las entidades que presentan menores decrementos, con 2.8 por ciento y 3.4 por ciento, respectivamente; (Ciudad de México) CDMX y Campeche son los que presentan mayores reducciones con 17.7 por ciento y 10.8 por ciento, respectivamente”, precisa el documento.

Fue esta situación la que llevó a los 10 gobernadores de la AF a reunirse el 1° de noviembre en Morelia, Michoacán, y el día dos en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para formular una propuesta de modificación al proyecto del PEF 2021, misma que hicieron pública el pasado seis de noviembre. La propuesta incluye el resarcimiento de los 182 mil 937.5 millones de pesos (mdp) detectados como pérdida para las entidades desde el gasto federalizado para el año entrante, a través del uso de 86 mil 546 mdp, 47.31 por ciento del total.

Los gobernadores de la AF sostuvieron que por el momento dejarían pendiente el debate sobre el Sistema de Coordinación Fiscal (SCF), para enfocarse solamente en el presupuesto del próximo año. “Nos concentraremos, en este momento, en el presupuesto 2021, donde nuestra posición es que ningún estado del país puede recibir menos recursos, en términos reales, que en el año 2020”.

También invitaron a las 32 entidades federativas a suscribir su texto, porque “todos los estados de la República se verán afectados por la caída propuesta en gasto federalizado” y porque las administraciones locales deben afrontar los retos de 2021 sin recortes presupuestales que agraven sus problemas financieros.

“Para hacerle frente –explicaron– será necesario contar, con los mismos recursos que en 2020, para atender las necesidades prioritarias de la población en áreas básicas como la salud, seguridad pública, educación e infraestructura, lo que además apoyará la reactivación de la economía nacional. Hemos hecho patente nuestra preocupación con la reducción en el gasto federalizado para las entidades federativas para el año que viene, incluyendo la reducción de las asignaciones para temas como infraestructura, seguridad, salud y la importante caída en participaciones y aportaciones presupuestadas para 2021”, enfatizaron. 

Solicitaron también la creación de un fondo destinado a la atención de la pandemia para compensar los gastos que han presionado sus finanzas este año, y que se distribuya el presupuesto de las obras pendientes, sobre todo aquellas que enfrentan mayores problemas de financiamiento.

El 29 de octubre, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, propuso la conformación de una Convención Nacional Hacendaria para encontrar soluciones de fondo al desequilibrio presupuestal entre la Federación y los estados. El mandatario citó el caso de su estado como ejemplo de disparidad fiscal, porque aporta el ocho por ciento del PIB y solo “recibe el 1.7 por ciento del presupuesto”. Aseguró que las entidades con más recursos están dispuestas a aportar a los que menos tienen, “pero también necesitamos un trato que sea menos inequitativo y menos injusto.

“Lo que estamos poniendo sobre la mesa es precisamente la manera en cómo se distribuyen los recursos de la Nación (…) el país tiene un total de 6.3 billones de pesos para gastar, de esos 6.3 billones de pesos los impuestos de los ciudadanos y las empresas representan 3.3 billones; es decir, más de la mitad de sus ingresos (…) quienes dicen que nueve de cada 10 pesos que gastan los estados son aportados por la Federación están diciendo una mentira”.

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Ésta fue la respuesta de Alfaro respecto a la declaración de AMLO que aseguró que “haciendo bien las cuentas, esos estados salían debiendo”. Alfaro respondió que los gobiernos de la AF pueden probar que el problema no es el débito de éstos, sino la falta de cumplimiento de la Federación en el envío de los recursos ya etiquetados en 2020.

El desacuerdo entre el Presidente y los miembros de la AF se debe, fundamentalmente, a la concentración de los recursos públicos en la administración federal y a los grandes recortes presupuestales que ésta pretende realizar a costa de las entidades federativas, actitud en la que la AF advierte una centralización abusiva y lesiva para los proyectos de desarrollo estatales.

Esta situación está “potencializada” por el pacto fiscal vigente, que establece que la Federación debe recaudar, en el territorio, los impuestos federales al Valor Agregado (IVA), Sobre la Renta (ISR) y Especiales sobre Productos y Servicios (IEPS) y, después, distribuir en las 32 entidades de la República a través del PEF.

Esta distribución supuestamente se realiza con base en determinadas reglas y fórmulas legales prestablecidas; pero de acuerdo con algunos especialistas, finalmente se hace con decisiones políticas. Este hecho propicio, por lo mismo, que el gasto de los estados dependa hasta en 87 por ciento de la Federación y se vean atados a la voluntad económica del “centro”.

Amenazan por abandonar el pacto fiscal

Entre los mandatarios locales de la AF, surgió el planteamiento de que, si sus reclamos no son atendidos por el Presidente, valorarían la posibilidad de abandonar el pacto fiscal con la Federación. Ante esta actitud, el titular del Ejecutivo Federal puso en duda la legitimidad de los mandatarios inconformes, se negó a dialogar con ellos y les recomendó preguntar a los habitantes de sus entidades si estarían de acuerdo con eso. En respuesta a esta “solución”, los gobernadores de la AF sostuvieron que convocarían a consultas ciudadanas.

El analista político y especialista en derecho constitucional, Ramiro Bautista Rosas, explicó a buzos que, en realidad, los gobernadores inconformes no se han propuesto romper el pacto federal, porque con ello estarían proponiéndose “formar otro país”. Su demanda, explicó, es simple y sencillamente una mejor redistribución de los recursos fiscales.

“Entre la Federación y los gobiernos estatales han existido siempre arreglos de este carácter (político) para repartir los ingresos, ha habido convenciones hacendarias. En fin, le han buscado formas de repartir los impuestos; y en este caso, tratándose de eso, creo que sería adecuado que se revisen las cosas; y si la forma en que se está operando no resulta conveniente, se le puede buscar un arreglo”.

Bautista Rosas destacó que un acuerdo en este sentido, deberá contar con la participación de los gobernantes de las 32 entidades, porque muchos de ellos están conformes con la forma de la distribución actual, entre ellos varios militantes de partidos de oposición. “Para hacer un arreglo de este carácter, tendría que convocarse a todos los gobiernos estatales, no solamente a los 10 de la AF, para que se haga de manera general”.

El gobernador Enrique Alfaro expresó su inconformidad porque su entidad aporte el ocho por ciento del PIB y solamente reciba 1.7 por ciento en aportaciones federales. Expuso que la AF está de acuerdo con el entendido de que los estados, con mayores recursos, aporten a los más pobres, pero advirtió, se requiere una revaloración para que la distribución sea más equitativa.

Kristobal Meléndez Aguilar, analista e investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explicó a buzos que son difíciles las decisiones en materia de redistribución de los recursos captados fiscalmente, porque tienen un matiz político. “Es una decisión difícil, es política; y claro que, en tiempos de crisis, la redistribución puede ser dolorosa, ese elemento es para conciliar”.

Corral

Respecto a si serían más factibles las negociaciones gobierno a gobierno o en conjunto, dijo: “ya ha habido dos reformas a la ley de Coordinación Fiscal, la de 2007 y la de 2013; las dos fueron negociaciones políticas. Debe tomarse en cuenta que la discusión sobre la distribución de los recursos se hace en la Cámara de Diputados”.

Sobre una eventual alternativa para solucionar los desencuentros entre la administración federal y las locales, Meléndez afirmó: “Una de las propuestas que han hecho los gobernadores es incrementar el monto que la Federación da a los estados; de esta manera no se afectaría a los estados más pobres en una negociación”. De hecho, muy cercano a lo expresado por Meléndez, la AF demandó, el dos de noviembre, que se repita el presupuesto 2020, y no haya recortes para las entidades en 2021.

Se acentúan las diferencias

Las diferencias entre AMLO y la AF fueron escalando desde el año pasado; y hacia finales de 2019, varios gobernadores –entre ellos el jalisciense Alfaro– exigieron una mejor distribución de los recursos destinado a la salud, demanda que, incluso, planteó antes de la instauración del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).

Los desencuentros se agudizaron este año debido a la disparidad en la distribución de los recursos financieros destinados a afrontar la pandemia del Covid-19; y llegaron a su nivel más alto cuando se anunció la cancelación de los fondos abocados a financiar proyectos de infraestructura, seguridad pública y salud y, asimismo, la drástica reducción del presupuesto de las entidades locales en el paquete de 2021.

El siete de septiembre, 10 de los 32 mandatarios de la Conago abandonaron ésta y formaron la AF con el propósito de defender los intereses de sus estados ante lo que han llamado las arbitrariedades de AMLO, cuya reacción frente a la demanda de diálogo fue pendenciera; el 19 de octubre, el Presidente anunció que no podía reunirse con los gobernadores porque afectaría su “investidura presidencial”.

Arguyó que este año, la Federación no adeuda nada a los gobiernos locales, que les ha entregado todas las participaciones y que, si hacían bien las cuentas, probablemente saldrían debiéndole a la Federación, por lo que calificó sus reclamos de “ramplones y electoreros”. Luego, acusó que los gobiernos de la AF adeudan 70 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), imputaciones que los gobernadores desmintieron.

AMLO

El gobernador Alfaro respondió por la AF que el problema no es por débitos de las entidades, sino de la Federación con los estados, y ejemplificó: “Quiero decirle que la administración que yo encabezo no le debe nada al SAT, ni un peso; estamos cumpliendo cabalmente con nuestras obligaciones fiscales. Sin embargo, el Gobierno Federal sí tiene pendientes con el estado de Jalisco”.

En respuesta a esta réplica, el Presidente señaló: "Lo que quieren es que se le quite a Chiapas o a Oaxaca o a Guerrero, porque mucho del argumento es, además de inequitativo, inhumano. Decir, si nosotros aportamos más a la economía debemos recibir más… hay otro argumento que es: darle más al que más lo necesita”.

La AF insistió en no recortar el gasto de estados y municipios en 2021 y en dejarlo al menos con el mismo monto de 2020 para no generar graves afectaciones en los gastos de salud, seguridad pública y obras públicas básicas, ya que los recortes previstos en el proyecto del PEF 2021 están dirigidos a los ramos 28, 23 y 33.