Se quemó la Presa de Las Vírgenes

Los problemas se acumulan peligrosamente, se agravan cada minuto y la autoridad se torna más sorda y más represiva.

Omar Carreón Abud

2020-09-27
Ciudad de México

No, no se quemó ¿Cómo se iba a incendiar una presa? Pero ahora que los agricultores de Chihuahua reclaman el agua para su vida y para su tierra, me acordé de que hace algunos años, ya no pocos, el autobús que viajaba hacia el norte se detenía en Delicias, en una oficina (no había central camionera) de la calle principal, que era la misma que la carretera panamericana y, ahí, en horas del amanecer, oscuro todavía, el dormido viajero se despertaba sobresaltado por un voceador que ofrecía su diario (no había Internet ni redes sociales) anunciando en voz alta: “¡se quemó la Presa de Las Vírgenes!”. La técnica de ventas se hizo famosa en la región, quizá porque entre el sueño y la sorpresa de que alguien subiera gritando al autobús, el pasajero tardaba unos cuantos segundos en caer en la cuenta que una presa no se podía incendiar y que todo era una argucia para ganar pronto su atención.

Pero la vieja historia tiene su contacto con la realidad. En Chihuahua, como en otros lugares del país, la presa, las presas, están muy presentes en la vida diaria de los mexicanos de allá. Mucha gente las conoce por su nombre, por su ubicación, ha ido de paseo, está enterada de su nivel, conocen al canalero y “cuándo va a echar el agua”, los agricultores y los que trabajan como asalariados, los que comercian o hacen negocios de lo que da la tierra, todos saben de las presas. Por eso la mentaba el vendedor de periódicos. Las Vírgenes, La Boquilla, El Granero, que están cerca de Delicias, la presa Pico de Águila, que está Río Florido arriba, en los límites de Chihuahua y Durango, por allá cerca de Canutillo, la legendaria hacienda de Francisco Villa, le han cambiado la vida a millones de mexicanos del desierto, como se la han cambiado y son parte de ellos las presas que están sobre la Sierra Madre Occidental que forman parte de los distritos de riego de Sinaloa y Sonora.

Eso ayuda un poco a entender por qué el agua que sale a Estados Unidos de la presa La Boquilla y otras presas de Chihuahua se ha convertido en un problema de casi todos, en un conflicto internacional que alcanza e impacta a la nación entera. Se sabe que existe un convenio que data de 1944 entre Estados Unidos y México por medio del cual nuestro país tiene que entregar, entre otros flujos más, agua del estado de Chihuahua a Estados Unidos; y el vecino país del norte, a su vez, tiene que entregar agua para uso de los mexicanos. Pero se sabe también que este año, según acepta el gobierno morenista de la 4T, se está entregando una cantidad mayor que el mismo gobierno explica porque el quinquenio anterior, cuando se hizo, digamos, corte de caja, nuestro país quedó a deber y, además, porque en la entrega de este quinquenio, México va atrasado; por eso, dicen, se están acelerando y aumentando los flujos de entrega, los volúmenes extra son pues para pagar el adeudo anterior y para terminar este quinquenio sin deuda.

Eso puede ser. Pero eso no refuta la queja de los chihuahuenses en el sentido de que se está extrayendo líquido en exceso, de tal manera que los va a dejar sin agua suficiente para riego y sin agua suficiente para sus hogares y negocios. Si eso es fatal en cualquier parte del mundo, hasta en la zona de Teapa, Tabasco, el estado del Presidente de la República, que es una de las zonas de México en donde llueve más, imagine usted la tragedia en que puede convertirse en una zona desértica como Delicias, en donde caen 299 mm de lluvia al año. La opinión pública desprejuiciada no se explica por qué tanta cerrazón del Gobierno Federal para dialogar y conciliar con los chihuahuenses perjudicados, la política de ordeno y mando, la política de intentar resolver los complejos problemas sociales en los tribunales o con la fuerza armada, son altamente perjudiciales y peligrosos para un país con 130 millones de habitantes y conducen, como se constata en el caso de Chihuahua, a cobrar vidas.

No podemos omitir la realidad. Desde el poder público, el régimen morenista de la denominada 4T, ha colocado a los mexicanos un alarmante dogal. Al margen de la ley y el derecho, el Presidente acusa a quien le conviene de “haber tenido privilegios en el pasado”, el mismo Presidente, los juzga sumariamente por sí y ante sí y, finalmente, sin ninguna facultad para ello, los sentencia públicamente a perder sus derechos de organización y gestoría para siempre, los condena a la muerte civil. Tal es el caso de los agricultores de Chihuahua a quienes, como se sabe, dos días después de protestar por la extracción extraordinaria del agua de las presas, se les congelaron sus cuentas por órdenes del Ejecutivo federal, acusados, solamente acusados, de haber obtenido dinero ilegal en el pasado.

Muchos mexicanos protestan sin ninguna posibilidad de diálogo y de conciliación, como los cientos de intelectuales que levantan su voz en defensa de la libertad de crítica y a quienes también se quiere acallar imputándoles “beneficios en el pasado”, como las mujeres feministas que tienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a quienes se les ignoran los agravios que denuncian, como los vecinos de Tila, Chiapas, que viven al borde de un nuevo enfrentamiento mortal sin que intervenga la autoridad, como los de FRENA, a quienes se impide plantarse en el zócalo de la ciudad de México, como los pescadores de camarón que están en paro reclamando apoyo para comprar diésel o como los comerciantes ambulantes de la ciudad de Puebla a quienes, entre Claudia Rivera, la presidenta municipal, y Miguel Barbosa, el gobernador del estado, quieren desaparecer para que la ciudad se vea bonita. Los problemas se acumulan peligrosamente, se agravan cada minuto y la autoridad se torna más sorda y más represiva.

Los antorchistas son víctimas del mismo modus operandi. Se les acusa públicamente sin probar nada, se les da por juzgados al margen de los tribunales y se les sanciona por una dependencia del Ejecutivo congelando cuentas de negocios legítimos que se han construido públicamente durante cuarenta años y se les amenaza con cárcel. Se viola flagrantemente su derecho al debido proceso. No pasemos por alto que para encubrir esta política represiva se recurre a medidas de propaganda, como la rifa de un avión que no se rifa o la supuesta recolección de millones de firmas que no sirven para nada porque el Presidente no necesita autorización ni apoyo para denunciar a los expresidentes de la República por los delitos que pudieran haber cometido, no olvidemos ahora las importantes enseñanzas de genios del pasado como Voltaire que dijo: “Los que pueden hacerte creer absurdos, pueden hacerte cometer atrocidades”.

Dedico este modesto pero entusiasta trabajo a mis compañeros queridos, a los activistas y campesinos: Manuel Castillo, Everardo Villalobos, Samuel de la Cruz, Chú Talamantes y Beto Moreno que ya viven eternamente en nuestro recuerdo; a Juan Pablo Muñoz, que todavía batalla con nosotros y a Manuelita Escobar y Manuel Flores, que la vida los llevó físicamente lejos, pero que siguen muy cerca nuestros afanes y alegrías. Todos ellos fueron los audaces pioneros del trabajo antorchista en los distritos de riego de Chihuahua.