Yosoñama: indefenso ante la violencia y la omisión del estado

“Falta voluntad de Mixtepec, donde se exige que el gobierno desaloje a las gentes que llevan muchos años en posesión de la tierra”, aseguró un exfuncionario de la SGG.

Pablo Mejía

2020-07-26
Oaxaca, Oaxaca.-

Santo Domingo Yosoñama y San Juan Mixtepec, dos pequeñas comunidades del estado de Oaxaca, volvieron a ocupar los titulares de los diarios nacionales cuando el pasado 25 de junio, desapareció el agente municipal Erick López Santiago y se reactivó su vieja enemistad por un conflicto agrario que data de hace más de 20 años.

Santo Domingo Yosoñama es una agencia municipal de San Juan Ñumí que se localiza en el distrito de Tlaxiaco, en la región Mixteca de Oaxaca, y que desde hace más de dos décadas disputa con San Juan Mixtepec, perteneciente al distrito de Juxtlahuaca, la propiedad de mil 740 hectáreas (ha) ubicadas en un área limítrofe.

En mayo del año 2000, el Tribunal Unitario Agrario (TUA) dictó sentencia en el juicio agrario con el expediente 246/1996, que favoreció a la comunidad de San Juan Mixtepec y atropelló el derecho de los habitantes de Yosoñama, que argumentan su derecho de posesión sobre éste desde tiempos ancestrales y, para superar el litigio, han llegado a proponer su distribución en partes iguales.

A la fecha, el conflicto ha provocado decenas de muertos por emboscadas y enfrentamientos en los que han salido a relucir armas de grueso calibre. Políticos de diferentes colores han pasado por el gobierno estatal de Oaxaca, pero ninguno ha querido atenderlo a fondo ni buscarle una solución definitiva.

La administración de Alejandro Murat, según funcionarios de la Secretaría General de Gobierno (SGG), está escuchando, por separado, a ambos bandos en busca de una solución. Al inicio de este gobierno se contabilizaban más de 350 conflictos agrarios, de los cuales 40 han concluido con acuerdos de paz.

Murat

Los funcionarios de Murat son conscientes de que, para alcanzar un acuerdo a este tipo de problemas, es necesaria la voluntad de ambas partes; pero los comuneros de Mixtepec se niegan a ello. Por esta razón, los asesores de la SGG consideran que la negativa de éstos a dividir el territorio pone el conflicto en foco rojo.

“Falta voluntad de Mixtepec, donde se exige que el gobierno desaloje a las gentes que llevan muchos años en posesión de la tierra”, aseguró un exfuncionario de la SGG, quien solicitó a este medio la omisión de su nombre por temor a sufrir represalias de los comuneros.

El 30 de mayo de 2010, cuando al frente del gobierno estatal se hallaba el priista Ulises Ruiz Ortiz, 35 campesinos y cuatro niños de Santo Domingo Yosoñama fueron secuestrados por la autoridad municipal encabezada por Leonel Martínez Sánchez. Su cautiverio duró 73 días y su liberación solo pudo lograrse gracias a la presión de los vecinos sobre el gobierno del estado.

Pero hubo otra perpetrada el siete de agosto de ese mismo año contra Simón Antonio Santos, quien murió en el paraje Agua Paloma por disparos; un mes después, el 23 de septiembre, fue ultimado Isidoro Hernández José en el paraje Claro de Sol. Sus restos nunca pudieron ser recuperados por sus familiares. La inacción de las autoridades provocó que los agresores se envalentonaran, y el 24 de octubre ultimaron a Pedro Guzmán González en el paraje Portezuelo.

Durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, la situación no mejoró y los atentados contra los habitantes de Yosoñama continuaron. El 24 de diciembre de 2010 se reportó el asesinato de Miguel Cruz Jóse, líder regional de Antorcha Campesina en la Mixteca; el ataque ocurrió en pleno corazón de Tlaxiaco.

Tres años después, el 14 de diciembre de 2013, en las inmediaciones del paraje Tres Cruces, 11 habitantes de Yosoñama, que viajaban en una camioneta, fueron emboscados con armas de alto poder. Los sicarios masacraron a los ocupantes de la unidad, los rociaron con gasolina y les prendieron fuego.

El domingo cuatro de junio, ya en el sexenio de Alejandro Murat, cinco mujeres fueron atacadas a tiros. Las víctimas viajaban en un vehículo compacto y cuando se hallaban en las inmediaciones de Tres Cruces, fueron asesinadas a distancia. Estos hechos han quedado impunes hasta el momento.

El pasado 25 de junio se registró el presunto secuestro del agente municipal Erick López Santiago, de 30 años. Este suceso reactivó las agresiones de San Juan Mixtepec contra los habitantes de Santo Domingo Yosoñama. El arzobispo de la Diócesis Antequera-Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, condenó la violencia que se vive entre pueblos hermanos de Oaxaca, pero condenó aun más la omisión del gobierno del estado.

El prelado ha desmentido al gobernador Alejandro Murat Hinojosa en diversas ocasiones respecto a las cifras “alegres” que ha dado en materia de seguridad: “Eso que asegura es mentira, eso es mentira porque en Oaxaca seguimos viviendo con mucho miedo, con mucho terror… no es cierto que haya paz y tranquilidad, no es verdad, no mientan los que quieren presentar una imagen de Oaxaca que no es; no mientan, mejor dedíquense a hacer su trabajo y hacerlo bien”, declaró a buzos.

Mixtepec anuncia más violencia

Durante 12 años, los grupos armados de Mixtepec han disparado a distancia contra camionetas de pasaje, secuestrado y asesinado a habitantes de Yosoñama para intimidarlos y para que desistan de su derecho de posesión sobre el terreno en disputa. Los asesinatos se han cometido con saña y odio extremos, como lo evidencian el incendio de los cuerpos de las víctimas. Incluso policías estatales, que realizan patrullajes en la zona, han sido objeto de ataques a distancia por grupos armados. En estos atentados han muerto al menos una decena de personas de ambas comunidades.

Fiscalia

Actualmente, un grupo de la Guardia Nacional patrulla la zona para garantizar paz y tranquilidad. A pesar de ello, una autoridad agraria de San Juan Mixtepec fue secuestrada por un grupo paramilitar y culpó del hecho a Santo Domingo Yosoñana. La Vicefiscalía de la región Mixteca pidió de manera extraoficial a las autoridades de Yosoñama, que lo liberaran, pese a que no cuenta con pruebas de que esta comunidad tenga que ver con ese hecho.

Este incidente ha puesto en alerta a Yosoñama porque, históricamente, cuando las autoridades de San Juan Mixtepec anuncian en los medios de comunicación que fueron objeto de supuestos ataques o hechos violentos, en los días siguientes toman represalias contra los comuneros de Santo Domingo Yosoñama. Este tipo de ardides ha sido denunciado por Dimas Romero González, dirigente estatal de Antorcha Campesina en Oaxaca, quien encabeza la defensa legal del pueblo de Yosoñama.

En las últimas semanas, hombres, mujeres y niños de Santo Domingo se han manifestado tanto en el Palacio de Gobierno como en la residencia oficial del gobernador Alejandro Murat para exigir justicia. En un par de ocasiones, aunque no han logrado ser atendidos por el mandatario, han conseguido la instalación de mesas de trabajo con funcionarios de primer nivel de la Fiscalía de Oaxaca, así como del propio gobierno.

“Es necesario e importante que el maestro Alejandro Murat atienda personalmente el tema de las agresiones contra los compañeros antorchistas de la región Mixteca, en específico de Santo Domingo Yosoñama. Son constantes las agresiones que sufren a distancia los pobladores de Yosoñama por parte de sus vecinos de Mixtepec, por lo que urge una acción inmediata de desarme en la zona”.

El líder de Antorcha en Oaxaca aseguró que, en una reunión con el titular de la Fiscalía General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, hubo avances significativos, como ocurrió con el reconocimiento de que la Vicefiscalía de Juxtlahuaca actuó mal cuando extraoficialmente pidió a Yosoñama que liberara a la autoridad agraria de Mixtepec de su presunto secuestro.

Romero González informó que también se llegó a un acuerdo con Vasconcelos para que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) públicamente deslindara a Yosoñama del presunto secuestro que le atribuyó la Vicefiscalía de Juxtlahuaca, pero que reveló que hasta ahora no se ha realizado el pronunciamiento como se había acordado. El líder Antorchista sostuvo que las malas actuaciones del gobierno alientan a los grupos de poder a perpetrar ataques contra la comunidad de Yosoñama.

Justicia

En 2012, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), encabezada entonces por Arturo de Jesús Peimbert Calvo, emitió una alerta temprana ante lo que podría ser un brote de violencia entre San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama, y recomendó, al gobierno aliancista de Cué Monteagudo, la instalación de mesas de diálogo entre las partes en conflicto.

También propuso que la extinta Procuraduría de Justicia de Oaxaca (hoy FGEO) realizara con celeridad las investigaciones pertinentes para aclarar los hechos de violencia y que la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) instalara una base de operaciones permanente en la zona para garantizar la seguridad de ambas comunidades.

El actual presidente comisionado de la DDHPO, Bernardo Rodríguez Alamilla, anunció que ante el resurgimiento del conflicto agrario entre San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama, la defensoría ha recomendado a las autoridades de seguridad pública estatal y federales que recorran, de manera sistemática, el área de riesgo para evitar la violencia.

Esta recomendación surgió a raíz de que las autoridades agrarias y civiles de la zona en conflicto acudieron ante el órgano autónomo para solicitar su intervención por la presunta retención de un ciudadano de Mixtepec ocurrida el 21 de junio. “Esto podría ser un aviso de violencia”, consideró la DDHPO, que solicitó a la Guardia Nacional y a la SSP las citadas acciones de vigilancia y, a la FGEO, el inicio de una carpeta de investigación y protección.

La DDHPO ha detectado que el resurgimiento de los conflictos políticos, agrarios, electorales, sociales con expresión violenta se deben tanto a la reducción de las actividades gubernamentales en los tres niveles de gobierno, como a la precariedad económica derivada del confinamiento social impuesto por la pandemia del Covid-19.

Por ello hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad oaxaqueña a establecer acciones conjuntas que permitan atender los conflictos por vías pacíficas y el diálogo. La DDPO ha sugerido, asimismo, que cada uno de los problemas intercomunitarios sean abordados de manera particularizada y con enfoques de respeto a los derechos humanos, de género e interculturales.

Esto es necesario porque las respuestas meramente jurídicas y definidas, solo desde una mirada occidental en el caso de los conflictos agrarios, no son viables para acceder a una solución definitiva. “Se requiere generar escenarios cooperativos y no competitivos para establecer soluciones integrales y sostenibles en el largo plazo, puesto que las comunidades en conflicto continuarán coexistiendo en el mismo espacio geográfico, y por tanto, es preferible reconstruir los vasos comunicantes y el tejido social”, aseguró la DDHPO a este semanario.

vehiculo

Por su parte, la FGEO, encabezada por Vasconcelos Méndez, aseguró que están investigándose los hechos violentos provocados por los conflictos agrarios y sociales en las administraciones precedentes; pero que su integración incorrecta o insuficiente está complicando el avance de las investigaciones que hoy se realizan.

El fiscal se refiere, sin duda, a la actitud indiferente o excluyente que, en su momento, asumieron las autoridades estatales y federales de entonces para buscar una solución al viejo conflicto entre las dos comunidades oaxaqueñas, pese a que hubo reclamos de Estado para que se intentara un esfuerzo serio de conciliación.

El 28 de octubre de 2014, los diputados federales del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, propusieron un punto de acuerdo en el Congreso para que se exhortara a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, en ese periodo encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, y al gobernador Cué Monteagudo para que buscaran una solución inmediata y equitativa entre las dos comunas en disputa.

El punto de acuerdo incluyó las siguientes recomendaciones: “Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para coadyuvar a la solución del conflicto entre las comunidades de Santo Domingo Yosoñama y de San Juan Mixtepec, así como también dar formal cumplimiento con lo que se estableció en el acuerdo de 15 de julio del 2014 para instrumentar un plan óptimo de seguridad en ambas comunidades.

“Segundo. Se exhorta al gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca de Juárez para coadyuvar a la solución del conflicto entre las comunidades de Santo Domingo Yosoñama y de San Juan Mixtepec, así como también dar formal cumplimiento con lo que se estableció en el acuerdo de 15 de julio del 2014 para instrumentar un plan óptimo de seguridad en ambas comunidades”.

Pero ni Cué Monteagudo, ni Osorio Chong atendieron los exhortos del Poder Legislativo federal; hoy el conflicto sigue activo y la violencia amenaza con desbordarse, cobrando más vidas.