Barbosa: el dictador que encarcela inocentes en Puebla

Barbosa viola la Constitución con su campaña de terror para destrozar a Antorcha. Un día pagará por esa ilegalidad ante la justicia y ante los poblanos.

Karen Santos

2020-07-19
Ciudad de México

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, intenta meter a la cárcel a gente inocente fabricando delitos. Así inicia la campaña de terror contra el Movimiento Antorchista. El primer caso, la acusación contra Rosario Sánchez Hernández, líder de la organización en la zona norte de la capital del estado y una de las figuras más visibles en la lucha de la organización, y contra dos antorchistas más. Charis, como la conocen sus compañeros, es líder de cerca de 40 mil colonos capitalinos desde hace varios años y ha realizado también activismo político en otras zonas del estado, como Atlixco, San Gabriel Chilac y otros municipios.

Rosario Sánchez y los antorchistas capitalinos han transformado completamente colonias: de predios inhabitados, los han convertido en zonas con servicios, calles pavimentadas, escuelas, unidades deportivas y auditorios de arte. Ahora, en medio de la pandemia, se sumó con energía a una de las demandas del Movimiento Antorchista: un plan estatal alimentario, porque 4.5 millones de poblanos padecen hambre crónica y no pueden comprar la canasta básica completa. En el absurdo, el gobierno de Barbosa la acusa de “robo agravado” de unas despensas. “Es un invento absurdo del gobernador de Puebla y es el inicio de la represión abierta e ilegal contra nuestra organización”, afirmó Juan Manuel Celis Aguirre, líder antorchista en Puebla. Y agrega: “No nos vamos a dejar. Si meten a la cárcel a Charis, por un crimen que no cometió, vamos a pelear legalmente y con la fuerza de masas para exigir la renuncia del Gobernador de Puebla. Que no lo dude el Gobierno. Será el último error que cometan desde Casa Aguayo”.

Funcionarios del Gobierno estatal llegaron la tarde del miércoles 13 de mayo con despensas a la colonia 2 de Marzo, al norte de la capital, para entregar a gente seleccionada una despensa y… afiliarla a Morena. Así se repartieron en todo el estado. Como parte de la campaña estatal de la organización para pedir ayuda alimentaria, los funcionarios llegaron a una colonia antorchista con una frase: “¡salte de Antorcha!ˮ

A la 2 de Marzo, los funcionarios llegaron escoltados por elementos armados y cinco camionetas de la policía estatal. Iban, pues, preparados para no ser molestados. Su forma de “repartir” provocó la molestia de familias humildes urgidas de una despensa que aliviara el hambre. Varios ciudadanos encararon a los funcionarios y les propusieron que la repartición se hiciera “en todas las casas”, porque todos la necesitaban. No hicieron caso.

Ante el problema, llegó al lugar Rosario Sánchez. En acuerdo con los vecinos, finalmente los funcionarios pidieron aprobación a sus superiores y repartieron las despensas a toda la gente que alcanzó. La policía vigiló que todo sucediera en orden.

víctima

Sin embargo, el 18 de mayo, el gobernador Miguel Barbosa enfureció en su “mañanera” y se lanzó contra la organización: “incidentes siempre ha habido, ayer (sic) llegó una camioneta de despensas donde hay gente antorchista y arrebataron las despensas y vamos a presentar denuncias contra los instigadores”.

El gobierno poblano de Morena se ha caracterizado no por gobernar, sino por acabar con todo aquel que le pida resultados o que sea enemigo político. Así sucede con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y su rector, con varios periodistas que ahora tienen demandas, así sucede con varios políticos poblanos del Partido Acción Nacional (PAN) o con algunos que ayudaron al mismo Barbosa a llegar al poder y que son amenazados con cárcel, lo mismo pasa con empresarios, comerciantes ambulantes, transportistas, “gruyeros” y con los estudiantes de nivel superior. La oposición está en la mira del gobernador: “te callas o vas a la cárcel”.

Rosario Sánchez Hernández, lideresa antorchista, está en la mira porque pertenece a una organización que le ha plantado cara al gobernador. Desde la llegada de Barbosa en Casa Aguayo, Antorcha ha sido una organización perseguida. Después de la visita de AMLO a Puebla, en la que la organización salió a protestar junto a varios grupos políticos, médicos y ciudadanos que ven un fracaso en ambos gobiernos, se supo que el colérico gobernador declaró: “hay que chingar a esos hijos de puta”. Su plan comienza con la detención de Charis, acusada de un crimen que no cometió.

“Todo Puebla conoce a Barbosa y la mayoría de la gente sabe que se trata de un gobernador que no ha sabido hacer nada en Casa Aguayo. Los poblanos sufrimos por la ineptitud del gobierno: la gente pasa hambre por la crisis económica, hay más inseguridad, la gente no tiene empleo, no se construyen obras a pesar de que Puebla tiene un ingreso muy superior al de gobiernos anteriores, la pandemia del Covid-19 ha infectado a miles y miles de poblanos y varios cientos han fallecido, superamos en esto, como estado, a muchos países. Ése es el gobierno de Barbosa y la gente lo sabe”, afirma Juan Manuel Celis Aguirre.

Una encuesta realizada en marzo por Aria Consultores, ubicó a Barbosa como el peor gobernador de México. Y la última encuesta de Mitofsky sobre el comportamiento de gobernadores ante la crisis de Covid-19 lo ubica en el último lugar con una aprobación, en junio, de 9.4 por ciento, muy por debajo del más cercano competidor, el gobernador de Veracruz, que alcanzó un 15.9 por ciento.

Morena: luchar contra los pobres

El encono de Barbosa hacia las organizaciones se manifestó muy claramente en una reunión que el mandatario mantuvo con varios presidentes municipales para plantear la problemática de sus ayuntamientos; en la reunión se encontraba la alcaldesa de Tepexi de Rodríguez, Alondra Méndez Betancourt, quien es miembro del Movimiento Antorchista, y que denunció que, en la reunión, el morenista le arrebató la palabra y le prohibió volver a participar por su filiación antorchista.

Barbosa

Las agresiones se hicieron públicas y directas el tres de diciembre, cuando el gobierno de Barbosa mandó a cortar la luz del albergue estudiantil que da hospedaje a los jóvenes del bachillerato, Instituto Tecnológico y Escuela Normal del municipio de Tecomatlán, cuna del antorchismo nacional. A las seis de la mañana, mientras los jóvenes se preparaban para acudir a sus clases, varios comandos de Policía Estatal y de la Guardia Nacional, en camionetas equipadas con armamento pesado, llegaron a Tecomatlán junto a elementos de la Comisión Federal de Electricidad. La consigna era: armas contra la juventud.

Josefina Bonilla Ángel, habitante del albergue, quien cursa el séptimo semestre de la Ingeniería en Gestión Empresarial en el ITT, aseguró que “para el gobierno es un delito que un estudiante sepa exigir lo que por derecho le corresponde; y una forma de callarnos es intimidarnos con la fuerza pública”.

El uso de la fuerza pública contra las protestas se volvió una constante en el gobierno morenista. El 19 de mayo, en plena contingencia por la pandemia, medio centenar de antorchistas acudieron pacíficamente y respetando las medidas de “sana distancia” al palacio municipal de Huejotzingo, donde gobierna la morenista Angélica Alvarado, a solicitar apoyo con despensas para 800 familias humildes de distintas colonias que habían perdido sus empleos por la cuarentena.

La respuesta de la morenista fue desplegar un enorme operativo policiaco que, con violencia brutal, reprimió la protesta y encarceló a tres líderes antorchistas y a un jovencito que acompañaba a sus padres. Desde ese día circulan los videos en los que se ve claramente la forma en que los policías arremeten ferozmente contra ciudadanos que estaban desarmados y ya se retiraban.

En entrevista para un medio local, Luis Felipe Burgos, abogado especialista en Derechos Humanos, aseguró que los policías municipales de Huejotzingo violaron el Protocolo de Actuación para el Uso de la Fuerza y agredieron a los manifestantes de tal forma que, “en los hechos, constituyen delitos”, pues los efectivos abusan de su autoridad, hacen uso excesivo de la fuerza, incluso, pudieron haber ocasionado la muerte de algún ciudadano con sus técnicas.

“La acción de los policías resulta anticonstitucional, pues va en contra del derecho a la manifestación pública de ideas, a la libre asociación, y es claro que los antorchistas no perturbaban el orden público. Los manifestantes expresaban inconformidad de día, es decir, sin alterar el descanso de nadie y no cerraron vías de comunicación”. Barbosa Huerta aplaudió el uso de la fuerza contra quienes pedían despensas.

El temor a un nuevo partido

Desde principios de 2019, miembros del antorchismo poblano buscaron formar una asociación civil que les permitiera conseguir el registro de un partido político local para contender en las elecciones de 2021. El 23 de noviembre, la Asociación Civil Movimiento Antorchista Poblano (MAP) comenzó la realización de 18 asambleas distritales que exigía el Instituto Estatal Electoral (IEE), sobrepasando esos requisitos: El MAP logró realizar 23 asambleas, cinco más de las que pide el IEE, y afilió en ellas a 16 mil 649 ciudadanos de 176 municipios, cuatro mil 909 personas más de las requeridas.

Sin embargo, el 29 de enero, Miguel Ángel García Onofre, quien llevaba solo seis días como presidente del IEE, citó a Sesión Ordinaria sin previo aviso, para que el Consejo General del IEE determinara la situación de la Asociación Civil Movimiento Antorchista Poblano. La reunión del Consejo del IEE se realizó a las 10 de la mañana, sin la presencia de medios de comunicación o de la ciudadanía, pues el anuncio no fue publicado con antelación; además, el recinto se encontraba blindado por elementos de la Policía Estatal. En 23 minutos, García Onofre manejó el asunto declarando ilegal el proceso del MAP para convertirse en partido político local, con una votación de cinco contra dos.

Protesta

Tras la negativa del IEE, Juan Manuel Celis Aguirre, presidente del Comité Ejecutivo del partido en formación, sostuvo que Miguel Ángel García Onofre sigue las órdenes del gobernador Barbosa Huerta “y, por eso, ante el miedo de que surja un nuevo partido político en Puebla que le pueda ganar las elecciones, les ordenó que en una reunión secreta, blindada por granaderos, en 20 minutos y sin discusión de ningún tipo, se nos impidiera seguir con el registro para formar nuestro partido”.

La decisión del órgano electoral fue cuestionada por todos los niveles de la esfera pública en Puebla, incluso por dos destacados columnistas poblanos Gabriel Sánchez Andraca y Ricardo Morales, ajenos a toda sospecha de pertenecer a la organización so

cial. El primero afirmó en su texto: “Mejor partidos políticos que grupos de presión”, y que “puede estar uno de acuerdo con Antorcha o no concordar con nada; puede uno tener ciertas simpatías o no simpatizar en nada, pero no se puede negar la existencia de una organización que, nacida hace cuarenta años en Puebla precisamente, ha logrado desarrollarse y ser la agrupación política, en estos momentos, mejor estructurada, mejor organizada y con fuerza real en varias regiones de la entidad”.

El segundo remata: “La actuación del nuevo presidente del IEE, Miguel Ángel García Onofre, es una muestra más de que en Puebla solo se cambió de personaje en el poder, pero no de formas (…) desde muy temprano, el IEE ha comprometido ya su independencia y ha dado claras muestras de parcialidad, al negarle de manera absurda su registro a la organización Antorcha Campesina. Antorcha podrá ser lo que sea, está marcada por la 4T, quien ya le soltó a su verdugo favorito, a la Unidad de Inteligencia Financiera que comanda Santiago Nieto, encima; pero lo que no se puede negar es que también habían reunido todos los requisitos para poder erigirse en partido político estatal”.

No nos vamos a dejar: Antorcha

El MAN inició la semana pasada una campaña para denunciar que Barbosa quiere encarcelar a gente inocente por haber cometido un crimen: ser oposición a Morena.

Para Juan Manuel Celis, líder de Antorcha en Puebla, “Barbosa se ha convertido en un dictador que pretende someter al estado con artes ilegales. Pero nosotros, los antorchistas, no nos vamos a dejar. Vamos a defender con energía a nuestra compañera Rosario Sánchez y vamos a defender a nuestra organización porque es legal organizarse y es legal decirle al gobierno que no está haciendo nada por Puebla. Barbosa viola la Constitución con su campaña de terror para destrozar a Antorcha. Un día pagará por esa ilegalidad ante la justicia y ante los poblanos. Pero a Antorcha no la van a destruir, porque Antorcha somos 400 mil poblanos unidos, con conciencia y claridad, que estamos listos para defendernos y para hacer que prevalezca la ley”.