Deuda mexicana en un callejón sin salida

Instituciones financieras y académicas prevén que el PIB nacional de 2020 será catastrófico y que la deuda externa equivaldrá al doble.

Martín Morales

2020-06-28
Ciudad de México

Análisis financieros de los grupos Citibanamex y BBVA advirtieron el nueve de junio que la deuda pública del Gobierno Federal vigente (2018-2024) podría duplicarse a finales de 2020, con respecto a la que contrató la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), debido a que el Producto Interno Bruto (PIB) de este año podría ser hasta del 12 por ciento.

La deuda pública de los países se mide en proporción al PIB, y si éste se desploma, automáticamente se incrementa la deuda. En el mejor de los escenarios, un desplome del 12 por ciento, como calculan los analistas de ambos bancos trasnacionales, la deuda pública de México pasaría del 44.7 por ciento, como estaba hasta 2019, al 59.2 reportando un incremento de 15 por ciento, el doble del sexenio anterior, cuando subió 7.7 puntos entre 2012 y 2018, al pasar de 37.2 por ciento a 44.9 por ciento del PIB.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) intentó “desaparecer” el PIB de los análisis económicos para sustituirlo por el índice de “bienestar”, pero tal sistema de medición se aplica en todo el mundo, incluido México, y todas las previsiones elaboradas por las instituciones financieras y académicas prevén que el PIB nacional de 2020 será catastrófico y que la deuda externa equivaldrá al doble.

Más allá del impacto económico de la pandemia del Covid-19, el desplome del PIB es atribuido a un manejo errático de la economía, que se evidenció desde 2019, cuando el PIB cayó al 0.1 por ciento y el 1.6 por ciento de descenso que se registró en el primer trimestre de 2020, cuando recién se inició el confinamiento sanitario.

A la manifiesta ineptitud de la política económica gubernamental, se suma la posibilidad de que las agencias internacionales de análisis financiero descalifiquen su grado de inversión por el desplome del PIB y las débiles condiciones de recuperación que se avizoran.

Al respecto, Kristobal Meléndez, especialista en cuenta pública del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), indicó a buzos: “esto es de forma natural, cuando hay mayor riesgo las calificadoras lo tienen que mencionar, ellos califican qué es lo que está sucediendo en la deuda, pero esto no es exclusivo de México. El grado de inversión está presente en muchas deudas de muchos países. Las calificadoras disminuyen, porque eso es su papel. Sí hay un riesgo, y este riesgo es que hay una economía débil y hay la posibilidad de una

 segunda ola de la pandemia; entonces, todo eso lo tienen que reflejar en una calificación”.

Esta mala perspectiva se debe a que la administración federal de AMLO sigue generando desconfianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros debido a su incongruencia, entre las que destaca la suspensión intempestiva de algunas inversiones que incluso estaban en acción. Según datos del Banco de México (Banxico) publicados el dos de mayo, este marco de incertidumbre, está provocando la salida de capitales del país invertidos en bonos.

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Otros factores de la fuga de capitales son, de acuerdo con los expertos, la carencia de un plan claramente definido para afrontar la crisis sanitaria y fortalecer la economía para evitar el desplome brutal de ésta que, como se dijo antes, podría ser de 12 por ciento y duplicar la deuda pública.

El 21 de abril de 2020, Banxico informó que la inversión en bonos (principalmente M y Cetes) era de un billón 941 mil 543 millones de pesos, cifra menor a los dos billones 148 mil 286 millones de pesos que había en diciembre de 2018, cuando AMLO asumió la Presidencia. Banxico reportó que en los primeros cuatro meses de 2020 salieron del país 206 mil 743 millones de pesos.

Al confirmarse el incremento en la salida de capitales, algunos analistas señalaron que podría estarse gestando un escenario de crisis similar a la de 1982, cuando además de la fuga de éstos, el gobierno “populista” de José López Portillo (1976-1982), provocó un desplome del PIB y un incremento crítico de la deuda externa. En su último informe de gobierno, el 1° de diciembre de ese año, López Portillo lloró ante el Congreso de la Unión porque no pudo cumplir con la defensa de los pobres, heredando al país una magna crisis económica.

Ya van cinco préstamos

Entre el 28 de marzo 2019 y el 19 de mayo de este año, el Banco Mundial (BM) liberó a México cinco préstamos por un total de dos mil 130 millones de dólares. AMLO ha insistido en minimizar el endeudamiento argumentando que la deuda se encuentra dentro de lo permitido por el Congreso –dominado por su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena)– aunque los especialistas financieros afirman que a final de cuentas la deuda es deuda, se suma a la anterior y genera el pago de intereses, independientemente de si fue emergente o planificada.

El más reciente préstamo del BM fue librado el 19 de mayo de 2020 y tuvo un monto de millones de dólares (mdd). Uno de los créditos anteriores se otorgó el 28 de marzo de 2019 por uno de 400 mdd; el 18 junio del año pasado hubo otro por 500 mdd; uno más por 110 mdd el seis de febrero de 2020 y el 27 de febrero otro por 120 millones de dólares.

De acuerdo con el comunicado 50 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fechado el 29 de mayo de 2020, “el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ascendió a 12 billones 88.7 mil millones de pesos al cierre de abril de 2020.

“La deuda neta del sector público se situó en 12 billones 361.5 mil millones de pesos y la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en nueve billones 164.9 mil millones de pesos. Estos niveles son consistentes con los techos de endeudamiento aprobados por el H. Congreso de la Unión para 2020”, precisó la SHCP.

Los organismos internacionales como el BM está otorgando préstamos a los países devastados por las crisis sanitaria y financiera y, en ese marco, se suponía que el 19 de mayo México recibiría un préstamo de mil mdd con ese propósito; pero cuando los dirigentes de oposición exigieron saber el rubro para el que estaban destinados, se aclaró que serán para financiar las “obras faraónicas” y los programas sociales de AMLO, cuya entrega es en efectivo.

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La propia SHCP confirmó que el dinero no era para afrontar la emergencia sanitaria: “El crédito del BM no financiará el programa de respuesta al Covid-19. Este crédito no es adicional al techo de endeudamiento aprobado por el Congreso y se ubica dentro de los límites de endeudamiento aprobado (por el Congreso)”.

El doctor José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, A.C. (IDICE), aseveró a buzos: “Evidentemente, uno de los aspectos en donde México ha seguido otra ruta es el de no contar con un programa de reactivación económica de tal dimensión y sentido, como se ha hecho en otros países, y eso, sin lugar a dudas, es un aspecto que está incidiendo negativamente en la economía”.

Es muy clara la discrepancia entre la visión del gobierno, que está priorizando la salud de las finanzas públicas, y la mayor parte del sector privado y analistas económicos y financieros –tanto nacionales como internacionales, entre ellos los de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)– que han sugerido al Gobierno Federal la aplicación de políticas contracíclicas a fin de apoyar al sector económico-productivo. La ausencia de éstas “es parte de lo que está afectando el desempeño económico del país”, explicó el doctor De la Cruz.

Una vez conocido el destino del préstamo de mil mdd, dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) exigieron que dichos recursos fueran utilizados para respaldar los severos estragos económicos causados por la pandemia, especialmente para atenuar el impacto de la contingencia, que deterioró la economía de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mypimes), los empleos y los ingresos de la gran mayoría de las familias.

Alejandro Moreno, del PRI, advirtió que en lugar de solicitar nuevos préstamos al exterior se debió suspender primero las “obras faraónicas” de la actual administración: el Aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya. Fue entonces cuando demandó que se revelara puntualmente para qué se había solicitado el préstamo al BM.

Clemente Castañeda, del MC, propuso que, en todo caso, esos recursos se destinaran a auxiliar a las personas que se quedaron sin ingresos y que no forman parte del padrón de beneficiarios de los programas sociales del Gobierno Federal. Ángel Ávila, del PRD, sugirió que se utilizaran en la compra de los materiales sanitarios faltantes para el personal del sistema de salud y en apoyar a las Mypimes para que no se pierdan más empleos.

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Ocho gobernadores del país enviaron, el cinco de junio, una carta a AMLO, en la que le solicitaron, de manera urgente, sostener un diálogo directo para coordinar acciones contra las crisis sanitaria y económica. El mandatario de Michoacán, Silvano Aureoles, exigió que dicha entrevista sea con el Presidente, porque las pocas reuniones virtuales que han sostenido con funcionarios federales carecían de capacidad para tomar decisiones.

El desempleo cabalga

Entre tanto, el desempleo aumenta y está haciendo lo suyo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó en mayo, que la tasa de desocupación pasó del 2.9 por ciento en marzo al 4.7 por ciento en abril, quedando en 1.7 puntos porcentuales en solo un mes. Es decir, en marzo hubo 1.7 millones de mexicanos más en la desocupación y en abril otros 2.1 millones adicionales.

El Inegi difundió una reducción del 33 por ciento en las actividades de la economía informal, lo que significa que 10.4 millones de personas suspendieron sus labores y que, por lo mismo, no tuvieron ingresos básicos. En marzo había 31 millones de trabajadores informales y en abril había solo 20.7 millones.

Julio Santaella, titular de esa institución, declaró: “No tenemos una proyección de cuánto va a durar esta baja en la actividad económica y su impacto en el mercado laboral. En la medida de la dinámica que estamos observado como reacción de la población a las medidas sanitarias y al quédate en casa, uno anticiparía que en el mes de mayo tendríamos un fenómeno similar; lo cual confirmaríamos cuando demos a conocer los datos correspondientes a mayo. Por ahora no estamos en posición de dar una respuesta.

“Sin lugar a dudas, el problema del desempleo, de la desocupación, debe ser uno de los aspectos centrales que se consideren en la política económica, porque detrás del empleo las condiciones sociales, los ingresos con los que cuentan la mayor parte de las familias. Sin empleo o con la precarización del ingreso laboral, al final del día se abre la puerta a la pobreza, a la informalidad y en un extremo hasta la criminalidad”, abundó.

Por ello es indispensable que el Gobierno Federal priorice en “mantener el ritmo de actividad económica en el terreno positivo y con ello evitar la precarización del mercado laboral”, aseveró por su parte el doctor De la Cruz.

En términos de bienestar, explicó el especialista, los apoyos sociales y la generación de bienes y servicios por parte del Estado como la educación y la salud ayudan, “pero al final del día el elemento central que indica qué tan bien puede estar una sociedad es el empleo, entonces. Si hay una falla en el empleo, lo demás no funciona”.

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Una nota del diario estadounidense The New York Times, publicada el ocho de junio, describió la resistencia del Presidente de México para lanzar un esquema de apoyos al sector productivo para amortiguar el demoledor golpe económico que el país está recibiendo debido a la pandemia.

En una reunión privada que AMLO sostuvo con empresarios, que insistieron en solicitarle apoyo para las Mypimes y asegurar los empleos, su respuesta consistió en decirles que tenía “otros datos” y convocó a los empresarios para que cada quien hiciera lo suyo. El siete de mayo, durante su conferencia de prensa mañanera, AMLO declaró: “Si va a haber una quiebra de una empresa, que sea el empresario el que asuma la responsabilidad o los socios o accionistas”.

Los empresarios, de acuerdo con el diario estadounidense, advirtieron a AMLO que miles de personas estaban perdiendo sus empleos en pequeñas y medianas empresas, y le recordaron que este sector empresarial aporta no menos del 70 por ciento de los puestos de trabajo que hay en México y era el más golpeado por la suspensión de actividades laborales, pero los desdeñó.

En la misma situación, según el rotativo estadounidense, se hallan algunos miembros de su gabinete para tomar medidas emergentes y apoyar la recuperación de la tambaleante economía mexicana, pero han tenido la misma suerte de los empresarios.

Kristóbal Meléndez, especialista del CIEP, declaró a buzos: “Es una decisión complicada para el gobierno y para los analistas, porque no hay una solución que se haya probado con éxito. En crisis anteriores se apoyó a los empresarios y sí hubo una recuperación rápida; sin embargo a los trabajadores y las personas en general, la recuperación fue muy lenta, entonces también se busca que se trate de una recuperación pareja (de todos los sectores)”.

Carlos Urzúa, exSecretario de Hacienda de AMLO, quien dimitió al cargo por diferencias en torno a temas de economía, afirmó: “El gobierno debería ayudar al sector privado lo más que pueda, de otra forma, el PIB de México podría caer hasta en un 10 por ciento, lo cual sería una catástrofe”.

En este contexto, por cierto, el 21 de mayo surgió información del Inegi sobre un aumento del 15.7 por ciento en la corrupción gubernamental en lo que va del sexenio de AMLO, es decir, entre el 1° de diciembre de 2018 y el 21 de mayo de 2020. Las operaciones sumaron un total de 12 mil 770 millones de pesos y consistieron en el pago indebido de trámites burocrático y los servicios del Gobierno Federal.

Estos datos proceden de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, donde también se detectó un incremento en la Tasa de Incidencia de la Corrupción, debido a que ésta pasó de 25 mil 541 actos por cada 100 mil habitantes en 2017 –el penúltimo año del gobierno de Enrique Peña Nieto– a 30 mil 456 en 2019, cuando la administración de AMLO cumplió su primer año de ejercicio.