La vuelta a la normalidad

La decisión ya está tomada. En el gobierno de “Primero los pobres” pesa más el interés de las empresas extranjeras, de los socios del T-MEC, que la salud de millones de mexicanos.

Redacción

2020-05-24
Ciudad de México

La pandemia no ha concluido, reitera la autoridad federal de salud y confirma que habrá riesgo de un rebrote de contagios por Covid-19 al reanudarse la actividad en el sector productivo, por lo que se aplicarán medidas restrictivas y la reapertura será por etapas.

Estas declaraciones oficiales fueron publicadas en medio de una confirmación más convincente: la realidad de un acelerado incremento de contagios y defunciones en México por la pandemia de Covid-19. Es evidente: la pandemia no ha concluido, va en ascenso, pero el confinamiento, las medidas restrictivas para proteger a la población, la suspensión de la actividad, el cierre de las empresas mientras persistiera el peligro… todo eso ha terminado.

Así lo demuestra la orden del Presidente de la República para que a partir del 1º de junio vuelvan a la normalidad las actividades laborales; incluso agregó que a partir del 18 de mayo, una parte del sector productivo, principalmente en 324 municipios que llamó “de la esperanza” y donde no se ha registrado ningún contagio, se reintegraría a sus ocupaciones.

Analistas, médicos, expertos en mediciones estadísticas y dirigentes de organizaciones de profesionales de la salud consideran muy peligrosa y prematura esta reapertura de actividades económicas y, por lo tanto, irresponsable por parte de los funcionarios que tienen la encomienda de velar por la salud y el bienestar de toda la población mexicana.

Nuestro Reporte Especial de esta semana habla de esta “nueva normalidad” y explica el contrasentido; para una vuelta prematura hay una razón política: las presiones del gobierno estadounidense y de múltiples empresas de ese mismo país, que han obligado al gobierno de la “Cuarta Transformación” a permitir la reapertura de la actividad laboral a pesar de los riesgos para la clase trabajadora y para toda la sociedad. Y también existe una razón económica: la gran industria estadounidense necesita tener plenamente garantizada su cadena productiva, especialmente en las ramas automotriz y de fabricación de todo tipo de transportes (en la que figuran empresas manufactureras mexicanas), la minería (de especial interés del capital canadiense) y de la construcción (por los megaproyectos del sexenio, que se hallan detenidos).

La reapertura va en contra de la opinión de médicos, investigadores y agrupaciones conocedoras del tema, que alertan sobre un desastre a causa del rebrote de contagios. Se desdeñan los cálculos científicos sobre la marcha de la pandemia, el punto más alto que puede alcanzar y el periodo en que decrecerá; y se rechaza la evidente necesidad de aplicar pruebas, antes de la vuelta a la normalidad, para detectar la presencia del virus en los trabajadores que reanudarán labores; además, siguen sin destinarse recursos suficientes a los hospitales que atienden a los infectados de Covid-19 y se carece de equipo de protección para frenar el contagio y la muerte del personal sanitario que está a cargo de la atención de un creciente número de enfermos.

La decisión ya está tomada. En el gobierno de “Primero los pobres” pesa más el interés de las empresas extranjeras, de los socios del T-MEC, que la salud de millones de mexicanos. Eso sí, reanudarán labores solamente las empresas que se consideran prioritarias o “esenciales”, en el lenguaje oficial; pero estas empresas esenciales son precisamente el objeto de interés del capital trasnacional.