Los gobiernos y su discreto encanto por espiar en Internet

El futuro se asocia a tecnologías que ayudan a tareas laborales, educativas e incluso para economizar; pero pocas veces se advierte su arista oscura.

Luis Josué Lugo

2020-05-17
Ciudad de México

Durante el ataque del Covid-19, el gobierno de China tuvo acceso a la ubicación y a los datos de cada ciudadano, razón por la que se enteró cuando alguien estaba infectado por el virus. Este hecho dio al Estado mayor capacidad de acción en la contingencia sanitaria, pero violentó a algunos activistas, que expresaron su descontento o denunciaron al régimen provocando que rápidamente se les detuviera, como sucedió con Xu Zhiyong.

En otros países, entre ellos México, los gobiernos han tenido que realizar inversiones significativas para saber en tiempo real sobre el virus y en varios casos las aplicaciones o herramientas de “vida o muerte para los ciudadanos” –por ejemplo, informar de la disponibilidad de lugares en hospitales– no resulta efectiva.

Por ello, en ambos casos, el uso de las tecnologías por parte de los gobiernos es el tema a observar y analizar, ya que el Covid-19 marcará un antes y un después, y siempre habrá la posibilidad de que el espionaje político aumente o bien que las tecnologías sean utilizadas para fines de participación y comunicación social entre entidades gubernamentales.

Parece que el mundo ha avanzado más en materia de “tecnología y espionaje”, pues desde hace ya algún tiempo existen empresas especializadas en esta actividad que se venden al mejor postor. En nuestro país está comprobado que se adquirió el programa Pegasus para espiar a activistas, medios de prensa y defensores de derechos humanos, y que todavía, en 2018, tres de sus 36 operadores en el mundo se hallaban en México con inversiones de hasta 15 millones de dólares en hardware y software, según el laboratorio Citizen de la Universidad de Toronto.

“En cuanto estas compañías interfieren tu teléfono, se adueñan de él, tú solo lo estás portando”, sentenció Avi Rosen, de Kaymera Technologies, empresa de ciberdefensa israelí. Y, al igual que esta declaración, The New York Times escribió: “Hoy en día hasta los países más pequeños pueden comprar servicios de espionaje digital, lo que les permite realizar operaciones sofisticadas de escuchas vía electrónica o influenciar campañas políticas, algo que en el pasado solo podían hacer los aparatos estatales de Estados Unidos y Rusia.”

Esto resulta importante para el debate, porque en tiempos de crisis políticas, como la actual, las personas están más dispuestas a ceder su libertad a cambio de seguridad, como sugiere el resultado de la XXVI Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2019, ya que 72.9 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

Por ello, no resultaría extraño que muchos ciudadanos soslayaran el espionaje de entes políticos en aras de las “promesas” de campaña que, en su momento, hicieron gobernantes como Donald Trump o Jair Bolsonaro respecto a la “seguridad nacional” de sus respectivos países (EE. UU. y Brasil).

Sin embargo, esto sería peligroso para la privacidad de cada persona y mucho más para gremios como el de los periodistas, las agrupaciones políticas de oposición y los defensores de derechos humanos, pues podrían ser objeto de intimidación para obligarlos a la autocensura, según especialistas.

Precisamente Ricardo Trotti, quien preside la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), advirtió: “Los sistemas de vigilancia son parte de la estrategia del Estado para vigilar y perseguir excepcionalmente a ciudadanos vinculados con el crimen organizado o el terrorismo (...) pero incurren en prácticas ilegales cuando abusan de esos límites y usan los mismos mecanismos, junto a tecnologías eficientes y de muy bajo costo para vigilar y perseguir a la oposición, activistas de derechos humanos, abogados de determinados casos y periodistas”.

En tiempos de pocas respuestas, las soluciones no pueden ser de mayor censura y represión, así sean dirigidas a limitar la libertad de expresión; de hacerse efectivo ese temor, parecería que habitamos en Un mundo feliz de Aldous Huxley, con una policía de pensamiento y un gran hermano en forma de Estado, pendiente de cada uno de sus ciudadanos a través de un estricto seguimiento de su ubicación, contactos, afectos y fuentes vitales.

En muchas ocasiones, el futuro se asocia a tecnologías que ayudan a tareas laborales, educativas e incluso para economizar; pero pocas veces se advierte su arista oscura, vinculada con la vigilancia de enemigos políticos, su derrota, desaparición o muerte.

Y los riesgos son aún mayores cuando hay un virus que nos atemoriza tanto.