Política fiscal 2020: nada nuevo en el horizonte

2020 comenzó con nuevas y afiladas políticas fiscales muy parecidas a las de los sexenios anteriores: persecución del Sistema de Administración Tributaria (SAT) contra los contribuyentes de menores ingresos.

Arturo Coronado

2020-02-10
Ciudad de México

En repetidas ocasiones, el Presidente de la República declaró que en su gobierno no habría corrupción, que los recursos del erario serían bien utilizados, que los que pagan impuestos no tendrían razones para evadirlos y que, por tanto, la definición y el pago de éstos quedaría sujeto a la “buena voluntad” de los ciudadanos; esto llamó la atención de los mexicanos por que representaba una gran promesa. 

Sin embargo, 2020 comenzó con nuevas y afiladas políticas fiscales muy parecidas a las de los sexenios anteriores: persecución del Sistema de Administración Tributaria (SAT) contra los contribuyentes de menores ingresos –que son la mayoría– y una política laxa u omisa con las corporaciones empresariales con las utilidades más grandes, en cuyo caso debería aplicarse una política fiscal progresiva.

A continuación daré tres ejemplos de cómo está cobrando impuestos el actual Gobierno Federal. 

Si usted es dueño de una casa o departamento que pone en renta, ahora tiene la obligación de emitir facturas por ese servicio y el arrendatario debe pagar impuestos, incluso por las rentas atrasadas. Esta disposición ya existía, pero ahora el SAT está forzando su cumplimiento mediante la intervención del Poder Judicial: Si el “casero”, por ejemplo, quiere correr al inquilino porque no le ha pagado la renta y lo lleva a juicio, debe comprobar, con facturas pasadas, que efectivamente recibía dichos pagos; pero si no cuenta con ellas, no puede reclamar aquellas ni exigir la desocupación de su inmueble. Esta obligación pega directamente a los “caseros” (la mayoría pequeños propietarios) y a los arrendatarios, porque aquéllos siempre trasladan los impuestos al monto de la renta.

Otra de las nuevas disposiciones fiscales del Gobierno Federal exige a las empresas comerciales que venden por catálogo (Füller, Price Shoes, Andrea, Tupperware, etc.) que retengan a sus vendedoras el Impuesto Sobre la Renta (ISR, cuya tasa es del 35 por ciento a partir de ciertos niveles de ingresos medios). Aunque todavía no se sabe cómo se aplicará, se dice que solo se aplicará a quienes vendan 833 pesos diarios en promedio. De cualquier forma, esto afectará principalmente a mujeres, la mayoría de clase media-media o baja, que viven en colonias populares y que complementan sus ingresos con esta actividad.

Pero la mayor agresión del actual gobierno a contribuyentes menores se dio en el caso del llamado Impuesto al Ahorro, cuya tasa aumentó del 1.04 al 1.45 por ciento. Este incremento, contra lo que pudiera suponerse, no se aplicará sobre los rendimientos de quienes colocan sus ahorros en fondos de inversión del sistema financiero, sino sobre ¡el capital invertido! Es decir, el aumento real de este impuesto será de aproximadamente el 215 por ciento.

La Asociación de Bancos de México (ABM) ya se inconformó, pues esto implicará la retención de este impuesto a dichos ahorradores, muchos de los cuales son profesionistas de clase media que colocan sus ahorros en productos financieros de bancos y casas de bolsa y que, en adelante, lo suspenderán por esta nueva regla fiscal.

Otras medidas que igualmente afectarán a pequeños y medianos empresarios, profesionistas y contribuyentes menores son la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a plataformas digitales; la obligación de las empresas outsourcing de retener este gravamen; que los intereses de las deudas empresariales solo serán deducibles al 30 por ciento y que los contadores deberán reportar sus estrategias fiscales o serán multados.

Todas las nuevas disposiciones fiscales están encaminadas, se dice, a mejorar la recaudación para que haya recursos y financiar los multimillonarios programas sociales del Gobierno Federal que, dicho sea de paso, no están destinados a fortalecer la economía nacional ni a hacerla más productiva, sino a apoyar el gasto corriente de las familias que los reciben.

Dichas políticas generan varias preguntas, éstas son dos de ellas: ¿cuándo se hará una reforma fiscal que obligue a pagar más a los que más ganan?, ¿el gobierno dejará que los pequeños contribuyentes paguen de acuerdo a su “buena voluntad”, o emprenderá cruzadas fiscalizadoras contra ellos? Con respecto a esta última pregunta, todo parece indicar que será lo segundo. Al tiempo.